El juez consideró fundada la solicitud de amparo que reclamaba “[…] que la autoridad ministerial, en la integración, ha omitido realizar una investigación efectiva y eficaz de los mismos, así como de la orden militaren la que se establece el abatimiento de civiles en horas de obscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo relativo a la cadena de mando y unificar la investigación”.
Ahora la dependencia federal podría presentar un recurso de revisión, de hacerlo “la PGR estaría expresando una clara reticencia a esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya”, dijo al medio español Gabriela Carreón, una de las abogadas de la testigo de la matanza.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Un juez ordenó que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue a fondo la matanza de Tlatlaya, Edomex, y que la indagatoria llegue a mandos militares, dio a conocer este día el diario El País.
Un juez de la Ciudad de México amparó a Clara Gómez, una testigo de la muerte de los 22 civiles ocurrida el 30 de junio 2014, supuestamente a manos de militares.
La resolución a favor de la mujer ocurrió el pasado 31 de julio.
El juez consideró fundada la solicitud de amparo que reclamaba “[…] que la autoridad ministerial, en la integración, ha omitido realizar una investigación efectiva y eficaz de los mismos, así como de la orden militaren la que se establece el abatimiento de civiles en horas de obscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo relativo a la cadena demando y unificar la investigación”, según dice el documento publicado por el medio español.
Ahora la dependencia federal podría presentar un recurso de revisión, resalta la nota firmada por Pablo Ferri.
“De presentar el recurso […], la PGR estaría expresando una clara reticencia a esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya”, dijo al medio español Gabriela Carreón, una de las abogadas de la testigo.
“El juez señala dos puntos cruciales del caso, la responsabilidad de la cadena de mando y un oficio, divulgado un año después de lo ocurrido, que mostraba la sorprendente ligereza de los mandos militares respecto al uso de las armas de fuego”, destaca el medio.
En este último tema se hace alusión al oficio militar enviado a la base de los soldados implicado en el caso y en la que textualmente decía que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
El juez solicitó a la PGR consideró que también “se tiene acreditado la omisión de investigar respecto a la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad”.
TRES AÑOS DE “IMPUNIDAD”
El pasado mes de junio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alertó que en los cuerpos de las víctimas se presentaron al menos 19 alteraciones, además reclamó que a tres años de los hechos aún prevaleciera la “impunidad”.
La organización señaló 3 elementos importantes:
“Un primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas. En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria. La resolución del tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial”.
“En segundo lugar, la alteración de la escena del crimen -que la CNDH advirtió que ocurrió “al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”- tampoco ha sido esclarecida ni las responsabilidades por este encubrimiento señaladas, a pesar de que existen elementos de prueba como el oficio CNDH/CGSRAJ/USR/2648/2016 de 29 de noviembre de 2016, mediante el cual la CNDH ofreció a la PGR como prueba imágenes fotográficas provenientes del portal Aristegui Noticias. La propia defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente de CNDH”.
“Como tercer elemento se suma la falta de acciones para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh hace ya dos años. Inmediatamente después de la develación de esta orden militar que incentiva la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, Clara Gómez y el Centro Prodh ofrecieron una serie de pruebas a fin de deslindar responsabilidades en razón de la cadena de mando, con señalamientos concretos de qué funcionarios deberían citarse a declarar; y determinar el origen de la misma. Veinticuatro meses después, la PGR, dentro de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con excepción del Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un “machote” y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones. De ser cierta esta afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la identidad del autor de dicho “machote” o del mando que debió supervisar tales órdenes”.
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