Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Gobernadores y representantes indígenas de Choreáchi, Coloradas de la Virgen y Mala Noche en Guadalupe y Calvo; Huitósachi, Bacajípare y Mogótavo en Urique; Repechike en Bocoyna y Teweríchi en Carichí, Chihuahua, denunciaron la exclusión de las etnias de la Sierra Tarahumara en los proyectos privados que promueve el gobierno estatal.
Dijeron que se les despojan de los derechos al territorio ancestral; que se les niega a participar en decisiones que están directamente relacionadas con el futuro de sus propiedades e incluso expresaron temor a su propia integridad física.
Durante una mesa de trabajo en la que participó el Senador Javier Corral Jurado y el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, los líderes denunciaron la falta de apoyos del gobierno federal.
Acusan de que se entregaron permisos forestales irregulares y de falta de reconocimiento legal sobre su territorio; señalaron daños por contaminación de aguas residuales y falta de consultas por mega proyectos. Dijeron que el gobierno de Chihuahua los acosa con el fin de entregar a inversionistas privados los recursos que están en las tierras que ocuparon sus ancestros.
Los rarámuris, conocido también como pueblo Tarahumara, habitan el suroeste del estado de Chihuahua.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los municipios de Batopilas tiene un 55.4 por ciento de su población en pobreza extrema y además el 91.4 por ciento de su población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar; Morelos tiene el 60.5 por ciento de la población en pobreza extrema y el 90.7 por ciento de su población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Guachochi tiene el 52.4 por ciento de la población en pobreza extrema y además el 84.2 por ciento de su población con un ingreso inferior a la línea de bienestar.
El 47.1 por ciento de la población de Guadalupe y Calvo vive en pobreza extrema y el 90.6 por ciento tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar; el 47 por ciento de la población de Maguarichi vive en pobreza extrema y el 91.5 por ciento con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Uruachi tiene el 45.8 por ciento de su población en pobreza extrema y el 90.2 por ciento de la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Urique cuenta con el 43.1 por ciento de la población en pobreza extrema y el 88 por ciento de la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Guazapares tiene el 40.5 por ciento de la población en pobreza extrema mientras que el 85.5 por ciento de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar.
El municipio de Balleza tiene al 40.2 por ciento de su población en pobreza extrema y además el 86.6 por ciento de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar; Chínipas cuenta con el 36.3 por ciento de su población en pobreza extrema, así como el 88.4 por ciento de la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Carichí tiene el 33.5 por ciento de la población en pobreza extrema y el 85.5 por ciento de la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Ocampo tiene al 28.4 por ciento de su población en pobreza extrema, mientras que el 79.8 por ciento cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar.
La Sierra Tarahumara está integrada por los municipios de Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Cusihuirichi, El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera, Matachi, Nonoava, Rosario, San Francisco de Borja, Temósachi y la Baja Tarahumara que comprende los municipios de Batopilas, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Morelos, Moris, Ocampo, Urique y Uruachi.
EL GOBIERNO ENOJADO
La Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), asociación civil que ha apoyado a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, celebró que de unos años para acá los logros que han tenido en materia de defensa de los habitantes ha frenado algunos proyectos del gobierno estatal. Sin embargo, estas victorias los hicieron blanco de hostigamiento por parte de las autoridades y sobre todo una auditoría injustificada, denunció.
María Teresa Guerrero Olivares, representante de Contec, relató que entre los logros que han tenido, se encuentra una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida desde marzo de 2012, en la que se obliga a los tres niveles de gobierno a constituir el Consejo Consultivo para el fideicomiso de Barrancas del Cobre.
“Este fideicomiso es el que abre punta para el mega proyecto turístico de Barrancas del Cobre. Desde esa fecha no ha sido posible que el gobierno del estado cumpla con la sentencia. Han habido muchas reuniones y uno de los motivos es que las comunidades beneficiadas con la sentencia le están pidiendo al gobierno la información desde que se funda el fideicomiso de Barrancas de Cobre en adelante la proyección del proyecto turístico”, explicó.
Sin embargo, el grupo civil denunció que el gobierno de César Duarte Jáquez “quiere que firmen primero las comunidades y ya comenzará a dar información, pero es una negativa sistemática”.
Otro de los proyectos que favoreció a las comunidades es una comunidad que se amparó por la falta de consulta durante la construcción del Aeropuerto de Creel.
El Secretario de Economía, Manuel Russek Valles, informó el 4 de abril que se recibió una notificación por parte del Juez Octavo de Distrito donde ordenó suspender la construcción del Aeropuerto Regional de Creel “Barrancas del Cobre” debido a un amparo por parte de indígenas que se manifiestan afectados.
“El amparo se metió el 2 de abril y para el día 3 ya estaba la orden de la suspensión de la construcción. Estamos hablando de una construcción que está avanzada, ya llevaba más o menos el 80 o 85 por ciento de avance. Pero al pararse por orden de un juez, eso nunca se había dado acá”, comentó María Teresa.
A partir de esto, en días pasados recibieron una auditoría. Sin embargo, “nos pusimos a recapitular y sabíamos que esa era la respuesta del gobierno del estado a todas estas acciones de movilizaciones”.
“El gobierno estaba enojado. El gobierno se enojó por la respuesta organizada, por la respuesta jurídica que han tenido las acciones”, dijo.
Contec acudió al Secretario de Gobierno, Raymundo Romero, donde también acudieron diversas organizaciones y él se comprometió en avisarles la razón de la auditoría.
“Al día siguiente nos mandó su asistente un correo electrónico donde nos dicen que hay una auditoría promovida por el gobierno del estado desde la Secretaría de Economía por los siguientes motivos:
1. Somos el obstáculo para que las organizaciones lleguen a un acuerdo con las autoridades
2. Que a nosotros lo que nos motiva es el lucro porque vivimos de recursos de fundaciones internacionales”.
“Nos dimos ‘color’ [nos dimos cuenta]. Es una respuesta informal del Secretario de Gobierno, pues es a través de su asistente y por correo electrónico y desde entonces comenzamos a armar una estrategia de protección”.
AGRESIONES PREVIAS
La primer mesa de reunión ocurrió en julio pasado. La caravana acudió a la Ciudad de México para participar en una mesa de diálogo a la que acudieron autoridades y representantes de secretarias y dependencias federales, con la finalidad de dar solución a los planteamientos realizados por los habitantes de la Sierra Tarahumara. También fueron recibidos por el panista Corral y por el perredista Alejandro Encinas Rodríguez, quienes se comprometieron a darle seguimiento al caso.
En esa ocasión, Lorenzo Moreno Pajarito, primer gobernador rarámuri en el municipio de Urique, dijo que para llegar al Distrito Federal “caminamos dos días entre cumbres y barrancas para llegar a Guachochi y de ahí llegar a la ciudad de Chihuahua para poder venir aquí, al Senado de la República”.
Denunció que “durante más de 40 años hemos luchado por el reconocimiento de nuestro territorio y la protección de nuestros recursos naturales ante diversos tribunales con acciones jurídicas, administrativas y penales. En todos y cada uno de los juicios hemos presentado pruebas de despojo que hemos sufrido por parte de caciques, mestizos, madereros, empresarios y políticos. Todos y cada uno de ellos han sido protegidos por los gobiernos en turno, ya sea por complicidad u omisión”.
Al finalizar, Miguel Manuel Parra, quien fungió como traductor de los líderes, aseguró que “nosotros venimos a decir que no venimos a pedir; venimos a exigir que se cumplan los derechos que como pueblos indígenas nos corresponden”.
Antes de esto, en noviembre de 2012, la Caravana hizo una demanda colectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington; luego de esto, el 8 de marzo de 2013, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar la “Situación de los pueblos Rarámuri y Odami/Tepehuán en la Sierra Tarahumara de Chihuahua”, sin embargo sus demandas no fueron atendidas.
Tiempo después, el mismo año, miembros de la caravana hicieron una solicitud ante el Comisionado para el Diálogo con los pueblos indígenas para una reunión, dicha reunión no se llevó acabo, ni siquiera se obtuvo respuesta.
No entregaron el apoyo del PROCAMPO 2013 y 2014 a más de 200 beneficiarios por las modificaciones a las reglas de operación
Privación ilegal de Derechos agrarios.
Cacicazgo
Permiso de aprovechamiento
Forestal al Ejido Coloradas, omitiendo el Derecho a la Consulta de los Posesionarios indígenas.
Denuncias populares por marqueo. Tala de pinos en pendientes, manantiales, arroyos y en pendientes. Sin notificar resultados
Hostigamiento contra autoridades y líderes indígenas.
Amenazas de muerte contra la representante común en el juicio agrario y contra la directora de Alianza Sierra Madre. Falta de evaluación de riesgo, por parte del Mecanismo de Protección a Defensoras, Defensores y periodistas
Extrema marginación socioeconómica
Otorgación de permisos forestales a Coloradas de los Chávez (mestiza) y al Ejido Pino Gordo en el Territorio ancestral de Choréachi
Denuncias populares sin respuesta de los resultados de las inspecciones
Asesinato de dos integrantes de la comunidad de Choréachi, hostigamiento, persecución y amenazas a las autoridades tradicionales y al personal de ASMAC
Impunidad y falta de castigo a los responsables.
Extrema marginación socioeconómica.
Falta de reconocimiento legal sobre su territorio
Contaminación de ojos por aguas residuales
Falta de espacios educativos
Falta de servicios de salud, en Areponapuchi
Falta de consulta sobre el proyecto turístico del Fideicomiso Barrancas del Cobre
Falta de consulta sobre el proyecto turístico del Fideicomiso Barrancas del Cobre
Falta de servicios de salud, en Areponapuchi
Reubicación de la Estación de Tren CHEPE Divisadero ubicado en el territorio de Mogotavo y permisos para construcción de nuevo paradero/acceso sin consulta de la comunidad indígena solicitado por el Fideicomiso Barrancas del Cobre y la Secretaria Economía de Chihuahua.
La inseguridad de la tenencia de la tierra que ancestralmente ha ocupado la comunidad de Mogotavo en la zona conocida como Divisadero Barrancas del Cobre resultando en compraventas al Fideicomiso y particulares, construcciones, compraventas y amenazas de despojo.
Falta de Agua potable y electricidad solar en la Mesa de Mogotavo y Bajichi de la Comunidad de Mogotavo.
Falta de Consulta sobre desarrollo turístico.
Construcción de parque recreativo del Fideicomiso Barrancas del Cobre afectando el uso libre de territorio ancestral de Mogotavo y la economía de las familias de los artesanos y comerciantes de Divisadero y Piedra Volada.
Falta de información sobre los planes de desarrollo turístico del Fideicomiso Barrancas del Cobre.
Falta de consultación con la comunidad.
Abuso policiaco por denuncias falsas, auditoria, espionaje y sabotaje y robo de información electrónico como medidas de presión y hostigamiento contra de los integrantes de Tierra Nativa A.C.
Falta de consulta sobre: proyecto turístico del Fideicomiso Barrancas del Cobre y construcción del aeropuerto regional de Creel.
Afectaciones provocadas por la construcción del aeropuerto
Falta de consulta y consentimiento del paso gasoducto por su comunidad
Falta de reconocimiento legal del territorio.
Permisos de aprovechamiento forestal otorgados a particulares
Auditoría practicada por el Gobierno del EstadoEn la reunión estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR); Secretaría de Turismo (SECTUR) y todos se comprometieron a que en la primera semana de septiembre se reunirán nuevamente en Chihuahua para que autoridades federales se trasladen a la entidad, y entreguen resultados sobre las peticiones de los habitantes de la Sierra Tarahumara.
