Las imágenes quedan para la historia y son impactantes. Miles de personas caminan por los accesos a la capital del estado de Guerrero y forma una columna compacta que llega hasta la Autopista del Sol y, en el trayecto, se encuentran con miembros de la Guardia Nacional y la Policía Estatal –no se ven los del Ejército y la Marina– y, rápidamente, son rebasados en número y violencia.

Son secuestrados, golpeados y despojados de vehículos oficiales y con uno de ellos, el poderoso “Rinoceronte”, derriban la puerta de entrada a las instalaciones de la Guardia Nacional. Y ahí, continúan las agresiones contra los ocupantes y los destrozos de las instalaciones, nada parece contenerlos. Al contrario, al no haber resistencia, continúan más fuertes los ataques.

Evelyn Salgado Pineda, la Gobernadora, sube un tuit donde llama a los instigadores al dialogo para resolver sus demandas. La principal de ellas era la liberación de dos transportistas que habían sido detenidos en posesión de drogas y armas y, presuntamente, pertenecen al grupo criminal “Los Ardillos” aunque, como veremos más adelante, se le da la vuelta con un pliego petitorio de carácter social.

El Presidente López Obrador la mañana del martes tocó el tema y, dijo, algo poco equidistante con el diálogo ofrecido por la Gobernadora cuando señaló que los grupos criminales tienen base social y cuando es necesario la movilizan para conseguir sus objetivos: “No vamos, dijo, a ser rehenes de nadie y exhortó a los habitantes del estado a reaccionar con prudencia si reciben presiones o amenazas del crimen organizado que no se confronten con los capos de esos grupos, pero, que no se dejen manipular”.

Más claro, Rosa Icela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, confirmó que las movilizaciones de protesta estaban ligadas a la exigencia de liberación de dos líderes de la organización “Los Ardillos”, detenidos cuando llevaban armas y droga.

Es decir, estaba el ofrecimiento del dialogo estatal y la amenaza federal de que no habría negociación, que no serían rehenes, finalmente se impuso lo estatal, aunque nada se ha dicho de los detenidos. Pero ¿qué hay detrás de esta movilización de las bases de “Los Ardillos”?

Eduardo Guerrero, un especialista destacado en materia de seguridad y conocedor de la situación criminal de Guerrero, en una entrevista que concedió al periodista Carlos Puig la noche del martes va al grano. Señala que en estados como el de Guerrero, y particularmente en el municipio de Chilpancingo, “hay un orden en el desorden” que vemos espectacularmente a primera vista.

En Guerrero, pero, también, en otros estados del país, operan grupos criminales poderosos que llegan a determinados acuerdos con las autoridades establecidas de manera de garantizar gobernabilidad (y si eso logran los cárteles pequeños, con los grandes cárteles, se vale imaginarlo).

Y esto significa, que cuando hay más de un cártel, “civilizadamente” se reparten entre estos el mercado criminal con la complacencia del gobierno estatal y municipal. Y, en el caso de Chilpancingo, nos dice Guerrero, hay básicamente dos mercados que son el del transporte de personas y mercancías y el del huachicol, aunque, desde nuestra perspectiva es difícil aceptar que no estén en la larga lista de delitos ligados al crimen organizado.

Sin embargo, no termina ahí, tienen el control de los territorios como recientemente lo señalan los habitantes de Teloloapan que piden la salida del grupo de “Los Tlacos” lo que lleva a que los dos niveles de gobierno permanentemente busquen en lugar de combatirlos fijar acuerdos con los líderes de estos grupos.

Por ejemplo, está el video que circula donde la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, donde desayuna displicentemente con un líder del grupo de “Los Ardillos” y, es muy probable, que el objetivo de ese desayuno haya sido para “ordenar el desorden” en el mercado criminal lo que significa que es falso lo del encuentro fortuito.

Entonces, las imágenes que vimos en televisión tienen que ver con la detención de los transportistas detenidos con “drogas y armas” pero, también, busca acuerdos entre este grupo criminal y los actores del gobierno local para mantener o ampliar lo que consideran suyo.

Y, por lo tanto, la desactivación de la movilización y el desbloqueo de la Autopista del Sol fue gracias a la negociación que necesariamente tendría que ser con sus instigadores. O sea, si fue así, se dio una negociación del gobierno con representantes de este grupo criminal.

Con aquellos a los que el Presidente López Obrador dijo que su Gobierno no sería “rehén” y, es que el tiempo verbal, no corresponde con la realidad de Guerrero, dónde el gobierno local ya es un rehén y es capaz, de hacer eso y más, de lo que hemos visto en tiempo real.

Entonces, estamos ante un problema medular del Estado mexicano que vienen siendo los estados y regiones capturadas por los distintos grupos criminales que han balcanizado el país a través de la violencia.

Y que muestra el fracaso de una estrategia de seguridad que ingenuamente buscaba a través de la política de “abrazos y no balazos” disminuir sensiblemente las actividades del crimen organizado.

Es decir, reconociendo a los cárteles, su peso específico, lo que fue siempre un despropósito y, explica, que el gobierno tenga que ceder a este tipo de presiones.

Y es que los jefes de “Los Ardillos”, señalados como los instigadores y financiadores de estas movilizaciones violentas las dieron por concluidas cuando, seguramente, hubo una promesa de obtener los resultados esperados.

Eduardo Guerrero cierra la entrevista con Puig diciendo que lo de pliego petitorio aceptado es una faramalla y está intacto el tema de fondo que es ceder poder ante los grupos criminales y compartir con ellos los territorios del país.

Y a eso, o menos, se le llama Estado fallido, cuando las instituciones del Estado son incapaces de garantizar la seguridad a sus ciudadanos dejándolos desprotegidos como lo vemos diariamente en distintos estados de la República.

En definitiva, las bases de apoyo del crimen organizado son producto de la amenaza y el abandono con que se ha dejado crecer el problema durante los gobiernos y, esto sucede, cuando todavía están frescos los discursos a favor de la militarización que argumentaban sería la solución para atender este tipo de problemas que brotan como hongos en distintas regiones del país.

Ernesto Hernández Norzagaray

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Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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