El primer registro de personas migrantes desaparecidas en el RNPDNO data de 2003. Ocurrió en Chiapas, y es un hombre hondureño de entre 35 y 39 años. Desde entonces, las cifras y las nacionalidades no han dejado de aumentar, lo mismo que las entidades donde ocurren estos crímenes.
Por Nadia Romero Luna
Ciudad de México, 14 de julio (A dónde van los desaparecidos).- A cuatro años de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no existe claridad sobre el número de personas migrantes desaparecidas en México. Según la fuente que se consulte, las cifras oscilan desde poco más de un centenar hasta 35 mil personas, lo que complica el proceso de búsqueda e impide visibilizar el alcance de la desaparición de migrantes en el país.
“No hay datos exactos de cuántas personas están desaparecidas desde hace muchos años. La Comisión Nacional de Búsqueda [CNB, que gestiona el RNPDNO] no tiene un registro claro porque no quieren reconocer que en México están desaparecidas las personas migrantes, y esa ha sido nuestra exigencia”, dice en entrevista Ana Enamorado, activista y madre hondureña que busca a su hijo en México desde hace más de diez años.
Al revisar los datos del RNPDNO bajo la categoría de “Migrantes desaparecidos”, de 2008 —año en que repunta la violencia en el país por el combate al narcotráfico— al primer semestre de 2023, el registro arroja 122 casos de personas provenientes principalmente de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos y México, la mayoría hombres (72.99 por ciento). El registro incluye a cinco niñas de menos de 10 años y a 13 menores de entre 10 y 20 años. El número asciende a 137 si se suman las personas inscritas como “no localizadas”.
Estas cifras contrastan con las de organizaciones como la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que el año pasado contabilizó 2 mil personas migrantes reportadas como desaparecidas por sus familiares en los últimos 20 años; el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, que registró 1,414 casos de Honduras, El Salvador y Guatemala de 2000 a 2022, y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), con mil 600 casos atendidos de 2012 a 2020.
El Gobierno mexicano también maneja cifras distintas. En mayo de 2022, la Senadora Olga Sánchez Cordero reconoció que hasta esa fecha había estimaciones de 35 mil personas migrantes desaparecidas. En contraste, el pasado 17 de marzo, Angélica Neiszer Lujano, directora de Búsqueda de Migrantes en la CNB, afirmó en un foro regional sobre desapariciones, convocado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central, que actualmente hay mil 400 personas migrantes desaparecidas en su tránsito hacia Estados Unidos, sin aclarar el marco temporal. “No quiere decir que sea un total absoluto”, reconoció, “sino que deja ver el problema de subregistro tan fuerte al que nos enfrentamos”.
Enamorado, al igual que la hondureña Génesis Ramírez y la mexicana Graciela Pérez Rodríguez, también madres buscadoras y activistas, coinciden en que este subregistro revela que las personas migrantes siguen siendo invisibles para las autoridades mexicanas y, en consecuencia, no hay acciones contundentes para enfrentar su desaparición.
CASOS EN AUMENTO
El primer registro de personas migrantes desaparecidas en el RNPDNO data de 2003. Ocurrió en Chiapas, y es un hombre hondureño de entre 35 y 39 años. Desde entonces, las cifras y las nacionalidades no han dejado de aumentar, lo mismo que las entidades donde ocurren estos crímenes. Los estados con mayor número de reportes son Tamaulipas, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. En 2022 se registraron 63 casos, un significativo incremento en comparación con los 12 del año anterior; de enero a junio de 2023 se han reportado 22 casos.
Este aumento tiene explicaciones multifactoriales. Una es el crecimiento de flujos migratorios al país en los últimos dos años, explica Tomás Martínez Sánchez, doctor en estudios latinoamericanos y académico de la UNAM. Considera que el incremento se relaciona con las políticas de reforzamiento del control fronterizo, a través de agentes de migración y de la Guardia Nacional en el norte y sur del país, como parte de acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos. “Eso implica mayor visibilización del fenómeno; mayores detenciones, etc.”.
En ese sentido, Jérémy Renaux, coordinador regional del Programa de Protección de Vínculos Familiares del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), agrega que el cierre de los cruces fronterizos aumentó la vulnerabilidad de las personas migrantes, pues ahora viajan en condiciones cada vez más extremas al tener que transitar por rutas inhóspitas, limitando su acceso a mecanismos de protección y asistencia humanitaria.
Para Yolice Quero, oficial nacional de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México, el aumento en el número de personas migrantes desaparecidas puede estar relacionado con los esfuerzos por obtener más y mejores registros, precisando que este objetivo debe traducirse, a su vez, en acciones de búsqueda en vida y en la localización de las personas.
Yesenia Valdez Flores, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) —organización que promueve el acceso a la justicia para familias de migrantes víctimas de violaciones a los derechos humanos— destacó la creación del Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE), que permite denunciar en Centroamérica la desaparición de familiares en México sin tener que trasladarse al país.
LOS RETOS DEL REGISTRO
Actualmente, el RNPDNO incorpora datos de la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales, autoridades ministeriales y diplomáticas de otros países, y denuncias ciudadanas —posibilidad que se abrió este año—; dispone para su consulta de una versión pública. Pero, como ya se observó, el subregistro es elevado.
Para Neiszer, el problema radica en que por tratarse de personas desterritorializadas, que están en tránsito, la CNB se “enfrenta” a las distintas jurisdicciones de los territorios, pues las fiscalías estatales no cuentan con un mecanismo homologado para atender casos de personas desaparecidas. Otro problema es la falta de comunicación entre las fiscalías, tanto en México como con sus equivalentes de otros países; no es inusual tampoco que haya denuncias duplicadas. “Esto provoca que la información esté desagregada y dispersa en distintos formatos”, dijo durante su participación en el foro.
La abogada de la FJEDD coincide con el diagnóstico de la funcionaria, y agrega que el impacto de esa descoordinación institucional se refleja en que no hay un acuerdo sobre a quién le corresponde investigar una desaparición ni en qué casos.
Por ejemplo, cuando una desaparición se relaciona con trata de personas es investigada por la FGR, y la CNB no la incluye en su registro. Para Valdez, ambas circunstancias están estrechamente relacionadas, por lo que no deberían dividirse esas diligencias.
Critica además el hecho de que la comisión no participe en la búsqueda forense. “El cuestionamiento es por qué y cuándo va a entrarle de manera formal y efectiva”.
Quero, desde la OIM, agrega que la falta de capacitación de autoridades ministeriales y de personal en los consulados, así como el desconocimiento sobre los mecanismos que implementa México en los casos de desapariciones, es otra razón que dificulta una contabilidad más precisa. Martínez añade que “los datos están incompletos [dentro de las diferentes fiscalías del país] o se llega a denunciar más de una vez el mismo caso”. Esto también es consecuencia de la falta de una metodología única y de criterios homologados de registro en las fiscalías, añade.
Enamorado reconoce que se ha avanzado en las acciones gubernamentales, pero, al igual que Valdez, observa que la problemática está en lo operativo, una área en la que no advierte grandes cambios, pues las autoridades siguen bloqueando las investigaciones. El subregistro en el RNPDNO no se limita a migrantes, ya que ha sido denunciado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Durante su visita al país en noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU también se refirió a la falta de resultados en la investigación de las desapariciones, expuesta por los colectivos mexicanos de familiares: “Nos han señalado que día a día, en su búsqueda de respuestas y justicia, son víctimas de la indiferencia y la falta de avances”.
PROBLEMÁTICAS QUE PERSISTEN
Los retos para lograr que la desaparición de una persona migrante sea registrada también se explican por su misma condición, afirma Martínez: desde el temor a las autoridades migratorias hasta las dificultades para buscar a alguien desde el extranjero dificultan realizar las denuncias.
Valdez señala que estas problemáticas son consecuencia de la falta de acceso a la justicia, entendida como el desconocimiento de los mecanismos de búsqueda y el proceso para denunciar una desaparición tanto en el país de origen de la persona como en el que sucedió el hecho, así como la lejanía geográfica de las instituciones en las que se tiene que abrir la causa. También ocurre que no todas las personas denuncian una desaparición, ya sea por miedo a represalias, por falta de confianza en las autoridades, o para evitar el maltrato por parte de ministerios públicos.
“El acceso a la justicia”, subraya, “sigue siendo un privilegio solamente para aquellos que están relacionados con el tema de procuración de justicia, o bien que tienen la posibilidad de contar con una asesoría”.
Los relatos de las hondureñas Génesis Ramírez y Ana Enamorado ilustran cómo algunos de estos factores complicaron los procesos de búsqueda de su madre y de su hijo, respectivamente. Aunque sus historias remiten a temporalidades y circunstancias diferentes, los resultados son similares y demuestran que las problemáticas expuestas persisten.
Todo rastro de Julia Velásquez Sierra se perdió en México un agosto de 2012, a más de 1,446 kilómetros de su familia y de su país de origen. “Mi mamá huyó de Honduras rumbo a Estados Unidos porque recibió amenazas de muerte”, recuerda Ramírez, que entonces tenía ocho años. El destino llevó a Julia a radicar en Monterrey, donde desapareció junto a su pareja, un hombre mexicano.
Ramírez, que actualmente forma parte del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, no recuerda el momento en que se dio cuenta de que su madre desapareció, pues pasaron días sin que se comunicara, lo cual no le extrañó en un principio: “Primero pensé que podría estar muy ocupada, luego que podría ser falta de interés; una puede pensar muchas cosas en estas situaciones”. Pasados los días confirmó que en Monterrey ninguno de sus conocidos sabía dónde estaba su madre.
El registro de una persona desaparecida y su búsqueda también se pueden dificultar debido a que muy pocas veces los reportes ocurren de forma inmediata, ya que a nivel personal procesar que se está enfrentando este delito lleva tiempo. Esto contrasta con el hecho de que, para las autoridades, las 24 horas siguientes a una desaparición son vitales para actuar, precisa Enamorado.
“En el caso de nosotras, las familias que no somos de México, no podemos activar una búsqueda en 24 horas; para empezar, porque no tenemos una certeza clara de qué está pasando y cómo responder al problema”.
La madre activista, que lidera el colectivo Red Regional de Familias Migrantes, perdió contacto con su hijo Óscar López un día de enero de 2010, cuando sostenían una llamada telefónica que, minutos después, se cortó de manera abrupta.
Óscar había partido a Estados Unidos un año antes, pues en Honduras, su país natal, tenía escasas oportunidades laborales. En su camino encontró una propuesta de trabajo en Jalisco, último lugar desde el que contactó a su madre. Hasta la fecha, Enamorado desconoce qué ocurrió con su hijo durante esa llamada y, al igual que Ramírez, cuenta que no reconoció de inmediato que se enfrentaba a una desaparición.
“Yo no entendía si era una desaparición o qué había pasado con él. Y mientras tanto te haces tantas preguntas, y no son horas, son meses y a veces hasta años, cuando decidimos actuar, buscar a una autoridad”, agrega Enamorado.
Otro factor es el desconocimiento de la ruta a seguir. Cuando Julia desapareció en 2012, Ramírez era una adolescente. Su hermana mayor interpuso una denuncia, pero no tuvo ningún alcance, ya que la hizo ante un policía que no estaba especializado en atender esos casos. “En ese tiempo no sabía que existían la cancillería y el consulado; no teníamos información de cómo hacerlo”.
Seis años transcurrieron para que Ramírez pudiera recibir asesoría del Movimiento Migrante Mesoamericano, una red de familiares y activistas que coadyuvan en la búsqueda de personas desaparecidas, y en 2022 pudo viajar a México como parte de una de las caravanas que esta ONG organiza desde Centroamérica para que sus integrantes busquen a sus seres queridos. Una década antes, Enamorado también había recorrido el país.
Hasta ahora, ninguna ha encontrado respuestas; desconocen el paradero de Julia y de Óscar, y el porqué desaparecieron. Ramírez solo tiene una corazonada de lo que pudo haberle pasado a su madre. Relata que, por los días en que Julia desapareció, hubo una masacre en un restaurante: “Mi mamá estaba de turno [sabía que era mesera en la ‘zona caliente’ de Monterrey]. Murieron unas diecisiete personas, ella pudo estar entre ellas”. Ninguna autoridad ha confirmado esta hipótesis.
Cuando Enamorado llegó a México en 2012 enfrentó la falta de capacitación de las autoridades ministeriales para atender su denuncia, agravada por el hecho de que no existía la figura legal de “persona desaparecida”, aquella cuyo paradero se desconoce y se presume que su ausencia está relacionada con la comisión de un delito. “En aquellos tiempos era tan complejo porque las familias estábamos totalmente solas; nos daban la espalda tanto autoridades de nuestros países como las mexicanas”.
Al respecto, Martínez confirma que, en esa época, en las procuradurías el término utilizado era “persona no localizada”, una figura que aún existe y que identifica a aquella cuya ubicación se desconoce, pero su ausencia no se relaciona con ningún delito. Puede interpretarse incluso, agrega, que esa persona eligió ocultarse, lo que complica que las autoridades atiendan la denuncia como una desaparición.
En este sentido, la activista Graciela Pérez Rodríguez recuerda que, en su caso, la ausencia de la figura legal de persona desaparecida fue usada como argumento para no activar la búsqueda de sus familiares. “Decían que era peligroso”, dice.
Ella tampoco ha obtenido respuestas sobre qué ocurrió con cinco integrantes de su familia; una es su hija, de nacionalidad estadounidense, que tenía 13 años cuando desaparecieron en 2012, mientras viajaban en auto por la carretera de Ciudad Mante, de vuelta a su casa de Tamaulipas tras un viaje a Houston, Texas.
FALTA DE EFICIENCIA
Ana Enamorado, Génesis Ramírez y Graciela Pérez Rodríguez han acompañado durante la última década a otras madres, padres y familiares de personas migrantes desaparecidas; con esa experiencia afirman que existen pocas diferencias entre la época en que iniciaron su búsqueda y la actualidad. Para Martínez, especialista en seguridad nacional, se trata de problemas básicos “que indican poca eficiencia funcional”. Por ejemplo, a pesar de que en años pasados se realizaron metodologías y recomendaciones para homologar los registros, estas se desecharon en 2017 debido a cambios de personal en las fiscalías estatales. El Gobierno actual arrancó desde cero.
Ramírez considera que “la CNB no está haciendo nada”. Detalla que todas las gestiones de búsqueda están a cargo de organizaciones civiles en Centroamérica y México. “Nosotros salimos por nuestros medios, hay que buscar organizaciones no gubernamentales que nos den apoyo, transporte, alimentación, financiamiento, es un relajo”, lamenta.
Para Quero, la problemática actual también se debe a que los mecanismos de registro de la CNB apenas se están dando a conocer entre las autoridades mexicanas y sus contrapartes en otros países, como fiscalías y consulados. Es enfática al señalar que la consolidación del RNPDNO se enfrentó a la inconsistencia de datos, los registros duplicados, diversas metodologías de recolección que impedían hacer cruces de datos, así como la falta de coordinación entre países de autoridades especializadas en la búsqueda de personas migrantes, problemáticas que, asegura, la CNB intenta revertir.
“Ahora hay mucha más información que hace trece años, pero la desaparición de personas migrantes no es un tema del pasado”, señala Enamorado. “Nuestra lucha es la de seguir visibilizando, denunciando que las personas siguen desapareciendo, y seguir acompañando a las familias”.
