Se reelige anticonstitucionalmente al impresentable Magistrado Luis Villegas Montes como integrante del Consejo de la Judicatura, quien de inmediato y desde la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura pretende extorsionar a la Jueza Sabela Patricia Asiain Hernández para que deje vacante la titularidad del Juzgado Décimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, del cual ha sido ratificada como inamovible. 

Los representantes de los Órganos Autónomos, integrantes del aún no consolidado Sistema Estatal Anticorrupción, impiden el desempeño del Comité de Participación Ciudadana para que ejerzan su derecho a disentir con las políticas del actual Gobierno en cuanto a la reforma constitucional del Poder Judicial y designación sin facultades de la encargada del Despacho de la Fiscalía Especializada Anticorrupción Lic. Miriam Aidin Orpinel Pizarro, hecha por la Gobernadora del estado. Estos hechos concretos son el resultado de la aprobación de la Reforma Constitucional que autoriza a un triunvirato bajo la influencia del Poder Ejecutivo a nombrar, a los magistrados del Poder Judicial. Y cual cereza del pastel, se le da hospedaje al reo César Duarte Jáquez en un hospital-hotel a pesar de que se dictaminó como medida cautelar en su contra la prisión preventiva, mientras el Juez de juicio dicta sentencia.

Todo esto ha sucedido en el transcurso de los últimos dos meses del presente año.

Lo anterior me provoca una cierta duda sobre el tipo de Gobierno que dirige los destinos del estado hoy por hoy.

Hago énfasis en el caso de la Jueza Sabela Patricia Asiain Hernández, y en el maltrato a la ciudadanía a través del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción, sistema que no se ha terminado de constituir en más de cuatro años.

Estos actos me parecen una auténtica barbaridad, palabra que viene desde la cultura griega con el significado de hechos cometidos por pueblos carentes de respeto a la Ley y dados al uso de violencia en la solución de sus conflictos, me genera incluso una gran incertidumbre, porque actos como esos caracterizan a los regímenes dictatoriales emergentes de las tiranías militares sudamericanas de la década de los 70 y 80. 

Cómo se atreve el Gobierno estatal a reelegir a un Magistrado en el Consejo de la Judicatura cuando esto estaba prohibido por la Ley en el momento en que fue electo y dejó de ser Consejero, es el idioma de Los tiranos “hago lo peor y lo más ofensivo para que vean que soy capaz de hacerlo” y para subrayar el mensaje, este Consejero se adueña de la administración del Poder Judicial y empieza una purga de jueces, empezando por una Jueza familiar, ¿qué interés político o estructural tiene el Consejero Villegas? Para controlar la autorización de divorcios, adopciones, pensiones alimenticias, nada sólo decirle a los jueces que “quien lo desobedezca será despedido” tenga o no su certificación de inamovilidad, sólo demostrar que para el nuevo Gobierno la inamovilidad de los jueces no existe, que quien domina la impartición de justicia es el señor Villegas, representante de la Gobernadora Campos. 

Los derechos de la Jueza a ejercer la judicatura no fueron ganados por dádivas, designaciones o acuerdos vergonzosos para asignarle la responsabilidad que ejerce, fueron ganados por ella, en un proceso de selección ratificado por la Suprema Corte de Justicia. Ella obtuvo el primer lugar en la puntuación acumulada entre los jueces participantes en la convocatoria correspondiente para designar jueces. La inamovilidad de los jueces es una garantía de la modernización de las instituciones del estado, misma que debió hacerse alcanzado en el estado de Chihuahua desde hace décadas, y el respeto a los jueces y sus puestos, es el respeto al estado republicano.

Por otra parte, en los momentos en que el estado de Chihuahua llama la atención por la corrupción de Duarte, su relación con los jueces que lo están enjuiciando y la tolerancia al crimen en la sierra que llevó a darle impunidad total a un asesino que se paseaba por los pueblos como aquel personaje de la narrativa popular “El ojo de vidrio”.

Y así en los momentos en los que se vincula la Gobernadora con el extraditado exgobernador, los funcionarios del sistema anticorrupción se niegan a consolidarlo, a respetar a los ciudadanos y ponerse las pilas para enfrentar la corrupción, fortaleciendo el sistema que les generó algunos de ellos el puesto que desempeñan. Si el objetivo de prevenir, disminuir y evitar la corrupción es una prioridad histórica en este momento para el país en lo general y el estado de Chihuahua en lo particular, de dónde tienen tanta arrogancia estos funcionarios para impedir que los representantes de los ciudadanos en dicho sistema, expresen las inconformidades de sectores amplios de la ciudadanía, sobre la forma de elegir a los jueces que habrán de impartir  justicia en el estado, porque les impiden que expresen su inconformidad cuando la Gobernadora nombra una encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción sin tener facultades para ello.

Porque el funcionariado del Sistema Estatal Anticorrupción es incapaz de hacer su trabajo para el cual fueron designados y esta estrategia de enfrentar la corrupción coordinadamente es una necesidad indiscutible. 

Será que igual que el Magistrado Villegas el mensaje que quieren enviar es “en Chihuahua se permite la corrupción”.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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