Los internos del Cefereso 14, en Durango, fueron golpeados, vejados y varios de ellos torturados, denunciaron familiares e integrantes de la organización Documenta, quienes ya interpusieron una queja ante la CNDH.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- Los internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 14 en Gómez Palacio, Durango, fueron vejados y torturados durante un operativo de seguridad en presencia de la Guardia Nacional e incluso de personal de la Comisión de Derechos Humanos Estatal de Durango, denunciaron familiares de los internos.
Alejandra, hermana de un interno, y Lucia Alvarado, del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad, que forma parte de la organización civil Documenta, dieron a conocer a SinEmbargo que el pasado 1 de julio los internos fueron sometidos a malos tratos y posteriormente fueron incomunicados por varios días.
Todo comenzó porque —según han relatado los presos a sus familias— al parecer un grupo de internos agredió a una oficial de correos que no les quiso entregar sus cosas “y se le fueron encima”.
A raíz de esto, las autoridades penitenciarias ordenaron el ingreso de más custodios de otros penales y de elementos de la Guardia Nacional para implementar el operativo en el que se cometieron violaciones a los derechos humanos, compartió Lucía Alvarado. “A parte de todas las vejaciones que sufrieron al ser golpeados. Hubo lesiones diferentes, según cada interno”, dijo.
Testimonios recopilados por este medio coinciden que fueron los custodios los que golpearon a los internos. Las denuncias refieren que les rociaron gas lacrimógeno, les dieron descargas eléctricas con teasers en diversas partes del cuerpo; además les quitaron la ropa y los pusieron hacer sentadillas por varias horas.
Las mismas quejas dan cuenta que tras haberlos sometidos a estos tratos les quitaron sus artículos de higiene personal y documentos jurídicos, como por ejemplo expedientes de su casos.
Familiares de las víctimas ya presentaron formalmente una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, el lunes acudieron a Palacio Nacional para hacer llegar la denuncia al Presidente Andrés Manuel López Obrador; también acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia formal en contra del Director del Penal Alfredo León Ramírez, por la tortura sufrida a los internos.
“Todo esto fue una violación a todos sus derechos humanos. Trasgredieron todos los acuerdos internacionales, se pasaron por el arco del triunfo la Ley de Ejecución Penal. Fue un operativo desproporcional, no fue justificado y no tendría por qué haberse hecho así”, destacó la activista Lucía Alvarado.
SinEmbargo solicitó a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana información sobre la presencia, motivo y argumento por el que se desplegaron a los elementos de la Guardia Nacional en el penal, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Alejandra, hermana de uno de los afectados, relató a SinEmbargo que a su familiar le sumergieron la cabeza en una tina llena de agua al tiempo que le aplicaban descargas eléctricas, práctica conocida como “el submarino”, además lo golpearon tumultuariamente, lo arrastraron por el penal y amarraron a los barrotes. Esta tortura fue infringida a otros reos.
Las versiones detallan que todos los internos, incluso quienes están enfermos de Sida y o tienen cáncer, también fueron agraviados. Posteriormente, los detenidos fueron incomunicados por varios días después del evento.
“Lo más grave fue que los tuvieron en aislamiento e incomunicados. Los familiares no pudieron saber de ellos en mucho tiempo, por días”, detalló Lucía Alvarado.
La información y testimonios comenzaron a fluir cuando las autoridades penitenciarias empezaron a permitir las llamadas.
Alvarado explicó que incomunicar a los internos es también una violación a los derechos de las familias, quienes están con la incertidumbre de no saber cómo se encuentra su interno; si está lesionado, muerto o fue trasladado a otro penal.
“A la fecha todavía hay muchas personas (internas) que no han llamado a sus familiares y no sabemos su condición. Sabemos de personas que están muy lesionadas y que todavía no tenían atención médica”, resaltó Alvarado.
EL OPERATIVO
La noche del pasado 4 de julio, Alejandra recibió la llamada de un custodio, quien le avisó que debía buscar ayuda porque el primero de julio, “había ocurrido una situación muy grave dentro del penal”.
El custodio le relató a Alejandra que todo comenzó porque al parecer un grupo de internos agredieron a una oficial de correos que no les quiso entregar sus cosas “y se le fueron encima”.
“El problema fue que dicho evento ocurrió justo cuando el jefe del director del Penal, es decir, el jefe de todos los centros penitenciarios federales estaba de visita por lo que él inmediatamente ordenó la concentración de más elementos de otros centros penitenciarios”, dijo.
La entrevistada agregó que los directivos del penal también pidieron refuerzos de la Guardia Nacional para intimidar a los internos tan sólo con su presencia.“El custodio me platicó que el jefe de los Ceferesos mandó a traer a la GN porque dijo que la agresión a la custodia no se iba a quedar así y que iba haber un castigo ejemplar”, relató.
Según los testimonios, los directivos pidieron a los custodios escribir en dos hojas los nombres de los internos “problemáticos” o con los que hubieran tenido algún percance pues en ese momento “se las iban a cobrar”.
Al día siguiente de la agresión a la custodia de correos, llegaron camiones con celadores de otros penales y comenzaron a formar grupos para el operativo. Los custodios sacaron a los internos y comenzaron a quitarle sus pertenencias, a lo que los reos reaccionaron para evitar que los despojaran.
“Con el argumento de que ellos se pusieron agresivos, los elementos de seguridad empezaron a golpear. Se formaron grupos de 8 a 12 custodios para golpear a uno por uno”, dijo Alejandra.
Todos los custodios, abundó, ingresaron al penal con el teaser (descargas eléctricas) para controlar a los internos; a unos los esposaron y los patearon en las piernas para obligarlos a hincarse.
“Una vez hincados, llevaron tinas de agua para ponerles la cabeza para ahogarlos”, relató la mujer con base al testimonio que le habría dado el custodio que la alertó.
El familiar de Alejandra fue uno de los más lastimados, pues además de las descargas eléctricas y de sumergirlo al agua, lo desvistieron y entre cuatro custodios lo arrastraron por el patio.
“Después lo volvieron a llevar a la tina para meter el agua a la cabeza. El custodio me dijo que mi familiar trataba de defenderse, por lo que entre ocho custodios lo golpeaban y lo seguían agrediendo con el teaser en la espalda. Luego lo amarraron a la reja y le golpearon la cara y el pecho. Mi familiar incluso les clamaba que ya lo mataran”, narró.
Alejandra comentó que todos los internos fueron agredidos de alguna forma. “Incluso a enfermos de cáncer y Sida los sacaron al patio. Obviamente la agresión no fue igual, pero a la mayoría se les sometió con el teaser, aun y cuando ellos ya suplicaban que pararan. La orden era que a todos se les pusieran el teaser nada más para que supieran que eso iba a ser un ejemplo para todos”, abundó.
La familiar del interno explicó que quien le narró los hechos especificó que las agresiones fueron cometidas en presencia de la Guardia Nacional, pero ellos no actuaron. “Me dijo que a ellos los llevaron más que nada como para meter temor y los que torturaron fueron los custodios”.
Alejandra recordó que incluso su contacto también le advirtió que no acudiera a pedir ayuda a Derechos Humanos de Durango porque no la iban apoyar.
“Dentro del penal hay unos licenciados de Derechos Humanos que están ahí para velar que todo se siga conforme a derecho, y esos licenciados de Derechos Humanos estaban presentes cuando pasó todo y ellos solamente le dijeron a los custodios que nada más no mataran a los internos. ‘Chínguenselos, pero no los maten””.
Varios internos que dieron a conocer la agresión en días posteriores coincidieron en que personas de derechos humanos de Durango estuvieron presentes cuando fueron torturados. “Los internos contaron que ellos volteaban a ver a los licenciados de derechos y estos sólo se volteaban”, abundó Alejandra.
La familiar se comunicó al área de Trabajo Social del reclusorio al día siguiente para tratar de comunicarse con su hermano, pero no le dieron información; sólo le argumentaron que había un Código Negro (aislamiento del penal) al parecer por un caso de COVID y que en los siguientes días poco a poco los internos se comunicarían.
Lucía Alvarado abundó que las cámaras de seguridad fueron apagadas para que no quedara grabada la tortura, pero las autoridades penitenciarias argumentaron que no había luz.
Conforme se dieron los días, los internos comenzaron a llamar a sus familiares y aunque al principio se les percibía temerosos poco a poco comenzaron a dar datos de la agresión.
“Al principio, cuando los internos les llamaban a sus familiares se notaba que estaban como amenazados porque no decían nada o contestaban, pero luego uno de ellos se armó de valor y empezó a decir: ‘nos golpearon, nos dieron toques, nos torturaron, hay unos compañeros graves que necesitan ayuda. Nos raparon, nos quemaron’, dijo y a los pocos segundos después le cortaron la llamada”, narró Alejandra.
Los familiares de los internos grabaron las llamadas en las que ellos dan cuenta de la agresión. Hay una comunicación en la que un detenido, después de siete minutos, grita: ‘Hay muchos heridos, nos torturaron. Manden ayuda”. Luego le cortaron la llamada”.
Alejandra relató que otro interno describió:” Estuvieron los Derechos Humanos de aquí, les pedíamos ayuda y no hicieron nada”. Otro joven dijo: “No fue la Guardia Nacional, fueron otros custodios de otros penales”.
Finalmente, el sábado 10 de julio, Alejandra logró comunicarse con su familiar quien le confirmó que fue víctima de tortura.
“Cuando hablé con él se le escuchaba la voz baja y hablaba quedito, me pareció extraño y le pregunté si lo estaban vigilando y me contestó: “No es eso. No puedo hablar, me rompieron las costillas, todas mis costillas del lado derecho están rotas y me duele mucho respirar. Busca ayuda. Tráiganos ayuda”.
El hermano de Alejandra le comentó que hasta ese día no le habían brindado atención médica. Temía por su vida y también por su pierna, la cual, estaba muy lastimada y sin atención.
PIDEN MEDIDAS EN LA CNDH
El departamento legal de Documenta, a nombre de los familiares de los internos, presentó la queja ante la CNDH por los agravios que consistieron en: incomunicación al exterior de las personas privadas de la libertad; destrucción de expedientes de las personas privadas de la libertad, a forma de represalia; despojo de insumos de higiene, vestido y dejarlos en ropa interior, sin tener acceso a su uniforme; prohibición de visitas en general; golpes y malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias del Cefereso; negativa de acceso a agua potable para las personas privadas de la libertad y por el ingreso de la Guardia Nacional al Centro Penitenciario, para realizar labores de custodia penitenciaria.
La asociación también solicitó a la CNDH medidas cautelares para los internos que presentaron las lesiones más graves.
Además, se interpuso una denuncia penal en la FGR en contra del director del CEFERESO 14 porque, explicaron Lucía y Alejandro, como encargado del penal es quien primero que tiene que responder por la seguridad y los operativos realizados en la zona.
“Aquí no hay de otra: el director tiene responsabilidad plena sobre lo que pasó y puede decir lo que quiera, que hubo motín, que hay gente con COVID, pero el hecho es que lo que haya pasado no justifica el grado de violaciones que cometieron en contra de las personas privadas de la libertad. Fue desproporcional, no fue justificada y no tendría por qué haberse hecho así”, denunció Lucía.
La denuncia también será llevada ante otras instancias, pues Documenta dará parte de los hechos ante el Mecanismo Nacional contra la Tortura. “No sólo queremos que se investiguen los hechos, queremos el deslinde de las responsabilidades”, sostuvo la activista.
Alvarado también resaltó que ninguna autoridad ha informado ni explicado porque pidieron a la presencia de la Guardia Nacional en el lugar. “Es un hecho inédito, nunca la Guardia Nacional había entrado a un CEFERESO, a lo mejor estaban ahí afuera o llegaba un convoy por un traslado, pero no habían estado dentro”.
INFIERNO EN CÁRCELES PRIVADAS
En México existen al menos 254 cárceles, de las cuales, 234 son centros de reinserción social estatales (CERESOS); 17 son CEFERESOS y tres son prisiones militares.
El CEFERESO número 14 es uno de los 10 centros penitenciarios “privatizados”, es decir, prisiones que fueron construidas y operan bajo el esquema de inversión privada y que fueron creados como una panacea con la idea de mejorar el sistema penitenciario en México, pero no ha sido así.
Al paso de los años lo que se tiene de estos centros penitenciarios con inversión privada es una gran opacidad en la forma en que se entregaron y están estipulados los contratos; además, tampoco han cumplido la meta de garantizar la integridad física y moral de los internos y abonar a su reinserción. Por el contrario, las denuncias dan cuenta de que se han violado derechos humanos, según han señalado especialistas en el tema.
Testimonios recogidos por SinEmbargo confirman que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios públicos y de APP federales (centros construidos bajo la fórmula de Asociación Público-Privada) no son muy diferentes, pese a que la meta de la privatización del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa era dar un golpe de timón a falta de condiciones mínimas de calidad y desempeño del Sistema Penitenciario.
El acceso a atención médica y falta de medicamentos son de las principales quejas y denuncias que existen contra este tipo de cárceles, de acuerdo con activistas y familiares de personas privadas de la libertad. Las violaciones a los derechos humanos de los internos, principalmente las agresiones y la falta de atención a internos, sn un problema que persiste en el sistema federal, privado y estatal.
Apenas el pasado lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una Recomendación a las autoridades penitenciarias que en Michoacán omitieron proporcionarle atención médica oportuna a la víctima, quien vivía con el VIH, lo que provocó la muerte de un interno.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 30/2021 al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, por la violación a los derechos humanos de una persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) en Buenavista Tomatlán, Michoacán, quien perdió la vida por falta de atención médica.
