El asesinato de 27 hombres cometido el 1 de julio en un centro de rehabilitación de Irapuato fue el más reciente de una serie de ataques contra consumidores de drogas en México.
Por Deborah Bonello, traducido por Álvaro García
Ciudad de México, 15 de julio (Vice News).– Las rosas que yacen en la tierra seca afuera del centro de rehabilitación “Recuperando mi vida” siguen frescas. Cayeron de las puertas del empobrecido edificio ubicado en las afueras de la pequeña ciudad mexicana de Irapuato, donde habían sido depositadas por personas que guardaban luto. Además de las velas consumidas y la cinta policíaca rasgada, es todo lo que queda de un tiroteo que mató a 27 consumidores de drogas en recuperación el 1 de julio.
Este último capítulo macabro de la brutal guerra de cárteles de México muestra cómo los consumidores de drogas —incluyendo aquellos que tratan de superar sus adicciones en centros de rehabilitación privados sin regulación, conocidos como anexos— sufren cada vez más por la violencia de estos grupos criminales.
Junto a un camino sin pavimentar, apartado de la carretera principal, en la comunidad de clase obrera de Arandas, la casa amarilla de dos pisos está flanqueada por un lote vacío en un costado y una casa vacía en el otro. En la entrada hay una puerta blanca que por su gran tamaño eclipsa a Miguel Regalado, de 60 años, quien observa atentamente afuera del inmueble. Llevó a Vice News a donde tres de sus hijos —Omar, de 39 años, Cristian, de 30, y Giovanni, de 27— fueron abatidos a tiros.
“Cuando iba a mi casa desde el trabajo me topé con Giovanni [el miércoles pasado]. Él vino aquí a darles un refresco a sus hermanos”, dijo Miguel, que trabaja en una constructora como empleado de mantenimiento. Su hogar está a dos minutos a pie de la clínica. “Un poco más tarde, alrededor de las 17:00 horas, mi vecino llamó a mi puerta diciendo que habían tiroteado el anexo. Entonces corrí”.
Tanto Cristian como Omar habían luchado durante mucho tiempo con la adicción a la metanfetamina, la droga favorita de muchos en el estado central de Guanajuato. Giovanni, el más joven de los tres, estaba visitando a sus hermanos el día del tiroteo.
Las versiones de los eventos varían entre los reportes de los medios y el de las autoridades. Entre tres y siete hombres armados ingresaron a la clínica justo después de las 17:00 horas del 1 de julio. Pidieron a las pocas mujeres que se encontraban allí que se marcharan, antes de subir al segundo piso, donde exigieron que los hombres se acostaran boca abajo. Según las autoridades, los hombres armados preguntaron por el paradero de una persona en particular.
Lo que es indiscutible es que abrieron fuego indiscriminadamente y que sus balas mataron a 24 hombres al instante. Otros tres murieron por sus heridas más tarde. La Fiscalía del estado no confirmó ni negó que dos de los muertos fueran adolescentes de 14 años, como según habían afirmado miembros de la comunidad.
Días después, la casa amarilla está cerrada y en silencio, con las cortinas de la ventana frontal abiertas. Unos perros callejeros juegan alrededor de los pies de Miguel. De baja estatura y tez morena, lleva puesta una gorra de Jeep y una barba muy corta. Dirige mi atención a una camiseta ensangrentada y un calcetín que están tirados en el piso.
Sentada junto a él, afuera de su humilde hogar en Arandas, Rosa Santoya ha agotado sus lágrimas y permanece aturdida mientras escucha a su esposo hablar sobre sus hijos muertos. Su largo cabello oscuro está amarrado, lejos de su rostro. Cierra los ojos periódicamente mientras habla. “Cuando llegué [al anexo] había mucha gente allí. Salió una mujer y me dijo que todos mis hijos estaban muertos”.
Es el cuarto ataque a un anexo en la pequeña ciudad de Irapuato este año. Desde diciembre, ha habido 13 ataques de este tipo en todo el estado de Guanajuato, según Nicolás Pérez Ponce, director de una asociación que representa a los centros de rehabilitación. No hay información oficial sobre cuándo empezaron los ataques contra los centros de rehabilitación sin regulación en México, pero los reportes de los medios muestran que se remontan a 2009.
Estos centros son blanco de los cárteles porque son parte de la zona que los grupos criminales intentan monopolizar. Controlar a los consumidores de drogas es la dinámica más reciente en una feroz batalla entre dos carteles rivales en Guanajuato.
El cártel local de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están disputándose el control de los lucrativos mercados criminales de la región, y la demanda de lealtad tanto de los consumidores como de los traficantes es parte de su apuesta para obtenerlo.
“Los ataques a los anexos son mensajes claros de una banda criminal a otra”, dijo Angelica Ospina-Escobar, presidenta de la Red Mexicana de Reducción de Daños, Redumex. “Este ataque reciente envió un mensaje al cártel de Jalisco de que el grupo rival, Santa Rosa de Lima, no está contento con el control que ejerce Jalisco”.
Hugo Winslow Ramírez, de 44 años, ha usado drogas en la ciudad desde que tenía 14 años. Sus brazos y cuello están cubiertos de tatuajes que rinden homenaje a The Joker, su ídolo, y la pared de su habitación en la parte trasera de una pequeña casa de concreto en un barrio de clase obrera está adornado con el logotipo de los Beatles e imágenes de mujeres desnudas recortadas de revistas.
Dijo que en el último año y medio, nueve de sus compañeros han sido asesinados (Vice News no pudo verificar esto de forma independiente). Las bandas rivales distinguen su producto vendiendo metanfetamina y mariguana en empaques de diferentes colores marcados con las iniciales de su organización.
“Si le compras a una banda, no puedes comprarle a la otra”, dijo. “Si te atrapan con drogas de la otra banda, te matarán”. Los traficantes también se ven obligados a elegir un bando, y la mayoría de los puntos de venta en las calles de la ciudad están controlados actualmente por uno de los grupos criminales más grandes de México, el CJNG, señalaron los consumidores de drogas de la comunidad. “Las cosas realmente han cambiado, no solía ser así”, dijo Winslow.
El ataque al anexo en Irapuato ha dejado el mayor número de cadáveres hasta la fecha en una agresión contra un anexo, y se produce en medio de uno de los episodios más letales de violencia vinculada a estupefacientes desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomara el poder a finales de 2018. AMLO dio protagonismo al tiroteo en su conferencia de prensa matutina diaria al día siguiente, describiéndolo como “muy grave”.
Guanajuato es una ruta vital para el narcotráfico hacia la frontera entre Estados Unidos y México. En años recientes, el estado se ha convertido en un mercado enormemente lucrativo para la metanfetamina. Irapuato se encuentra en un corredor industrial donde las líneas de ensamblaje de automóviles y las fábricas brindan trabajo a los obreros: trabajo arduo y monótono que obliga a muchos a consumir metanfetamina para soportarlo. Desde 2013, la demanda de tratamiento para la adicción a este narcótico es siete veces mayor, según cifras oficiales.
La creciente violencia contra los consumidores de drogas en Guanajuato coincide con las tasas de homicidios más altas que el estado haya visto. Los asesinatos aumentaron casi tres veces entre 2016 y 2019, de mil 110 a 3 mil 540, convirtiéndolo en el estado más violento de México. Más policías han sido asesinados aquí que en cualquier otro lugar del país este año; otros cinco oficiales fueron asesinados un día después del tiroteo en el anexo. Además, el COVID-19 no ha logrado frenar los asesinatos. En el periodo de marzo, abril y mayo de este año, el estado reportó 840 asesinatos; cuando en el mismo período del año pasado la cifra fue de 702.
Muchos consideran que los consumidores de drogas son altamente prescindibles en México. Además, se presume que todas las personas asesinadas en las guerras criminales del país estaban involucradas en el narcotráfico, un mito que ha sido desmentido una y otra vez.
Tras la masacre en el centro de rehabilitación, el jefe de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, describió los anexos como “nidos de actividad criminal”, sugiriendo que quienes fueron asesinados eran miembros del cártel y lo tenían merecido. Pero el Gobierno estatal no ha presentado evidencia de tales afirmaciones. Tanto Rosa como Miguel sabían que sus hijos tenían un problema de adicciones, pero rechazan con vehemencia las acusaciones de que eran narcotraficantes.
Hasta el momento de esta publicación, las autoridades habían arrestado a tres personas relacionadas con el tiroteo, pero no proporcionaron más detalles ni concedieron una entrevista a Vice News, a pesar de repetidas solicitudes.
Miembros del Ejército patrullan las calles de Irapuato, días después de la masacre en el centro de rehabilitación. Foto: Deborah Bonello, Vice.
“Las familias que han sufrido una pérdida no solo tienen que soportar ese dolor, sino el estigma impuesto por el Gobierno, que considera a las víctimas ‘criminales'”, dijo el exfiscal Juan Miguel Alcántara, abogado y consultor de seguridad.
Muchos gobiernos, pasados y presentes, usan el argumento de que las víctimas de la violencia en México eran narcotraficantes. Esto ayuda a desestimar los más de 275 mil asesinatos ocurridos desde 2007. De manera oficial, más de 60 mil personas han desaparecido en México desde que comenzó la “guerra contra las drogas”. Cada víctima deja atrás a un padre o una madre, hermanos, cónyuges e hijos. Pero en un país donde nueve de cada diez asesinatos no se resuelven o no se investigan, esta retórica no está fundamentada con hechos.
Ambos grupos rivales han tratado de negar su participación en el tiroteo del 1 de julio. El CJNG lo hizo a través de las redes sociales, lo que llevó al líder del grupo de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, a hacer lo mismo en un video que circuló en internet y en los grupos de WhatsApp.
“No tuve nada que ver con eso”, dice, sentado en una silla en una habitación blanca con mosaico del mismo color. Dijo que el Gobierno le estaba tendiendo una trampa y le echó la culpa al CJNG. Las autoridades locales recientemente tomaron medidas enérgicas contra el grupo de El Marro y arrestaron a varios miembros de su familia.
“Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz”, dice.
Pero en México, los culpables de la violencia del narcotráfico siguen en las sombras. La impunidad criminal casi total y un Gobierno abrumado y tambaleante por su credibilidad significa que la mayoría de los autores y los motivos de los crímenes se deciden por chismes, especulaciones e hipótesis.
Para Rosa y Miguel, la muerte de sus tres hijos es un hecho inequívoco. “Mataron a personas inocentes que solo intentaban salir adelante”, cuenta Rosa.
Pero para muchos mexicanos, Cristian, Omar y Giovanni solo son otra estadística más en un mar de muertos.
