En la audiencia del viernes de la próxima semana, que será a través de video debido a la pandemia de COVID-19, Duarte comparecerá por segunda vez ante la Jueza Louis, del Distrito Sur de Florida.
Miami, 15 jul (EFE).- La Jueza federal Lauren F. Louis programó para el próximo 24 de julio la audiencia que abordará el pedido de libertad bajo fianza del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido el pasado 8 de julio en Miami y solicitado en extradición a EU por el Gobierno de su país.
Antes de ese día, la defensa, compuesta por los abogados Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, según los archivos judiciales a los que tuvo acceso Efe, deberá presentar la moción en la que solicite la libertad bajo fianza de Duarte.
Duarte, de 57 años, permanece en el Centro de Detención Federal de Miami, en el centro de esta ciudad de Florida, según la base de datos de la Oficina Federal de Prisiones.
En la audiencia del viernes de la próxima semana, que será a través de video debido a la pandemia de COVID-19, Duarte comparecerá por segunda vez ante la Jueza Louis, del Distrito Sur de Florida.
El viernes pasado, Louis le leyó los cargos por los que enfrenta el pedido de extradición de su país: “Malversación agravada y conspiración agravada”.
En la primera cita, los abogados pidieron tiempo a la Jueza para preparar las mociones, la primera de ellas, una que busca la libertad bajo fianza de Duarte, quien está acusado en México de desvío de dinero y delitos electorales.
La defensa subrayó que necesitaba reunir la información y hablar con los abogados del exgobernador en México.
“Duarte, con la asistencia de funcionarios de su Administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados”, detalla la demanda en EU.
Precisa que el 8 de octubre de 2019 la Jueza María Alejandra Ramos Durán, en Chihuahua, había emitido una orden de arresto contra el exgobernador.
Las autoridades mexicanas descubrieron irregularidades “significativas” en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.
Según la demanda, desde al menos junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6,4 millones de dólares a dos empresas en las que “Duarte era el accionista mayoritario”.