Luego de registrar 179 asesinatos dolosos de niños, niñas y adolescentes, entre enero y mayo, Guanajuato alcanzó el primer lugar nacional en dicho rubro; las cifras que registra la entidad sólo son comparables con las del Estado de México.
Por Alfonsina Ávila
León, Guanajuato, 15 de julio (Zona Franca).- De enero a mayo se ha registrado en Guanajuato el asesinato doloso de 179 niñas, niños y adolescentes, ocupando el primer lugar nacional. Una circunstancia que lo hace comparable con el Estado de México.
Así lo señaló Juan Martín Pérez García, representante de Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), al exponer que en el periodo de enero a mayo del 2020, fueron asesinados mil 34 niñas, niños y adolescentes; es decir, un promedio de siete víctimas al día.
Por entidad federativa, Guanajuato (179), Michoacán (101), Estado de México (68), Oaxaca (59), Jalisco (56) y Chihuahua (52) muestran los mayores índices de violencia para ambos años.
“El Estado Mexicano en su conjunto, Gobierno federal, gobiernos estatales y municipales están enfrentando una crisis de derechos humanos y esto significa que están enfrentando contextos difíciles para garantizar la vida de los habitantes, especialmente niños y niñas”.
Guanajuato al ser parte de la federación forma parte de esta crisis de derechos humanos, pero se agudiza por varios factores, señaló Pérez García, uno es el más preocupante, es que se ha politizado en todos los temas; seguridad, respuestas institucionales, por el Gobierno Federal que es de Morena y el gobierno de Guanajuato que es de Acción Nacional.
“Esta pugna entre partidos está costando a las y los habitantes de Guanajuato, afectando sus derechos porque hay un jugueteo con el apoyo que se requiere de la federación con la Guardia Nacional, entre otras cosas que se necesita para la seguridad y un cuestionamiento respecto a las acciones locales y federales de manera mutua”.
Expuso que un segundo elemento, es la invisibilidad a las niñas, niños y adolescentes, pues se sigue pensando todo desde el mundo adulto cuando se habla de homicidios, feminicidios de personas adultas, sin ver el impacto negativo profundo en niñas, niños y adolescentes.
“Guanajuato además en está pugna y en este conflicto ha profundizado la presencia de grupos criminales en su territorio, claramente esto se da con la participación de funcionarios municipales, estatales y seguramente federales. Esto no es algo de alguien externo, que llega y les hace daño, sino que está entretejido con las redes de complicidad y de impunidad”.
Juan Martín Pérez García aseguró que se han agudizado los problemas que se tenían antes, pues entre niñas, niños y adolescentes, seis de cada diez viven violencia en su casa, bajo el argumento de fines educativos.
“A nivel nacional se tienen siete homicidios todos los días, y siete desapariciones diarias en total impunidad y Guanajuato ocupa el primer lugar de homicidios en el país”.
📢🚨🚨ESTADO MEXICANO SE HA CONVERTIDO EN CÓMPLICE DEL CRIMEN ORGANIZADO; CADA DÍA ASESINAN A 7 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TOTAL IMPUNIDAD #ConLaNiñezNo
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— Derechos Infancia (@derechoinfancia) July 13, 2020
Recordó que en el último registro de personas desaparecidas que presentó la Secretaría de Gobernación, el estado de Guanajuato no ha cumplido con el informe e información.
“Esto es muy preocupante porque el hecho de que no se entregue información, reduce la publicación de los casos que se están resolviendo de desaparición. Redondeo con otro tema: las redes de complicidad que están ahí. Recordemos el caso de Pedro Gutiérrez de denuncias de más de 20 años.
Podríamos decir que Guanajuato junto con el Estado de México son las entidades federativas donde es peor vivir para un niño, una niña y un adolescente; su proyecto de vida y futuro está en riesgo”.
Expuso que violencia contra los menores se ha agudizado, pues se ha documentando, denunciado como se activaron las redes de macrocriminalidad en las zonas que les rodean.
Refirió que Guanajuato está repitiendo el mismo modelo, por lo que cuando se habla de macrocriminalidad, no son únicamente las mafias locales las que roban gasolina, sino que involucra a las autoridades municipales y estatales, así como de procuración de justicia, los políticos y los empresarios.