En 2015, Juan Collado Mocelo se convirtió en el presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, sociedad que opera con un “comité secreto” que hasta la fecha no revela el nombre de los titulares de casi el 70 por ciento de las acciones, a pesar de que es un acto violatorio de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Tanto Jaime González Aguadé, entonces titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Luis Videgaray Caso que dirigía la Secretaría de Hacienda, tenían la facultad de advertirlo. Su omisión quedó ya plasmada en la denuncia del empresario Sergio Bustamante que derivó en la detención del abogado cercano a la élite política mexicana.
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
Ciudad de México, 15 julio (SinEmbargo).– El Comité Administrador de Acciones de Libertad Servicios Financieros representa a casi el 70 por ciento de acciones del capital social total. Esta figura, existente cuando Juan Collado Mocelo era el presidente del Consejo de Administración, oculta el nombre de los titulares a pesar de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular exige que como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) reporte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la relación e información de las personas con una participación en el capital social, el monto y el origen de los recursos.
El denunciante y empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa aseguró, de acuerdo con la orden de aprehensión relativa a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, que Jesús Beltrán González, entonces director general de Libertad Servicios Financieros, le dijo que elaboró los contratos privados “que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas” en esta Sofipo.
“Me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio”, afirmó el denunciante aclarando que no contaba con número de cuenta o mayores datos.
En el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Libertad Servicios Financieros, celebrada el 13 de octubre de 2016 en Ciudad de Santiago, Querétaro, se notifica que el presidente del Consejo de Administración Juan Collado Mocelo designó a Jesús Beltrán González (la fuente del denunciante) y a Jorge Luis Sánchez Hernández como escrutadores.
“Revisaron el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, el formulario de poder exhibido por la representante de un accionista, la constancia de designación de los delegados del Comité Administrador de Acciones y el número de acciones representadas por sus titulares en esta Asamblea”, expone el documento publicado por la Secretaría de Economía (SE).
El entonces presidente del Consejo Juan Ramón Collado Mocelo y José Ramón Collado Amieva (su padre), tenían más de 441 mil acciones, el 31.16 por ciento del total del capital social ese día votado (1 millón 414 mil 981 acciones). El otro 68.76 por ciento (973 mil 045) de acciones las administró, representando al titular o titulares no definidos, el Comité Administrador de Acciones.
En la lista de asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de octubre de 2016 se especifica que el Comité Administrador de Acciones fue “representado” por Silvia Eugenia Barragán Castrejón, Martha Janet Arreola Ramos y Ricardo Velasco Arellano, este último actual miembro del Consejo de Administración de Libertad.
En el Diario Oficial de la Federación, mayo 2015, Libertad explica que cuando en septiembre de 2009 se transformó de cooperativa a sociedad financiera popular, todos los socios que tuvieran derechos vigentes pasaron a ser accionistas de la Sociedad, por lo que se emitieron certificados provisionales que serían entregados por este Comité a los socios accionistas correspondientes.
Una vez que se emitieron las acciones representativas del capital social, se nombró al Comité Administrador de Acciones como el órgano responsable para canjear a los accionistas sus certificados de aportación social o provisionales por las acciones correspondientes.
Sin embargo, el artículo 10 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular exige a una Sofipo, como lo es Libertad Servicios Financieros desde 2009, presentar a la CNBV “la relación e información de las personas que directa o indirectamente pretendan mantener una participación en el capital social de la Sociedad Financiera Popular a constituir”.
Debe contener, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, “el monto del capital social que cada una de ellas [personas propietarias de acciones] suscribirá y el origen de los recursos que utilizará; la situación patrimonial, tratándose de personas físicas, o los estados financieros, tratándose de personas morales, en ambos casos de los últimos tres años”.
El artículo 44 y 45 de la Ley agregan que cualquier persona física o moral puede adquirir más del 5 o 10 por ciento de acciones representativas del capital social de la Sociedad Financiera Popular solo si la CNBV lo autoriza después de recibir la relación e información de las personas participantes.
EL ESTADO PERMISIVO
En la denuncia contra el abogado Juan Collado presentada ante la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores apareció como la instancia que validó los “actos delictivos” de la denominada Caja Libertad.
“Este organismo [la CNBV] en teoría debería de haber velado por el bien funcionar de las instituciones financieras, en este caso Libertad Servicios Financieros S.A de C.V”, se puede leer en la demanda.
El denunciante Sergio Hugo Bustamante sostuvo ante la Fiscalía que en el agravio que él sufrió “era evidente” que Caja Libertad contó con la “participación y/o complicidad” de la Bancaria porque fue “omisa” en intervenir y luego en sancionar los actos a pesar de su denuncia.
Jaime González Aguadé estuvo al frente de la CNBV del 1 de diciembre de 2012 hasta su renuncia en diciembre de 2017, cuando pasó a formar parte del equipo de campaña del candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, en el área de contacto con el sector empresarial y posibles invesionistas.
De esa manera se completó el acompañamiento de esos dos funcionarios. De acuerdo con una fuente cercana a ellos, la amistad entre ambos nació en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y se fortaleció en la administración pública cuando Meade impulsó a Aguadé en casi todos los puestos públicos que obtuvo tanto en la administración de Felipe Calderón (2006-2012) como en la de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Desde la CNBV, Aguadé no acompañó a Meade en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sino a su otro compañero del ITAM y brazo derecho del Presidente: Luis Videgaray, quien ocupó la titularidad de Hacienda de diciembre de 2012 a septiembre de 2016.
La CNBV es la encargada de realizar y revisar reportes de operaciones relevantes y sospechosas, supervisar los actos anómalos e informar a la Secretaría de Hacienda.
Esta misma fuente que pidió no ser citada, consideró que hasta marzo de 2016, la gestión de Jaime en la CNBV, entidad dependiente de la SHCP, había sido institucional, pero luego comenzaron a ser notorias las “presiones” directas de Peña Nieto y de Videgaray hacia la CNBV para velar por “sus intereses”.
“A partir de 2016, la conducta de Aguadé fue completamente errática, sino es que ilegal. Tenía mucho que ver con la ambición presidencial de su amigo Meade, las instrucciones de Videgaray y de Peña. Eso se fue agravando con el tiempo”, afirmó la fuente.
Durante la gestión de González Aguadé, se autorizó el Banco Unión Progreso del ex Gobernador de Chihuahua César Duarte (201), explotó el caso de la polémica constructora OHL México y el fraude de la Sofipo Ficrea.
Además, en 2014 la CNBV realizó una inspección a Caja Libertad por un reporte de mala utilización del dinero derivado del caso Oceanografía. El resultado que dictó fue que no se encontró nada que fuera ilícito y que podía continuar operando. Dos años después le otorgó la actualización de su concesión indefinida para operar.
Durante la administración de Peña Nieto hubo tres Secretarios de Hacienda –Videgaray, Meade y su otro amigo cercano, José Antonio González Anaya– y ninguno advirtió los actos de Caja Libertad a pesar de que hay evidencia de malas prácticas en documentos públicos. La SHCP tenía que recibir los reportes de operaciones relevantes y sospechosas de Caja Libertad o por lo menos un reporte.
Pero no ocurrió.
