Jorge Antonio Rodríguez Medrano, propietario del canal privado TV8, aseguró al Ministerio Público que el periodista Alfonso Machuca Trejo solicitó la expedición de dos facturas por la cantidad total de nueve mil novecientos noventa y ocho pesos, mismos que según su denuncia eran para cubrir supuestos adeudos de Machuca Trejo con el empresario, sin embargo, a decir de él, esa cantidad nunca se pagó, situación que llevó a demandar al comunicador por abuso de confianza.
Ciudad de México, 15 de julio (ZonaFranca/SinEmbargo).- Ante el hostigamiento y acoso legal que periodistas de Guanajuato han recibido por parte del propietario del canal privado TV8, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, la organización Artículo 19 exigió al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato desechar las demandas interpuestas en contra de ellos, priorizando el derecho a investigar, difundir y recibir información de los demandados.
El 25 de mayo, el propietario de TV8, presentó denuncia en contra del periodista Alfonso Machuca Trejo, director del medio de comunicación El Otro Enfoque en Guanajuato, Guanajuato, por supuesto abuso de confianza cometido en su perjuicio.
Machuca Trejo laboró para el canal privado TV8, sin embargo, la relación entre el empresario y el periodista terminó debido a diferencias editoriales, según relató el director de El Otro Enfoque a esta organización.
El dueño del canal TV8, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, durante una emisión del programa “IVÁN Y VIENEN” refirió que Machuca Trejo “[…]se robó facturas de TV Guanajuato, las cobró al Gobierno del Estado y jamás reportó un solo centavo […]”.
Debido a lo anterior, Machuca Trejo presentó diligencias de jurisdicción voluntaria a efecto de que un Juez requiera la sentencia en la que se basó el empresario para hacer tales afirmaciones en su canal de televisión.
El Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato fue la autoridad que requirió los documentos que acreditaran fehacientemente los hechos que imputó a Alfonso Machuca en el programa, situación que no aconteció, luego de que el empresario dijera que los papeles se encontraban en la carpeta de investigación que inició en el mes de mayo de este año, respecto a supuestos acontecimientos 2012.
Jorge Antonio Rodríguez Medrano aseguró al Ministerio Público que el periodista solicitó la expedición de dos facturas por la cantidad total de nueve mil novecientos noventa y ocho pesos, mismos que según su denuncia eran para cubrir supuestos adeudos de Machuca Trejo con el empresario, sin embargo, a decir de él, esa cantidad nunca se pagó, situación que llevó a denunciar al comunicador por abuso de confianza.
En entrevista con esta organización, Machuca Trejo refirió: “en un principio quise dejar pasar eso, pero después de lo que vemos creemos que no es coincidencia que ataque a ciertos periodistas, se ha dedicado a difamarnos, a atacarnos, ha creado campañas de desprestigio a los que hemos sido críticos de la administración estatal y municipal”.
“Para ARTICLE 19 resulta preocupante el constante hostigamiento legal de Jorge Antonio Rodríguez Medrano en contra de distintos periodistas y colaboradores de medios de comunicación, tal como el presente caso en el cual Alfonso Machuca es denunciado sin exhibir pruebas que acrediten la acusación y la afirmación hecha en el programa “IVÁN Y VIENEN” en contra de Machuca, mismo que se suma al caso del abogado José Roberto Saucedo Pimentel, quien ha sido demandado en seis ocasiones por supuesto daño moral cometido en perjuicio de la familia del empresario debido a publicaciones realizadas a través de su perfil de Facebook en relación a notas periodísticas donde se señala la relación entre Jorge Antonio Medrano y funcionarios municipales.
“A esta situación, se suma el intento de allanamiento al domicilio del periodista director de El Otro Enfoque, Alfonso Machuca Trejo, documentado por esta organización el pasado mes de enero de 2018.
“El demandante cuenta con un historial de utilización de recursos legales como medio de intimidación a otros medios. Uno de estos casos es el periodista Arnoldo Cuéllar y el portal Zona Franca, quienes han sido víctimas de una demanda de daño moral por parte de Rodríguez Medrano a causa de la publicación de los contratos por casi ocho millones de pesos que presuntamente recibió de parte de la administración pública de la capital del estado, del modo en que se han colocado a familiares de Rodríguez en puestos de la administración local así como de estar exentos del pago por el uso de vía para la distribución de cableado de su servicio de televisión.
“A través de publicaciones en su portal, Zona Franca ha develado los beneficios que TV8 de Guanajuato ha disfrutado debido al cargo en el ayuntamiento local que ostenta la Regidora Silvia Rocha, esposa de Rodríguez Medrano. En dicha investigación se detalla el modo en que los hijos de esta pareja han sido favorecidos con cargos dentro de la administración municipal como es el caso de Jorge Alberto Rodríguez Rocha y Héctor Alejandro Rodríguez Rocha en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Respecto al SIMAPAG, cabe mencionar que dicha dependencia ha pagado al director general y dueño de TV Guanajuato cerca de tres millones de pesos durante cinco años. El contrato más grande que ha recibido se dio en el 2017 con una factura por 750 mil pesos. La publicación de dicha investigación periodística y las notas de seguimiento correspondiente han generado también un efecto de represalias en contra de Arnoldo Cuéllar con una clara intención de generar un efecto inhibidor del ejercicio del periodista y su medio, Zona Franca.
“Los hechos antes descritos observan una clara tendencia de parte de Jorge Antonio Rodríguez Medrano a utilizar recursos judiciales para inhibir la práctica periodística. Ante este panorama, desde ARTICLE 19 hacemos un llamado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato para que considerando los hechos vertidos en esta alerta, deseche las demandas interpuestas en contra de los periodistas antes mencionados, priorizando el derecho a investigar, difundir y recibir información de los demandados.
“En medio de un clima de hostigamiento y acoso judicial en contra de la prensa crítica en el municipio de Guanajuato y en otras regiones del estado, ARTICLE 19 hace un llamado al Gobierno estatal para que en su calidad de garante de la libre expresión, promueva un ambiente idóneo para la práctica periodística. El hacer caso omiso de dicha obligación, no sólo vulnera el derecho de los periodistas a realizar su labor sino también viola los derechos de los habitantes de Guanajuato a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
“Al mismo tiempo, ARTICLE 19 exige a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que actúe en el ámbito de sus facultades.
“Asimismo, realizamos un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que cumpla con su obligación de prevenir y proteger a los periodistas acosados a fin de que a través de su incorporación se disuada cualquier escalamiento de las agresiones en su contra.
