Abogados de Quintana Roo se movilizaron para recolectar firmas en contra del paquete de impunidad impulsado por el Gobernador Roberto Borge Angulo y aprobado por el Congreso estatal. Y ayer, el mandatario dio a conocer que “está en disposición de promover la abrogación o derogación de los puntos que generaron la acción de inconstitucionalidad, procediendo a la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativo y a promover la renuncia de los magistrados nominados” tras una reunión que sostuvo con la Procuradora Arely Gómez González, para tratar la inconstitucionalidad que fue promovida por el Gobierno federal.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Ante la presión de ciudadanos y del Gobierno federal, finalmente el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, cedió y se dijo dispuesto a echar atrás los nombramientos en materia de transparencia y combate a la corrupción, que han sido calificados como una especie de blindaje transexenal.
“El Gobierno de Quintana Roo está en disposición de promover la abrogación o derogación de los puntos que generaron la acción de inconstitucionalidad, procediendo a la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativo y a promover la renuncia de los magistrados nominados”, dijo Borge en la reunión que sostuvo ayer con la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, de acuerdo con un comunicado.
El mandatario priista acudió a las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México para la controversia constitucional sobre la creación del Tribunal.
Sin embargo, ya una propuesta de desaparición de poderes en el estado para asestar un golpe a la corrupción es impulsada por abogados agremiados que buscan el apoyo de la ciudadanía.
Desde el 5 de julio, un análisis jurídico de la Barra de Abogados de la Riviera Maya encontró inconstitucional las leyes que permitieron a Borge Angulo nombrar puestos clave como lo son los titulares de la Auditoría Superior del estado, la Fiscalía General del estado y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
“Nosotros consideramos que estas reformas que hizo el Congreso local se contrapone con la Constitución federal, porque ellos legislaron para estar acorde a las nuevas leyes anticorrupción, pero como todos sabemos, estás no han sido publicadas. ”, dijo el abogado Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra.
A través de cuatro módulos de recolección en las ciudades de Chetumal, Cancún, Playa Ventura y de firmas los abogados pretenden que se desparezcan los poderes en el estado: “Me informa el abogado Raúl Ojeda que nos está apoyando que hasta el momento llevan más de mil firmas sólo en Chetumal”, dijo Cruz. La junta de firmas que inició ayer estará realizándose hasta el 20 de julio.
Después de que el Presidente Enrique Peña Nieto ordenase a la Procuraduría General de la República (PGR) a solicitar la inconstitucionalidad de este paquete legislativo, algunos se preguntan qué pasará si estas no proceden a cabalidad.
“Yo creo que es probable que se puedan remover muchas de estas iniciativas, pero habría que ver. Hay que recordar que la ley no se puede ver modificada. O ninguna puede ser retroactiva en perjuicio de nadie. Ese es el problema. Por ejemplo, en el caso de los escoltas por 15 años[que gozará el Gobernador, por modificaciones al a Ley de Seguridad Púbica] es una aberración”, dijo Jorge Aguilar Osorio, Diputado independiente con licencia.
Asimismo, barras independientes están pretendiendo en un plazo no mayor a cinco días presentar amparos colectivos en contra de las reformas, que fueron aprobadas en reuniones privadas realizadas en hoteles.
“Tengo entendido que se van a presentar uno por cada acto que se realizó el Congreso, es decir uno en contra del Fiscal General, otro contra el Auditor y uno contra los Magistrados”, dijo Cruz.
RED DE PROTECCIÓN
Borge Angulo impulsó la elección de Javier Félix Zetina González, un priista cercano a él y a la administración anterior, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.
“La realidad es que efectivamente ellos nombraron un titular de la Auditoría Superior del estado por siete años, una persona que ha estado constantemente en problemas de corrupción”, dijo Aguilar.
Además, Borge diseñó la creación de un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia, en el que se dejó al frente a Carlos Arturo Álvarez Escalera, al cual se le pretende dejar nueve años en su puesto; así como a tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Uno de ellos, Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC).
En este contexto, en una conferencia de prensa a principios de mes, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés criticó que “este es el peor PRI que hemos visto en la historia de nuestro país”.
También el Congreso estatal estaría ocultando las maniobras de Borge, recordó el Diputado independiente Jorge Aguilar.
“Dentro del Congreso se nombraron algunas direcciones, como una de Concertación Legislativa, para dejar unos amigos y compadres del Gobernador. Nos parece una actitud fuera de lugar. Hay una persona, Emilio Villanueva, a la que la han creado una dirección creada solo para él. Un congreso que sea de paso tiene 600 empleados y funcionaría a la perfección con 250”, detalló.
Pese a la intención del Presidente Enrique Peña Nieto de echar abajo estas leyes aprobadas, el Gobernador de Quintana Roo se manifestó desafiante en un principio y dijo que esperaría que la corte diera la última palabra.
En su cuenta de Twitter, Borge expuso tras anunciarse la impugnación de la PGR a sus leyes: “Somos respetuosos del recurso promovido por la PGR y acataremos cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En un intento por minimizar las modificaciones que deberán arreglarse y no todo el paquete de leyes aprobadas, el Gobernador priísta expuso: “El recurso de inconstitucionalidad presentado por la @PGR_mx se encamina a atender temas muy concretos, tal como lo afirmó el Subprocurador”.
Ayer reculó.
GOBIERNO CONTRA LA GENTE
El Gobierno de Roberto Borge estuvo caracterizado por los desalojos, y los partidos de oposición apuntalaron que esa fue una de las razones por las cuales el Partido Revolucionario Institucional perdió las recientes elecciones. En mayo, alrededor de 30 familias del municipio de Bacalar acusaron a Borge de quitarles diversos predios en el boulevard de la localidad.
Los afectados expusieron que Borge Angulo, a través del Instituto de Patrimonio de la Administración del Estado (IPAE), pretendió invalidar la constancias de ocupación y ejidales concedidas por las autoridades ediles, con el fin de entregarlas a manos de desarrolladores inmobiliarios.
“Borge no sólo se metió con sus adversarios políticos, sino con la ciudadanía, despojos a los empresarios, falta de transparencia en los recurso públicos, muy constantes violaciones a derechos humanos, encarcelamientos a periodistas”, dijo Aguilar.
La noche del 23 de junio diversas protestas ciudadanas se llevaron a cabo en el municipio de Benito Juárez. Un día después de que los diputados locales, en su mayoría suplentes, aprobaron el paquete de leyes que blindarían a Borge, decenas de personas se dieron cita a protestar en el ayuntamiento de la localidad. Ahora mediante las firmas, los abogados pretenden que la desaparición de poderes concrete el hartazgo ciudadano.
