Otros tres policías del caso Tlatlaya son vinculados a proceso penal; podrían enfrentar juicio en libertad

15/07/2015 - 10:52 pm
Ya suman siete elementos policiacos sometidos a proceso por el caso en el que 22 civiles fueron supuestamente ejecutados de manera extrajudicial por elementos del Ejército mexicano.  Foto: Archivo
Ya suman siete elementos policiacos sometidos a proceso por el caso en el que 22 civiles fueron supuestamente ejecutados de manera extrajudicial por elementos del Ejército mexicano. Foto: Archivo

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Un juez vinculó a proceso a tres policías ministeriales implicados en el caso Tlatlaya, acusados de haber torturado a una testigo de los hechos ocurridos el 30 de junio del año pasado.

Los elementos policiacos ya tenían una orden de aprehensión; sin embargo, enfrentarán su proceso en libertad, para lo que se les fijo una fianza de casi 60 mil pesos a cada uno.

Un juez de control del distrito de Toluca fue quien tomó la determinación con los que suman siete elementos policiacos sometidos a proceso por el caso en el que 22 civiles fueron supuestamente ejecutados de manera extrajudicial por elementos del Ejército mexicano.

El pasado 2 de junio, cuatro policías ministeriales que fueron detenidos el aniversario de la matanza fueron liberados por un Juez.

Sin embargo, un juez de control del distrito judicial de Toluca, concedió la libertad bajo las reservas de ley a los cuatro policías ministeriales aprehendidos por los mismos cargos que los que este miércoles se le imputan a los otros tres efectivos.

Las posibilidad de que los elementos de seguridad mexiquense  enfrentar los juicios en libertad se desprende de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, vigente en la entidad desde el año de 1994, en la que ese delito está considerado como “no grave”.

Dichas acciones, según la Procuraduría de Justicia del Estado de México, derivó de la recomendación emitida 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la denuncia respectiva, que “se dependen de pruebas suficientes para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas” con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo.

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