Aunque hay leyes bilaterales de protección de infantes, los menores mexicanos repatriados de EU quedan a merced del tráfico, persecución y explotación en la frontera norte, por la incapacidad gubernamental para protegerlos y darles un hogar seguro.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Quizá ganar dólares no es la prioridad, pero sí huir de maltratos físicos , abusos sexuales incluso de familiares, de la amenaza del crimen organizado o simplemente reencontrarse con sus familia. Para los niños y adolescentes mexicanos ese es el sueño americano, pero cruzar la frontera a esa edad y sin compañía es como caminar entre un laberinto sin salida.
Garantizar su protección es un deber que el gobierno de Estados Unidos se niega a cumplir, a pesar de que México firmó tratados internacionales y el Congreso aprobó reformas en la materia, pero la política de “la puerta giratoria” (nombre dado al hecho de que los menores salen del país, tan pronto como entran) continúa vigente.
En diciembre de 2008 se modificó la Ley sobre Protección de las Víctimas de Trata (Wilberforce Trafficking Victims Protection and Reauthorization Act 2008), que exige al Departamento de Seguridad Nacional entrevistar a los menores para saber los motivos que los obligaron a dejar su país, así como evaluar si su regreso implica un mayor riesgo para ellos.
Sin embargo, en la mayoría de los casos es la Patrulla Fronteriza la que tiene el primer contacto con los niños y jóvenes, y es la que decide entregarlos a las autoridades mexicanas sin saber las causas que los forzó a irse.
Como resultado, la ley que ofrece protección a todos los menores de edad no sólo es letra muerta sino que también aumenta el riesgo de tráfico, persecución y explotación para aquellos que regresan a México. Tan sólo en 2012 fueron repatriados 13 mil 454 menores, de acuerdo con cifras de la Red Consular de México.
Para Maru Cortazar, directora ejecutiva de Appleseed México, la explicación se encuentra en la ubicación geografía de México, que al ser un país contiguo a Estados Unidos es ese país el que decide regresar a los menores migrantes de una manera “expedita”, sin que se realicen las evaluaciones que marca la ley. La consigna es: “¿Eres mi país vecino? Te regreso a tu niño”, expone.
A diferencia de los jóvenes centroamericanos, a quienes no se les puede repatriar de manera inmediata, debido a los trámites del traslado, los mexicanos son llevados a la frontera para ser entregados al sistema de servicio social, que tampoco se asegura que los niños, niñas y adolescentes sean enviados a un ambiente seguro, plantea.
“El Estado debe tener la responsabilidad de saber quién fue por el niño y cómo se fue. Hay casos donde los coyotes los recogen diciendo que son los tíos y se los llevan sin que nadie sepa nada. ¡Eso es terrible!”, reflexiona la especialista de Appleseed, una organización sin fines de lucro que tiene 16 centros en Estados Uidos y México para analizar injusticias sociales, proveer especificaciones y abogar por soluciones a problemas que requieren de un cambio sistémico.
Existen las leyes, protocolos y tratados, pero hace falta una voluntad política para articular todas las instancias de los gobiernos de Estados Unidos y México para enfrentar el problema, considera.
SISTEMA CON POCA CAPACIDAD
La presencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en las zonas fronterizas es un avance, pero no es una solución para garantizar la seguridad de los menores migrantes ya que no tiene la capacidad necesaria para atender tanta demanda; muchos de los menores repatriados son canalizados a los albergues públicos o privados sin tener un seguimiento, explica Maru Cortázar.
En el informe realizado por Appleseed y denominado Niños en la frontera: rastreo, protección y repatriación de menores mexicanos no acompañados, se propone que “México debe promulgar estándares nacionales para el albergue y el tratamiento de todos los niños, niñas y adolescentes repatriados a las instalaciones del DIF municipal y estatal con la finalidad de regular la asistencia social, médica y psicológica, así como las condiciones y medios en mira de la reunificación familiar”.
Pero para que el DIF pueda ejecutar estos protocolos de la valoración del interés superior del niño se requiere de una gran inversión por parte del gobierno mexicano: “No me atrevo a decir un número, pero es una cantidad muy fuerte”, destaca Cortazar en entrevista con SinEmbargo.
Y agrega: “En Appleseed creemos que el DIF tiene la responsabilidad de mantener el contacto con el niño y un seguimiento para saber qué ocurre con él, cuál es el ambiente en su hogar, los motivos por los que cruzó la frontera o intentos previos”.
Un control que tendría que existir si se toma en cuenta que desde hace un par de años el DIF, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), trabajan en colaboración para ofrecer asistencia a los infantes deportados.
Sin embargo, Cortazar afirma que dichas instituciones no cuentan con una coordinación ni mucho menos un acceso compartido a la información, un obstáculo que le impide al DIF proveer asistencia en miras de una reunificación y protección exitosa del menor de edad.
“Cada una de las bases de datos carece de información que pudiera ayudar a los servicios de asistencia social del DIF e identificar a los menores de edad que hayan intentado cruzar la frontera repetidamente, de tal forma que les ayude a mejorar la protección de aquellos menores de edad a su cuidado”, sostiene.
Un intento positivo, pero no homologado es el albergue del DIF en Nogales, Sonora, uno de los tramos de la frontera norte donde se registran mayor cantidad de menores deportados. Tan sólo de los 11 mil 520 niños y jóvenes que la Patrulla Fronteriza regresó a México en 2011, el 47% llegó por esta zona, de acuerdo con cifras del INM y el DIF estatal.
“En ese albergue tienen trabajadoras sociales, psicólogos, asistencia legal. Nos gustaría que los servicios fueran iguales a lo largo de la frontera”, comenta la activista.
NIEGAN OPORTUNIDAD
Una vez que los menores son detenidos por la Patrulla Fronteriza pasan por cuatro entidades diferentes: dos en Estados Unidos y dos en México, donde son obligados a responder cientos de preguntas.
Entre los documentos que entrega la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos se encuentra el formulario I-770, el cual, sirve para confirmar si el menor toma la decisión “voluntaria e independiente” de regresar a México, pero que no sea clara o esté redactada en inglés impide realizar una evaluación minuciosa para saber quiénes están dentro de un verdadero peligro en su país.
“Los niños la firman y es ahí donde rechazan su derecho a ser escuchados ante un Juez y ser recibidos por Estados Unidos como un posible refugiado”, sostiene Maru Cortázar.
En el informe Niños en la frontera: rastreo, protección y repatriación de menores mexicanos no acompañados se precisa que más del 50% de los niños y adolescentes repatriados se quedan en los albergues menos de un día, mientras que sólo 1.41% se queda más de 10: “El DIF está limitado debido al alto número de menores que deben ser procesados en un corto tiempo”, agrega la especialista.
La deportación no es algo que los obligue a abandonar el sueño de llegar a Estados Unidos. Aunque el costo de un coyote es muy elevado –oscila entre los mil o 2 mil 500 dólares– diseñan tantas formas de cruzar como las condiciones geográficas y de seguridad lo permitan: a través de un túnel subterráneo, una larga caminata en el desierto, en una balsa o nadando por el río.
El niño puede viajar y cruzar la frontera en la compañía de uno de sus padres, de un pariente, amigo cercano o el coyote; sin embargo, se convierte en un menor de edad “sin compañía” en términos oficiales, cuando el grupo se dispersa en el momento que buscan evadir ser detenidos.
GENERACIONES MIGRANTES
El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha modificado el patrón migratorio entre los mexicanos. Ahora, son cada vez más niños y adolescentes los que cruzan la frontera.
Aunque no hay una cifra que indique cuántos llegan cada año a Estados Unidos ni tampoco cuántos desaparecen en el trayecto, especialistas resaltan que el fenómeno de migrantes menores de edad no es un tema legal, sino político y ético en el que se debe de tomar conciencia de la magnitud del problema.
Para Nashely Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social y consejera de la Red por los Derechos de la Infancia, la migración de menores de edad, incluso antes de la primera infancia –antes de los siete años–, es el resultado de un patrón familiar, “desde pequeños aprenden que la única forma de madurar y tener oportunidades es cruzar la frontera, porque lo vivieron con sus padres”.
La emigración ha dejado a miles de familias separadas. Hace 15 años el ciclo migratorio permitía que hombres y mujeres entraran y salieran de Estados Unidos para traer dinero, pero ahora prefieren no arriesgarse, aunque eso implique dejar a los hijos solos o animarlos a viajar con los coyotes o polleros sin considerar los peligros que pueden enfrentar.
