En México, el estado de Colima ha sido azotado por una guerra por el control de la creciente producción y tráfico de drogas sintéticas.
Por Christopher Newton, Chris Dalby y Peter Appleby
Ciudad de México, 15 de junio (Insight Crime).– En provincias o ciudades específicas de América Latina, la violencia que generan los enfrentamientos por el control de las economías criminales registra niveles permanentemente altos, y supera en gran medida los promedios nacionales.
En México, el estado de Colima ha sido azotado por una guerra por el control de la creciente producción y tráfico de drogas sintéticas. La capital de Venezuela, Caracas, no ha logrado acabar con los altos niveles de violencia que surgieron tras la aparición, ya hace varias décadas, de las primeras megabandas en el país. Y en Brasil, el estado de Roraima ha padecido enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, los aguerridos mineros de oro y las comunidades indígenas, lo cual ha causado miles de muertes.
Para comprender mejor cómo las dinámicas del crimen organizado contribuyen a la violencia en estas áreas, InSight Crime recopiló los datos sobre homicidios en provincias, estados y distritos de América Latina entre 2018 y 2022. A continuación, identificamos cinco de los peores años de los distritos más violentos de la región y exploramos las razones de dicha violencia.
COLIMA, ,ÉXICO, 2022: 110 por 100.000
Colima, uno de los estados más pequeños de México, es la zona donde más se concentran los homicidios en América Latina. En 2022, la tasa de homicidios de Colima llegó a 110 por cada 100 mil habitantes, según cálculos del Instituto para la Economía y la Paz. Esta fue la tasa de homicidios más alta del estado y superó en más de cuatro veces el promedio nacional de ese año.
La violencia en Colima está íntimamente ligada al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cartel de Sinaloa, que dominan la producción y el tráfico de fentanilo y metanfetamina en México. Los asesinatos allí han aumentado a la par con la explosión del mercado de drogas sintéticas de Estados Unidos, particularmente el de fentanilo, dado que los ambos se enfrentan por el control de las rutas de tráfico de precursores.
Los homicidios en el estado no habían sido motivo de preocupación antes de 2016. Pero en abril de ese año, los asesinatos aumentaron un 943%, en comparación con el mismo mes del año anterior. El aumento se atribuyó a un conflicto entre el CJNG, el Cartel de Sinaloa y los Zetas ―un grupo criminal que para el momento ya se encontraba bastante debilitado― por el control de Manzanillo, el puerto de Colima en la costa del Pacífico, a donde llegan los precursores químicos provenientes de Asia, generalmente de China, utilizados para producir drogas sintéticas.
Desde entonces, los asesinatos continúan aumentando.
El año pasado fue particularmente sangriento. Tanto así, que la capital del estado, también llamada Colima, fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Dicha violencia también estuvo relacionada con el control de Manzanillo, así como con las luchas al interior de los grupos. A principios de año, los sicarios del CJNG en la ciudad, los Mezcales, se retiraron de la alianza, alegando que el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, había muerto. Luego se presentaron varios enfrentamientos, que dejaron docenas de muertos en dos meses. La respuesta del gobierno consistió en enviar 2.000 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad.
Los asesinatos en Colima han disminuido levemente este año, pero las tasas de violencia continúan por encima de la mayor parte del resto del país; a veces incluso se presentan hasta seis asesinatos al día.
REGIÓN CAPITAL, VENEZUELA, 2022: 90 por 100.000
La Región Capital de Venezuela, compuesta principalmente por la ciudad de Caracas, registró una tasa de homicidios de 90 por 100.000 habitantes en 2022, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Esta cifra fue más del doble de la tasa nacional de 40 por 100.000 ese mismo año.
La falta de transparencia en Venezuela dificulta obtener cifras precisas, ya que las estadísticas oficiales, si es que existen, no son confiables. Por eso nos basamos en los datos del OVV, que son obtenidos de fuentes de noticias locales.
Esta concentración de la violencia es causada en gran parte por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad venezolanas y las abundantes bandas criminales de la capital que se dedican a la extorsión, el microtráfico y el secuestro en los barrios de Caracas.
En 2021, el líder pandillero Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, controlaba el barrio más grande de Caracas, Cota 905. Durante años, El Koki y las autoridades venezolanas mantuvieron un pacto de no agresión, lo que le permitió a Revete liderar su imperio criminal sin ningún obstáculo. Pero a principios de 2021, El Koki decidió invadir el barrio de La Vega, al norte de Cota 905. Las autoridades respondieron de manera enérgica, y el 8 de febrero, una redada realizada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dejó un saldo de al menos 23 personas muertas, la mayoría de ellas sin relación con la megabanda. Exactamente un año después de la operación, las fuerzas venezolanas dieron con El Koki y lo abalearon. Pero sus lugartenientes han continuado con la violencia, incluyendo ataques con granadas, tras los cuales se han presentado otras incursiones con letales resultados.
Una rivalidad entre pandillas en el barrio Petare, estado Miranda, también ha llevado al aumento de los homicidios en la Región Capital. Si bien la pandilla liderada por Alexander Acevedo Monasterios, alias “Wilexis”, tiene múltiples rivales, la pugna más hostil es con los Chicorrios. Durante 2021, Wilexis intentó expandir su dominio, lo que dio lugar a tiroteos callejeros en los que murieron varios pandilleros. Las redadas policiales llevadas a cabo presuntamente para combatir las bandas de Petare han causado la muerte de docenas de pandilleros a lo largo de los años, y son comunes las acusaciones de asesinatos extrajudiciales por parte de la policía.
En 2021, el 36 por ciento de las muertes violentas en la capital fueron ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, según el monitoreo de Runrunes, un medio venezolano de prensa investigativa.
ESMERALDAS, ECUADOR: 81 por 100.000
La tasa de homicidios de Ecuador se disparó casi un 500 por ciento entre 2016 y 2022 —quizá el aumento más rápido en Suramérica—. Gran parte de esta violencia está relacionada con el auge del comercio de cocaína y la conveniente ubicación de Ecuador como punto de partida de drogas hacia Europa.
Varias pandillas se disputan el transporte de cargamentos de cocaína a través de vías fluviales que se extienden hacia el sur desde la frontera de Ecuador con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, hasta los puertos de Ecuador en el Pacífico.
La batalla por el control de la ciudad portuaria de Esmeraldas, ubicada en la provincia noroccidental del mismo nombre, donde se encuentra el puerto principal más cercano a Colombia, ha convertido a la provincia en el foco de los homicidios en Ecuador. En 2022, los asesinatos en la provincia de Esmeraldas se duplicaron en el lapso de un año, y su tasa de homicidios alcanzó 81 por cada 100.000 habitantes, cifra que hace ver pequeño el promedio nacional, que es de 22 por cada 100 mil habitantes.
Quizás lo más alarmante es la velocidad con la que ha crecido la tasa de homicidios de Esmeraldas. En 2019, era de solo 10 por 100.000. Pero los asesinatos han aumentado a medida que aumentan los volúmenes de cocaína que pasan por el territorio nacional. En 2022, en el país se incautaron 201 toneladas de drogas, de las cuales se estima que el 90 por ciento era cocaína. Esta cantidad fue de más del doble de lo incautado tres años antes.
Los Tiguerones, que cuentan con unos 4.000 o 5.000 miembros, es la pandilla más grande de Esmeraldas. Hace parte de una alianza nacional para el tráfico de cocaína liderada por los Lobos, que tienen estrechas conexiones con el CJNG, de México. Se cree que la pandilla es responsable de gran parte de la violencia en Esmeraldas, y en Ecuador en general, pues emplea tácticas de terror, como los atentados con carros bomba. En abril de 2023, los Tiguerones fueron acusados de intensificar aún más la violencia, tras la masacre de nueve pescadores en un puerto de Esmeraldas.
RORAIMA, BRASIL, 2018: 72 por 100.000
Durante un siglo, la minería ilegal de oro ha hecho parte de la vida en Roraima, el estado más septentrional de Brasil. Allí, los enfrentamientos violentos con la policía y las comunidades indígenas, aunque ocurrían esporádicamente, fueron poco frecuentes hasta 2011.
Ese año, decenas de miles de mineros llegaron a Roraima, expandiendo el área en la que buscaban oro, lo que llevó a un aumento de los enfrentamientos con la comunidad indígena Yanomami, cuyo territorio abarca Roraima y el estado vecino, Amazonas.
Entre 2011 y 2018, la tasa de homicidios de Roraima creció un 410%. En 2018, alcanzó los 72 asesinatos por cada 100.000 habitantes, más del triple que el promedio nacional de Brasil y, de lejos, la peor cifra del país. Si bien la tasa de homicidios se redujo a 39 por 100.000 al año siguiente, las cifras de Roraima en 2018 siguen siendo las peores que se hayan registrado en un solo estado brasileño hasta la fecha.
Los factores que causaron el incremento en los homicidios en Roraima hace seis años no han sido abordados, e incluso hace poco los mineros ilegales y sus financistas se sintieron empoderados por el apoyo político, tanto a nivel federal como local, del estado. Un legislador local incluso les vendió armas a los mineros, y un sargento del ejército fundó en 2019 una milicia para protegerlos.
A la zona también llegaron los grupos del crimen organizado tradicionales de Brasil, especialmente el Primer Comando Capital (PCC), proporcionando armas, suministros, llevando trabajadoras sexuales a la zona e incluso brindando protección a cambio de una parte de las ganancias. Los yanomamis, cuyo apoyo gubernamental fue removido por el expresidente Jair Bolsonaro, quedaron abandonados a su suerte. En 2021, al menos 101 yanomamis murieron en enfrentamientos relacionados con el comercio ilegal de oro, según Alianza Biodiversidad, una organización de derechos ambientales. Decenas de mineros también han sido asesinados.
Con el regreso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, apareció una luz de esperanza para Roraima. Aunque una gran movilización de las fuerzas de seguridad del Estado se logró expulsar a miles de mineros ilegales, los que quedan continúan con las excavaciones. La violencia entre los mineros ilegales de oro y los residentes yanomami dejó al menos 14 muertos entre el 29 de abril y el 6 de mayo, lo que provocó el envío de cientos de soldados del ejército adicionales.
AMAMBAY, PARAGUAY, 2021: 70 por 100.000
Las guerras territoriales por el comercio de marihuana en el departamento de Amambay, Paraguay, elevaron la tasa de homicidios del departamento a 70 por cada 100.000 habitantes en 2021, casi diez veces el nivel nacional.
Situado en la frontera con Brasil y aislado entre montañas, Amambay es un departamento predominantemente rural con poca presencia estatal. Estos factores llevaron al departamento a convertirse en una potencia en la producción de marihuana y en uno de los principales proveedores de esta planta para los múltiples grupos que compiten por el control del tráfico de marihuana en Suramérica, en especial las pandillas brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y Comando Rojo (Comando Vermelho, CV). Debido a su ubicación, es un territorio vital para el tráfico de marihuana y cocaína hacia Brasil, y las fuerzas de seguridad de ambos países incautan regularmente miles de toneladas de marihuana en el departamento.
Sin embargo, la violencia se centra alrededor de la capital de Amambay, Pedro Juan Caballero, un corredor de tráfico y contrabando hacia el municipio brasileño de Ponta Porã. Aunque la ciudad es usada como sede del PCC en Paraguay, el grupo no ha logrado establecer un dominio completo allí, y con frecuencia se presentan violentos enfrentamientos con el CV y el Clan Rotela, de Paraguay.
En aquellos lugares donde el Estado ha atacado a las pandillas, se ha producido violencia. Los asesinatos de rivales y políticos se han vuelto comunes. La familia Acevedo, que durante mucho tiempo ha dominado la política de la ciudad, se ha convertido en objetivo de estos grupos. El exalcalde José Carlos Acevedo y su hija, Haylee, fueron asesinados el año pasado.
