El sexenio de Andrés Manuel López Obrador se aproxima a su final; los aspirantes a sucederlo han renunciado a sus respectivos cargos para competir por la candidatura de Morena, en el 2024, con marcada y alevosa anticipación. El partido del Presidente no sólo quiere ganar la Presidencia de la República: busca obtener mayoría absoluta en el Congreso, según afirman, para seguir con la transformación del país, pues se requerirán muchos cambios constitucionales.

Lo que es evidente es que el Gobierno de la Cuarta Transformación se enfila a su cierre con muchos pendientes: la inseguridad pública sigue sin resolverse pese a la militarización; los grupos criminales –16 en total con sus respectivas ramificaciones –continúan en pie de guerra por el control territorial, el mercado de las drogas y los recursos naturales.

El fenómeno del fentanilo cobra todavía mayor auge porque los grupos criminales –con la complicidad de funcionarios –importan el precursor químico a México y no se observa que las policías estatales ni la Guardia Nacional y mucho menos las Fuerzas Armadas frenen el flagelo. López Obrador herederá muchos conflictos, pues el tiempo avanza inexirablemente sin soluciones.

Quizá los logros más significativos de su Gobierno son los programas sociales y, bajo cuestionamiento por su baja operación, está el Aeropuerto Felipe Ángeles; también la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y el Tren Maya, cuya construcción ha ido avanzando en medio de trabas legales y protestas presuntamente por los daños ecológicos que ha causado.

Hay otros conflictos laborales que López Obrador se comprometió a resolver y siguen pendientes. Es el caso de los trabajadores portuarios de Veracruz a quienes Carlos Salinas arruinó en 1991 al declarar la requisa al puerto de Veracruz para apropiarse del negocio portuario a través de nuevas empresas que, con permisos, comenzaron a explotar la actividad portuaria y marítima en el llamado primer puerto de México.

A lo largo de cuatro años, los más de cuatrocientos socios que confirman el sindicato de maniobristas han emprendido una lucha atroz de la mano de su actual líder –Alejandro Pulido –quien ha logrado obtener sentencias favorables que “ya causaron ejecutoria”, según él mismo explica, que tienen que ver con la concesión de cien años que la organización sindical tenía desde los años setenta.

Dicha concesión –dice el también abogado laborista –ya fue recuperada y tenemos todo el derecho de ponerla a trabajar en el puerto, pero no vamos a causar afectaciones a los actuales obreros. Nuestros logros legales son para efectos estrictamente liquidatorios por el daño que nos causaron en 1991.

–¿Por qué no se resuelve este problema cuando ya falta tan poco para que se acabe este Gobierno? –se le pregunta a Alejandro Pulido.

–Nosotros confiamos en el Presidente. Él nos dio su palabra de que este caso sería resuelto, pero ha sido lento. Intervienen factores como la burocracia, los intereses de funcionarios menores que sirven al neoliberalismo, a Carlos Salinas y a Dante Delgado. Uno de ellos es Eugenio Hernández, coordinador jurídico del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, quien nos ha obstruido la entrega de edificios. Sin embargo, ya denunciamos que hace negocios vendiendo edificios mediante supuestamente a bajo costo: recibe una suma legal y otra por abajo del agua. Este personaje responde a los intereses de Carlos Salinas y Dante Delgado, los que nos perjudicaron en 1991.

Otra pieza que Alejandro Pulido identifica como “gente de Salinas” y a quien acusa de ser un obstáculo en el caso portuario es la titular del área jurídica del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

–Hay varios puntos en el pliego petitorio que ustedes están negociando con el Gobierno. ¿Cuáles son los principales objetivos a alcanzar en esta fase final del asunto portuario?

–La devolución de los edificios. De hecho ya tenemos la posesión con excepción del inmueble que alberga al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Veracruz y otro que era donde estaba nuestra empresa Servicios Portuarios. Además, nos tienen que otorgar las pensiones. La requisa provocó que se suspendieran nuestras cotizaciones y ahora nos tienen que entregar las pensiones que nos corresponden.

“Otro punto es la reposición de todas nuestras cuentas con sus respectivos saldos. Recientemente nos informaron oficialmente que las cuentas no están embargadas y ya están disponibles. Otro más es el que tiene que ver con nuestra concesión para la explotación de las tareas portuarias. Tenemos un fallo judicial inapelable que nos da la razón: la concesión es nuestra. Las actuales empresas que operan en la zona portuaria no tienen concesión, trabajan con permisos. De tal suerte que dichas empresas, entre otras Icave y Cice nos tienen que pagar el usufructo ilegal de 32 años. 

Pulido explica que los permisos con los que operan las empresas a las que Carlos Salinas les entregó el puerto de Veracruz los obtuvieron mediante maniobras ilegales: fue el plan B de Salinas, Andrés Caso Lombardo, Ángel González Rull y Jorge Lecuona para justificar su entrada al puerto y explotar las maniobras. 

“Ahora que nosotros tenemos la razón jurídica, en el sentido de que la concesión de cien años es del sindicato de maniobristas, en estricto sentido esas empresas deberían estar trabajando con nosotros. Podríamos quitarlas. Pero ese atropello nunca lo vamos a hacer. No vamos a repetir la misma injusticia que nos hicieron. Nuestra lucha es sólo para efectos liquidadores, para que nos devuelvan lo que legalmente nos corresponde”.

Según Alejandro Pulido en este mes el problema laboral de los portuarios debe quedar resuelto. 

–¿Será?

–Confiamos en que así será –dice convencido.

APUNTES DEL SUBSUELO

LA VIOLENCIA en Tamaulipas y en Baja California sube de todo; lo más grave es que en la entidad que gobierna Américo Villarreal el Ejército ha hecho uso de una fuerza excesiva que ya ha trascendido a niveles internacionales, pues ha incurrido en crímenes e incluso en presuntas ejecuciones extrajudiciales. 

El tono de la violencia criminal no es menor en Baja California, y particularmente en la ciudad fronteriza de Tijuana: la Alcaldesa de esa demarcación –Monserrat Caballero –decidió irse a vivir a un cuartel militar del 18 batallón de infantería por temor a ser asesinada.

Presuntamente, la decisión de cuartelarse no fue resultado de una decisión personal: fue una sugerencia de altos mandos de la Guardia Nacional debido a las amenazas y atentados que la Alcaldesa ha sufrido aparentemente por los golpes que su Gobierno le ha asestado al crimen organizado.

Ella presume resultados ante el crimen: sostiene que la policía de Tijuana –antes una de las más corruptas del país, pues sus miembros operaban al servicio de cárteles –ha decomisado mil 721 armas a los grupos criminales entre octubre de 2021 y mayo de este año.

Ha logrado la captura de 785 generadores de violencia o personas que forman parte de células criminales, que han sido puestos a disposición de las autoridades.

Y ella atribuye a estos logros las amenazas y los intentos de asesinato que ha enfrentado. 

Cabe decir que en Baja California opera el Cártel de Jalisco, Sinaloa, y el de Tijuana Nueva Generación. Hay, además, una disputa atroz por el control de la frontera, una de las más importantes del país.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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