Las visiones contrapuestas entre el Presidente López Obrador y los empresarios más acaudalados sobre las decisiones a tomar, han hecho imposible la construcción de un acuerdo que proteja el empleo formal y siente las bases de una recuperación sostenida.
Por Ariel Noyola Rodríguez
Ciudad de México, 15 de junio (RT).- Las cúpulas empresariales han arreciado sus críticas al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su estrategia para enfrentar la crisis de la economía a raíz del confinamiento.
Mientras el mandatario confía en que la economía comenzará a “recuperarse” con la “nueva normalidad”, los líderes de las organizaciones empresariales más importantes del país aseguran que el plan del Gobierno “no será capaz de generar la reactivación”.
Las visiones contrapuestas entre el Presidente López Obrador y los empresarios más acaudalados sobre las decisiones a tomar, han hecho imposible la construcción de un acuerdo que proteja el empleo formal y siente las bases de una recuperación sostenida.
En medio de uno de los niveles más altos de contagio desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, en México persiste un ambiente de confrontación entre los grandes empresarios y el presidente López Obrador, aseguran especialistas.
De no sentarse a la mesa para trazar un plan de acción de manera conjunta, advierten, los más pobres serán los más afectados de esta crispación entre el Gobierno y las cúpulas empresariales.
INVERSIÓN A LA BAJA Y FUGA
México vive una “guerra” entre grandes empresarios y el presidente López Obrador, asegura Arturo Guillén Romo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa.
En entrevista, el catedrático mexicano sostiene que varios de los empresarios más importantes del país se han dedicado a “sabotear” los proyectos insignia de la denominada “Cuarta Transformación”, aunque expresen su respaldo a las acciones del Gobierno.
“Durante el mandato (de López Obrador) varios de los grandes empresarios han manifestado interés, en el discurso, en participar en los proyectos de inversión, pero estos no se han materializado hasta la fecha”.
De acuerdo con Guillén Romo, la “guerra” de los empresarios en contra de la administración de López Obrador se expresa en su negativa de inyectar montos elevados de inversión, catalizador fundamental para el crecimiento de la economía y la generación de empleos.
“La inversión privada sigue deprimida, al tiempo que la fuga de capitales se ha desbordado en los últimos meses”, lamenta el economista. Los datos oficiales revelan que, en efecto, la inversión apunta a la baja desde que López Obrador tomó posesión como presidente, mientras se incrementa la salida de capitales de cartera en medio de un clima de incertidumbre financiera internacional.
En los primeros dos meses de 2020, antes de que los efectos de la pandemia de la COVID-19 se hicieran sentir sobre la economía, la inversión fija bruta (formación bruta de capital fijo) acumuló una caída de 8.7 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Y en marzo el desplome se profundizó. La inversión fija bruta registró una caída de un 11.1 por ciento en términos anuales, de acuerdo con cifras oficiales. Gastos en maquinaria y equipo, y la construcción, registraron caídas de un 18 y un 6.9 por ciento respectivamente, con series desestacionalizadas.
Los bajos niveles de inversión, a su vez, “están cobrando factura en el crecimiento de la economía”, asegura Samuel Ortiz Velásquez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.
El académico llama la atención sobre el hecho de que, si bien la baja inversión es un rasgo inherente del “periodo neoliberal”, esta se ha contraído todavía más durante el mandato de López Obrador, un presidente con una orientación “progresista”. Al término de 2019, este indicador registró uno de los peores desempeños de los últimos años.
De acuerdo con el Inegi, con cifras desestacionalizadas el coeficiente de inversión bruta (relación inversión fija bruta a PIB) en el cuarto trimestre de 2019 cayó a 18,73 por ciento, un nivel no visto desde el primer trimestre de 2002; mientras el coeficiente de inversión privada (relación inversión privada a PIB) se situó en 16,26 por ciento, una cifra no vista desde el segundo trimestre de 2006.
“Al iniciar el Gobierno el presidente López Obrador se fijó como meta una tasa de crecimiento anual de un 4 por ciento, lo cual pasa por elevar en al menos 5 puntos porcentuales la participación de la inversión en el PIB; con el nivel actual de la tasa de inversión se comprende el abandono de dicha meta de crecimiento por parte del Presidente”.
Los empresarios vinculados a las finanzas también son parte de esta “guerra” contra el Gobierno, asegura Guillén Romo. “La oligarquía financiera mexicana, que es la fracción hegemónica del gran empresariado, en buena medida rentista, mantiene hacia el presidente López Obrador y el movimiento que encabeza una actitud de confrontación desde que era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”.
La estabilidad del tipo de cambio, un logro que el presidente acostumbraba a destacar en sus conferencias de prensa por la mañana, se desmoronó en marzo con la caída de los precios internacionales del petróleo.
Para la tercera semana de abril, en medio de una acelerada propagación de la pandemia de la COVID-19, el tipo de cambio llegó a superar los 25 pesos por dólar. Para colmo de males, la “falta de confianza” y la “rebaja de la nota crediticia” de México, llevaron a inversionistas a vender títulos de deuda, lo que precipitó todavía más la depreciación de la moneda.
En mayo, la ‘fuga de capitales golondrina’ alcanzó los 1.490 millones de dólares, según reporta Forbes. Sumados a los 12.440 millones de dólares de marzo y abril, las ventas durante estos tres meses alcanzaron los 13.930 millones de dólares. La huida de inversión de cartera fue más baja en el primer trimestre del año, 3.147 millones de dólares, según datos del Banco de México.
“DIÁLOGO SORDO” EN PLENA CRISIS
En una de las etapas más críticas para la economía, y a punto de alcanzar el “pico” de contagios por la pandemia de la COVID-19, continúan los desencuentros entre el Gobierno del presidente López Obrador y organizaciones empresariales como la Coparmex(Confederación Patronal de la República Mexicana) y el Consejo Coordinador Empresarial.
A principios de este mes, desde la ciudad de Mérida, cuando el mandatario dio uno de los “banderazos” para comenzar la construcción del megaproyecto Tren Maya, reconoció que este mes sería uno de los más complicados. Sin embargo, expresó tener “fe y esperanza” en que habría una pronta recuperación de la economía. Varios de los empresarios más acaudalados del país no comparten su optimismo.
Mientras que el Gobierno anticipa que la “nueva normalidad”, así como la puesta en marcha de su Plan de Reactivación serán suficientes para lograr un efecto “rebote”, organizaciones empresariales aseguran que el desempeño de la economía durante este año será peor de lo esperado.
Sin embargo, hay algunos puntos de convergencia entre las propuestas del presidente y las de organizaciones como la Coparmexy el Consejo Coordinador Empresarial. Ambas partes están de acuerdo, por ejemplo, en la necesidad de apoyar a pequeñas y medianas empresas (pymes), las que emplean el mayor número de personas. Donde existen diferencias es en las formas.
El Gobierno de López Obrador tiene enfocadas sus baterías en otorgar créditos a las pymes que no despidieron trabajadores durante los primeros meses de la contingencia sanitaria. El programa ‘Crédito Solidario a la Palabra’ contempla un universo de 2 millones de créditos de 25 mil pesos (unos 1.106 dólares al tipo de cambio vigente) a pagar en 3 años a una baja tasa de interés.
Vista la gravedad de la crisis, sin embargo, el Gobierno tomó la decisión de otorgar créditos a otros sectores además de las pymes. Primero, amplió el programa de créditos a trabajadoras del hogar y trabajadores independientes registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Y hace dos semanas, luego de que el Inegi reportó la pérdida de 10,3 millones de empleos informales durante abril, el Gobierno tomó en cuenta a este sector, incorporando al programa a taxistas, meseros, camaristas y comerciantes de tianguis, entre otros.
La Coparmex, por su parte, demanda que el Gobierno cargue con parte de los costos que corresponden a los empresarios. La propuesta consiste en establecer un ‘Salario Mínimo Solidario’: un salario menor o igual al que tiene cada trabajador, pero cuyo pago sería asumido de forma compartida por empresarios y Gobierno. Serían tomados en cuenta trabajadores que perciben de 1 a 10 salarios mínimos.
Según los cálculos de la organización encabezada por el empresario Gustavo de Hoyos, el desembolso a cargo del Gobierno sería de 95,2 millones de pesos mensuales, equivalente a un 0.40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
De no aceptar la propuesta, el presidente de la Coparmex asegura que en México se seguirán perdiendo 8 empleos por minuto durante el tiempo que dure la pandemia del covid-19. La “inercia” del presidente, advierte De Hoyos, tendría un costo de por lo menos 1,3 millones de empleos perdidos en el sector formal.
Renata Turrent, economista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), opina que, si bien la propuesta de la organización patronal podría contribuir a mejorar las finanzas de las pymes en medio de la crisis de la economía, no es viable por el momento.
Las decisiones del Gobierno del presidente López Obrador frente a la crisis económica han sido “muy bien analizadas” y tomadas con “mesura”, asegura la economista con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de California (UCLA). Asevera que medir la evolución de la pandemia de la COVID-19 y su impacto sobre la economía es incierto.
El “rebote” de la economía “podría llegar antes de lo esperado”, con lo cual, aceptar desde ahora la propuesta de la Coparmex podría ser “precipitado” para un Gobierno que ha sido muy “cuidadoso” en el manejo de los recursos públicos.
“No creo que la propuesta de la Coparmex sea la respuesta hoy, sobre todo porque no hay certeza sobre la evolución de la economía, es decir, no sabemos si será una crisis profunda y larga, o si habrá una pronta recuperación tras la caída como lo anticipa el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel”.
Por su parte, Samuel Ortiz Velásquez considera que el programa de microcréditos impulsado por el Gobierno se queda “muy corto” en sus alcances, pues el número de beneficiarios y el monto de los préstamos no son suficientes para atender las necesidades de financiamiento de las pymes dada la gravedad de la crisis.
En primer lugar, sostiene, los 2 millones de créditos del programa “Crédito Solidario a la Palabra” son “muy pocos” tomando en cuenta que, de acuerdo con el Censo Económico más reciente, en México operaron 4,5 millones de negocios formales durante 2018.
El monto de los créditos también resulta “demasiado bajo”. Desde antes de la pandemia de la COVID-19, muchas pymes enfrentaban dificultades de financiamiento, recuerda el también tutor de Posgrado.
“Entre las pequeñas empresas, 3 de cada 4 se financian de proveedores; y 7 de cada 10 que se financian de la banca comercial, lo dedican a pago de nómina (…) evidentemente, un crédito de 25 mil pesos no será determinante en la decisión de cerrar una empresa”.
El Gobierno mexicano y los líderes de las organizaciones empresariales están entrampados en una ola de “dimes y diretes”, sin poder hasta la fecha construir un acuerdo que proteja los empleos formales y promueva la recuperación de la economía, sostiene Ortiz Velásquez.
Aunque en el pasado, en efecto, los grandes empresarios estaban acostumbrados a “hacer negocios en lo oscurito” como ha acusado el mandatario varias veces, el doctor en Economía por la UNAM asegura que “no es la realidad para la mayoría de las pymes”, que viven del flujo de caja y están resintiendo con más fuerza los efectos del confinamiento.
“Los empresarios no confían en las políticas de este Gobierno. No le están pidiendo que les condone impuestos (como asegura el presidente), sino facilidades tributarias, por ejemplo, que puedan diferir impuestos. Y lo que el presidente López Obrador ve es corrupción y oportunismo en sus demandas. Estamos ante un diálogo de sordos”.
¿SALIDA O PROFUNDIZACIÓN?
El plan del presidente AMLO, si bien está enfocado en apoyar a la población más vulnerable, a través de los programas sociales y los microcréditos, “no es suficiente” para proteger los empleos formales dados de alta ante el IMSS. Entre marzo y mayo, las pérdidas superan el millón de empleos, según datos oficiales.
El mandatario ha prometido la generación de más de 2 millones de empleos a lo largo de 2020, los cuales, según sus cálculos, compensarían la pérdida de más de 1 millón de empleos formales entre marzo y mayo.
Samuel Ortiz Velásquez advierte, sin embargo, que las cuentas del presidente “no cuadran”. De los 2.093.364 empleos adicionales prometidos, buena parte son temporales, relacionados con la construcción de megaproyectos como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya, entre otros.
En los más de 2 millones de empleos lo mismo se toma en cuenta a los inscritos en “Jóvenes Construyendo el Futuro”, un programa gubernamental que otorga a jóvenes una beca mensual por recibir capacitación en una empresa.
“(El Gobierno) está haciendo mal las cuentas, es un error considerar a los 230.000 jóvenes que se van a incorporar a este programa entre abril y diciembre de este año como parte de los nuevos empleos”, sostiene Ortiz Velásquez.
Con todo, el presidente de México expresa “confianza” en su estrategia. Las críticas de sus opositores, lejos de propiciar ajustes en su plan de acción, lo han llevado a apretar el paso de su ruta trazada.
Por una parte, rechazo de la deuda externa, de las privatizaciones y de los rescates de grandes empresas. Por otro, reducción de los gastos de operación del Gobierno, fortalecimiento de los programas sociales y otorgamiento de créditos a pymes y población en situación vulnerable.
Los megaproyectos de infraestructura de la denominada ‘Cuarta Transformación’ no verán reducido su presupuesto a pesar de la crisis, “son parte de la recuperación de la economía”; su construcción, asegura el mandatario, hará posible la generación de decenas de miles de empleos.
Renata Turrent considera que las acciones del presidente López Obrador frente a la crisis económica son reflejo de un proceso de “cambio verdadero”. Durante los Gobiernos anteriores, asegura, “los empresarios estaban acostumbrados a dictar órdenes tras bambalinas”.
En este sentido, argumenta la economista, la llegada de López Obrador a la presidencia representa un “golpe de timón”. “Los empresarios se dedicaban a hacer política sin pagar el costo social; hoy, por el contrario, somos testigos de la separación entre el poder económico y el poder político, así es como funciona una democracia”.
Para articular una estrategia conjunta las cúpulas empresariales tendrían, primero, que cumplir con sus obligaciones fiscales, sentencia Turrent. “Si de entrada muchos de los grandes empresarios no pagan impuestos como corresponde, con qué cara piden más dinero al Gobierno para ser rescatados ante la crisis económica”.
Samuel Ortiz Velásquez sostiene que, más allá de la “falta de confianza” entre ambas partes, el “problema” es que el presidente López Obrador “no cuenta con un Plan de Reactivación a través de un pacto social”. Por tal razón, comenta, el Gobierno aceleró el regreso a la “nueva normalidad”, para amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la economía.
Según las últimas proyecciones del Banco de México para este año, en el peor de los escenarios, el desplome del PIB podría ser de hasta un 8,8% y la pérdida de empleos formales de hasta 1.4 millones.
En definitiva, si no se construye a la brevedad un “pacto social” entre Gobierno y empresarios, se corre el riesgo de que las caídas de la economía y el empleo formal “sean mucho más profundas”, concluye el especialista.
