La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos presentó el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México Informe 2018, donde alerta que hasta 5 mil 56 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en Guerrero, entre ellas habría 590 menores de edad.
Por Ramón Gracida Gómez
Acapulco, Guerrero, 14 de junio de 2019 (ElSur).- En Guerrero 5 mil 56 personas, 590 menores de edad, fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo en 2018, de acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). Son habitantes de San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango), Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión que huyeron por la violencia de grupos armados.
La CMDPDH presentó Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México Informe 2018 en los primeros días de junio que se encuentra en su página web. Con base en una investigación hemerográfica que incluye los desplazamientos de diez núcleos familiares en adelante o 50 personas, cuantifica 5 mil 56 víctimas de Guerrero, 590 menores de edad, inferior a las 5 mil 948 de 2017 pero mayor a las mil 650 del 2016, primer año de su registro estatal.
Representan el 44 por ciento de las 11 mil 491 víctimas del país y aumentan a 338 mil 405 desde 2006.
Muy cerca está Chiapas con 5 mil 35 desplazados, luego Sinaloa con 860, Oaxaca con 300 y Michoacán con 240.
El informe señala que la causa de los 13 desplazamientos en Guerrero es la violencia de grupos armados.
Vía telefónica se le preguntó a la coordinadora del área de desplazamiento de la CMDPDH, Brenda Pérez por qué el estado presenta varios episodios mientras que otros igual de violentos no. Dijo que probablemente influya la disputa del territorio que ocasiona una singular violencia con el fin de ahuyentar a comunidades enteras.
También puede existir un sesgo informativo de los medios en otros estados que no publican sobre estos hechos como en Guerrero. Criticó la falta de registro gubernamental que no permite cuantificar de manera exacta la magnitud del problema.
El episodio más numeroso ocurrió el 11 de noviembre cuando 2 mil personas aproximadamente, 400 menores de edad, de las comunidades Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos), Los Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balzamar y Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo, se desplazaron por enfrentamientos entre grupos armados, uno de ellos el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) conformado por 3 mil hombres.
El 17 de noviembre intentaron retornar pero su caravana, acompañada de militares, policías, periodistas y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue atacada entre Los Morros y Campo de Aviación.
En marzo pasado se plantaron frente a Palacio Nacional y luego regresaron a Chichihualco, donde se han refugiado todo este periodo, con la promesa de la ayuda federal que ha llegado por partes.
El Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que las víctimas deben tener seguridad y libertad de circulación, acceso a la alimentación, vivienda, agua, salud, educación y empleo, entre otros derechos.
NO SE GARANTIZA EL DERECHO AL RETORNO
Brenda Pérez señaló que los desplazados de Chichihualco evidenciaron la falta de entendimiento de las necesidades de las víctimas, de protocolos de actuación y de una repartición clara de las responsabilidades de las dependencias involucradas. Expuso que el derecho al retorno debe ser asistido, seguro y digno lo cual no se ha logrado ante la falta de condiciones “porque no se combaten las causas estructurales que causaron el desplazamiento”.
Guerrero es el único estado junto con Chiapas que cuenta con una ley sobre la materia desde 2014 –“está bien hecha” a criterio de la entrevistada– pero no tiene reglamento, “omisión de las autoridades locales por no poder ofrecer medidas integrales a las víctimas”, y debe crearse, asignarle presupuesto y formar un consejo que planee programas y políticas públicas.
La irrupción de 200 hombres armados en el poblado Los Corralitos el 9 de junio desplazó a 92 familias y regresaron 16. En Las Palmas, Eduardo Neri, 300 habitantes lo sufrieron el mismo día. Todos se refugiaron a Tlacotepec o Chichihualco. En Carrizal de Bravo, comunidad de Leonardo Bravo, 225 habitantes huyeron entre el 5 y 9 de septiembre por la llegada de un grupo armado que realizó diversas agresiones en esas fechas.
De las comunidades de San Bartolo y Laguna de Hueyanalco, municipio San Miguel Totolapan, 100 habitantes huyeron alrededor del 20 de marzo ante la presencia de Los Tequileros que llegaron a esa última comunidad en mayo de 2017 tras abandonar La Gavia, su bastión.
El 10 de abril 92 habitantes, 40 menores, de esas comunidades más Jimotla salieron con resguardo del Ejército y la policía estatal rumbo a Atoyac por los enfrentamientos entre La Familia Michoacana y Los Tequileros.
De la misma forma se desplazaron 131 integrantes de la comunidad Las Ventanas el 17 de julio por el “acoso” de Los Tlacoleros de Tlacotepec.
La comunidad nahua Tlatempanapa, Zitlala, vivió su primer desplazamiento el 6 de noviembre cuando 70 personas, 35 menores, huyeron de un supuesto grupo de autodefensa al servicio de Los Ardillos caminando por dos noches hacia Zitlala, donde les negaron ayuda, y se fueron a Copalillo, al igual que otras 62 personas, 32 menores, en un segundo evento fechado el 3 de diciembre.
El primer desplazamiento del año fue el 5 de enero cuando 900 habitantes de San Felipe del Ocote, Apaxtla, con apoyo de la Policía Comunitaria de ese municipio, huyeron de La Familia Michoacana que los obligaba desde hace más diez años a proveerles de “alimento, agua y hospedaje”. Una semana después 86 personas huyeron de la localidad San Pedro de los Limones.
Entre las fechas 19 y 21 de ese mes 82 habitantes de la Unión y Buenavista Tomatlán, municipio de Michoacán, huyeron por una persecución de grupos armados vinculados al cártel de Los Viagras rumbo al cruce fronterizo El Chaparral, en Tijuana, donde solicitaron asilo a Estados Unidos. Otras 15 familias de Guerrero y Michoacán–no se especifica el municipio de residencia–también lo hicieron en primera semana de marzo al igual que 109 entre enero y febrero, de acuerdo con La Casa del Migrante a la que se cita.
El 29 de mayo 306 habitantes, 83 menores, de Los Horcones y Las Mesas en Cerro Azul, Ajuchitlán del Progreso, huyeron hacia Tecpan por la irrupción de hombres armados en sus localidades.
El 4 de octubre 16 familias de El Zapotillal y 8 de Las Canalejas, poblados de la ruta de los Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán destaca el documento, salieron por amenazas de un grupo relacionado a la Familia Michoacana. Después 4 familias de Las Canalejas huyeron y sumaron 112 desplazados.
