México está decidido a castigar al PRI como nunca en su historia. El primero de julio el PRI seguramente será derrotado en la elección presidencial y en cuando menos ocho de las nueve gubernaturas en juego. La tabla de salvación priista podría Yucatán; ahí, a diferencia de todos los demás estados que eligen gobernador este año, el partido del presidente no está liquidado. En una elección notoriamente marcada por un ímpetu antisistema, y en la que el voto anti-PRI es la norma, los yucatecos podrían terminar refrendando su confianza a un partido que el resto del país desprecia. ¿Tanto quiere Yucatán al PRI?

Una forma de explicar este fenómeno es argumentando que, en efecto, estamos ante un reconocimiento natural al desempeño del actual gobierno estatal priista; es decir, alegando que los yucatecos sí quieren tanto a “su” PRI. No sorprende que esta sea la explicación favorita de los candidatos del PRI en Yucatán o que este partido haya seleccionado al candidato que mejor representa la continuidad del actual grupo en el gobierno. Su narrativa consiste en una mezcla entre una suerte de “excepcionalismo yucateco” y la relativamente alta aprobación del actual gobernador, Rolando Zapata (PRI). La idea central aquí es que el PRI en Yucatán, por ser yucateco, es diferente al PRI nacional y que el gobierno discreto de Zapata no sólo contrasta con los de gobernadores megalómanos o desquiciados como Roberto Borge, César Duarte o Javier Duarte, sino que ha mantenido al estado con altos niveles de seguridad y desarrollo económico. Cuando se considera lo anterior, insisten algunos priistas, es natural que los yucatecos opten por la opción que garantiza conservar el rumbo actual de su estado.

Esta narrativa priista, sin embargo, se estrella con la realidad. Por ejemplo, ni la discreción ni la moderación de un gobierno implican que no haya corrupción o impunidad. Y, en Yucatán, la presencia de ambas es de dominio público; el actual gobierno estatal no sólo no ha hecho nada para combatir la corrupción o la impunidad presente, sino que se ha negado a investigar o castigar los conocidos desfalcos del gobierno del gobierno de Ivonne Ortega (2007-2012). Por otra parte, la relativa seguridad yucateca puede ser engañosa, pues vista superficialmente puede disfrazar los agravios acumulados, como las constantes violaciones a derechos humanos. Durante los últimos seis años Yucatán ha logrado atraer grandes inversiones, pero es un hecho plenamente documentado que algunas de las más importantes han pasado por encima de pueblos mayas, a quienes se ha despojado de sus tierras, se ha impedido el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, al medio ambiente sano o el acceso al agua.

Además, el modelo económico yucateco es impúdicamente neoliberal. Cuando se mira fuera de las reducidas zonas privilegiadas, los efectos de su fracaso están a la vista. Las flamantes inversiones atraídas en años recientes han beneficiado exclusivamente a un reducido grupo perteneciente a la élite económica o política local, y no a los yucatecos más vulnerables. Prueba de ello es que Yucatán es uno de los estados con peores salarios y con mayor desigualdad. Y, probablemente en parte como consecuencia de la falta de desarrollo económico igualitario, de desarrollo social y de desarrollo humano, la seguridad, en forma de delitos de bajo impacto, se ha venido deteriorando gradual pero consistentemente. Esto es, la presencia del trío corrupción-desigualdad-inseguridad revela que, contrario a lo que suelen creer los priistas yucatecos, este año la mesa está servida para que en Yucatán haya alternancia. No se requiere de escándalos o de megalomanías para acumular agravios o para anhelar un cambio de fondo.

Quienes valoramos el principio de razón suficiente no podemos aceptar hechos brutos; ser implica ser entendido. Por ende, no se puede dar por bueno el diagnóstico anterior sin explicar por qué el PRI yucateco no sólo es competitivo este año, sino que podría terminar manteniendo la gubernatura de ese estado. En este sentido, es plausible asumir que la explicación no se encuentra principalmente en el PRI, sino en la oposición o, mejor dicho, en la continuada ausencia de ésta. Para ser claro, mi hipótesis es que, tal como ocurre en el resto de país, en Yucatán muchas personas anhelan un cambio de fondo; sin embargo, quienes busquen votar antisistema en la elección a gobernador de este año no encontrarían ninguna opción que represente su sentir en la boleta.

Yucatán ha sido u estado marcadamente bipartidista que ha contado con importantes líderes panistas -principalmente en los 1990’s-. Sin embargo, desde 2007 el PAN ha sido chambelán del PRI y ha avalado prácticamente todas las decisiones importantes del gobernador priista en turno tanto en el congreso local como fuera de éste. Desde luego, en ocasiones los votos del PAN no hubieran sido suficientes para frenar la aplanadora legislativa priista; sin embargo, con su apoyo irrestricto, con su falta de confrontación y con su nula disposición a la denuncia pública, Acción Nacional ha comercializado su legitimidad hasta agotar sus reservas.

El PAN local ha interpretado su posibilidad real de ganar la gubernatura este año como una prueba de que utilizar su legitimidad como moneda de cambio ha sido un acierto. No es ninguna sorpresa que un candidato panista surgido de este ecosistema – antes fue diputado local y alcalde de Mérida – prometa continuar el rumbo del actual gobierno estatal priista. Los candidatos del PRI y el PAN a la gubernatura -Mauricio Sahuí (PRI) y Mauricio Vila (PAN)- son percibidos como consecuencia de una y la misma mitosis. Ambos “mauricios” compiten por tomar la bandera de la continuidad y las diferencias de sus proyectos se reducen a una serie de entregables o promesas tan específicas como insustanciales: por ejemplo, en educación uno promete entregar laptops; el otro, ofrece becas. Ninguno habla de su política educativa o del marcado rezago en esa materia. Mucho menos mencionan la corrupción, desigualdad o las violaciones a derechos humanos.

Si en Yucatán el PAN ofrece alternancia pero no cambio sustancial, uno podría pensar que la mesa está puesta para Morena, que montado en la ola del “efecto AMLO”, estaría listo para cosechar los votos anti-PRI o antisistema. El problema es que en Yucatán la izquierda ha estado históricamente borrada del mapa y ha sido un penoso satélite del partido en el poder en turno. Esta es la posición que gustosamente ocupa el PRD hasta el día de hoy. Para dimensionar el tamaño -o la falta del mismo- de la izquierda en Yucatán basta con considerar que el candidato del PRD a la gubernatura obtuvo 5% de los votos en 2012 y en 2007 apenas 2%.

Dado lo anterior, lo más sorprendente del resultado de una encuesta de Ipsos dada a conocer esta semana no es la diferencia entre el PRI y el PAN, sino la cantidad de votos que tendría Morena. De acuerdo con este ejercicio, cobijado por Coparmex y Este País, si hoy fueran las elecciones la alianza PRI-PANAL obtendría 32.1% de los votos, la alianza PAN-MC 27.3% y Morena 26.8%. Estos números deben ser tomados con reservas. Lo cierto es que es altamente probable que este año Morena termine obteniendo una votación histórica para un partido de izquierda en Yucatán.

Sin embargo, aún en el contexto descrito, lejos de celebrar, Morena tendría que llorar la oportunidad desperdiciada en Yucatán. Joaquín Díaz Mena, el candidato a gobernador de ese partido, es un ex panista que renunció a ese partido al momento de no obtener una candidatura y que ha sumado a su causa a otros políticos en circunstancias similares. Pero el problema de fondo no es de origen; lo que resulta impresentable es que Díaz Mena y su equipo se presuman conservadores y que se muestren más interesados en atacar al PAN que en cuestionar al PRI o al gobierno estatal. Además, salvo el anuncio de un gabinete paritario, Morena en Yucatán no ha tomado las principales banderas de AMLO o de la izquierda; es decir, al menos hasta ahora, Díaz Mena parece contento con asumir como propio el rol que tradicionalmente desempeñan los candidatos de izquierda yucatecos. Ni la corrupción, ni la desigualdad ni las violaciones a derechos humanos encuentran espacio en la campaña de Morena.

Si lo que dice Ipsos es cierto, el tamaño del efecto AMLO será tal que, a pesar del rol histórico de la izquierda en Yucatán y de su mala selección de candidato y estrategia, Morena podría estar pisando los talones al segundo lugar. Si verdaderamente quisiera ganar, Morena-Yucatán estaría justo a tiempo de modificar su estrategia y de lanzarse de frente ondeando las banderas de su candidato a la presidencia, como el combate a la corrupción o el fin de los privilegios para las élites. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra. Lo más seguro es que Morena se conforme en Yucatán con su votación histórica y que opte por no confrontar directamente al gobierno del estado.

El PRI podría conservar la gubernatura de Yucatán este año porque a nivel local ese partido ha colonizado a sus principales rivales y les ha vaciado de contenido. Desde luego, el arrastre de la elección presidencial es tal que, en un golpe de suerte, el PAN o Morena podrían despertar el dos de julio saboreando una inmerecida recompensa. Lo que no es casualidad es que ni el PAN ni Morena hayan logrado motivar o convencer masivamente a los yucatecos de que votar por ellos implicaría votar contra el PRI o contra el sistema.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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