Somos un país increíble, y no lo digo en tono alentador o festivo. Hoy se cumple un mes del homicidio de Javier Valdez, periodista y socio fundador del semanario Riodoce. Las fotografías del cuerpo de Javier tendido en el caliente asfalto de Culiacán todavía están frescas en nuestra memoria. Un mes ha pasado y todo parece ser que el caso de Javier camina hacia la impunidad. Las voces que gritaron justicia parecería ser que serán –una vez más- ignoradas por un sistema que no sabe y no quiere procurar justicia. Ese es el gran problema que como sociedad y Estado hemos decidido ignorar. Una mezcla entre no pueden y no quieren investigar es lo que nos arroja un mes después el caso de Javier. Ambos supuestos son lacerantes para un estado de derecho y democracia.

Es una práctica común que las policías busquen ayuda ciudadana y ofrezcan dinero por información fidedigna. La Procuraduría General de la República (PGR) publicó ayer lo siguiente:

“La Procuraduría General de la República (PGR), publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los acuerdos por los que autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables del delito de homicidio y tentativa de homicidio en agravio de seis periodistas.

Los Acuerdos que van del A/056/17 al A/061/17 establecen que dicha recompensa será entregada para quien o quienes den informes sobre los homicidas de Cecilio Pineda Birto, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Arturo Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y los probables de tentativa de homicidio y lesiones en contra de Sonia Córdoba Oceguera.”

Sin embargo, cuando la PGR ha sido tan omisa, lenta, ineficaz e inexacta, el arrojar dinero parece más como una claudicación de la procuración de justicia que una herramienta de apoyo para la investigación de los homicidios de periodistas.

El homicidio de Javier tuvo un impacto social profundo. Nunca antes un homicidio de un periodista había tenido tanto eco de indignación. Si un caso como este no es resuelto de manera pronta, con certeza y transparencia el panorama de la procuración de justicia se ensombrece. Al mismo tiempo, la inutilidad del nuevo Fiscal de la PGR, Ricardo Sánchez, no es ninguna sorpresa.

El nuevo joven Fiscal, que aceptó uno de los puestos más difíciles que hay en México, y la PRG tiene un serio problema (entre otros) para comunicar de manera eficiente. Como que no se dan cuenta que la información en momentos de zozobra social es fuendamental. Después de un caso como el de Javier, lo diligente sería crear un sistema regular de información sobre los avances que se van teniendo en la investigación. La sociedad lo merece y es una práctica común en otras latitudes. Ahora bien, ese esquema funciona si, y solo si, la autoridad tiene avances que reportar que den certidumbre y confianza a un gremio gravemente golpeado. El silencio de la PGR y su joven Fiscal lo debemos entender, entonces, como la ausencia de resultados. Y la ausencia de resultados se llama impunidad.
Me parece que va siendo hora que la Fiscalía para Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desaparezca y se reforme. Y solo podrá ser una reforma seria si tenemos claro que la gran reforma parte de la transformación de la PGR en Fiscalía General de la República.

Lo cierto es que hoy el Fiscal Sánchez y la FEADLE no cambiarán lo que ha sido una práctica inútil que es el trabajo de la FEADLE. Recordemos que sus casos –el 99% de ellos- quedan sin resolverse. Entonces, solo sirve para erogar salarias para un personal incapaz de cumplir su mandato de ley.

La trampa que siempre arroja la FEADLE a la opinión pública es no querer asumir ninguna responsabilidad. Me refiero a hacerse cargo de la investigación de Javier Valdez y el resto de los homicidios de periodistas. En el caso específico de Javier, ahora sabemos que a pesar de tener las facultades legales para atraer el caso e investigarlo lejos de los vicios de las autoridades locales, Ricardo Sánchez optó –o su jefe- por solamente coadyuvar en la investigación con las autoridades de Sinaloa. El mensaje es claro: no asume ninguna responsabilidad. La FEADLE es y ha sido meramente decorativa.

A un mes del homicidio de uno de los periodistas más premiado, afamado, reconocido y escuchado no tenemos más que dudas y un caso que se perfila a la impunidad. Es reconocido por expertos internacionales que las primeras 96 horas son cruciales en una investigación. Es durante estas horas que los grandes hallazgos de la investigación y las pesquicias más importantes son recabadas por la autoridad.

Entonces, de ser cierto esto, hay un mal augurio que a un mes la PGR de signos de desesperación y lance millones de pesos por información. Parece una actitud desesperada más que estratégica. Aquellas palabras de Enrique Peña Nieto, después de sentir la presión por justicia para Javier y los demás, parece ser que fueron solo eso: palabras. Y no se cansa la clase política de decir palabras en espera que con eso se calme la sed de justicia.

Un mes sin Javier Valdez. Un mes sin resultados sobre su homicidio –ni el de los otros colegas-. A unos días del homicidio de Valdez desapareció Salvador Adame, tampoco ha dicho nada inteligente el señor Fiscal, Ricardo Sánchez. La muerte de Javier hizo que el mundo nos volteara a ver, no desperdiciemos la oportunidad para decirle a la comunidad internacional que las instituciones en México están rebasadas porque no quieren o no pueden asegurar un estado de derecho.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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