Protesté contra Miguel Ángel Mancera, eso es cierto. Mientras tanto la prensa mexicana, el gobierno y la ombudsman capitalina me llamaban anarquista y violenta. No se confundan: protestar no es sinónimo de delinquir. Desde mi punto de vista, no hay disyuntiva alguna: el derecho a la protesta termina donde empieza la violencia, y ésta última debe ser castigada con todo el rigor de la ley. Pero NO son lo mismo, como se pretende equiparar en el discurso gubernamental, que se replica en medios de comunicación sin el más mínimo rigor periodístico.

En términos mediáticos, fue evidente que el Gobierno del Distrito Federal fue quien dictó la línea editorial que debían seguir todos los medios en relación con el evento del jueves pasado. Su propio comunicado sobre el evento dice que los jóvenes anarquistas “actúan siempre así, agrediendo, increpando, destrozando lo que se cruce en su camino” y que Miguel Ángel Mancera estuvo “expuesto a la actitud agresiva de un puñado de jóvenes intransigentes, irrespetuosos y peligrosos”.

¿En serio todo el que protesta es un delincuente peligroso?

Los medios mexicanos, obedientes replicaron la información. Proceso, La Razón, Milenio, Reforma, El Universal y El Financiero citaron al GDF como fuente para decir que el nombre de la “mujer que se había subido al podio” (ósea yo), era la ‘anarquista’ Nuria Roxana Ramírez Lozano, novia de Mario González –apodado el ‘malacara’ por el propio GDF en su comunicado- preso por los acontecimientos del 1ero de diciembre de 2012. Poco importaron las entrevistas que me hicieron en el lugar y el hecho de haber dado mi nombre. Aún cuando lo corregí, los periodistas juraban tener la versión correcta de los datos.

Esto sirve para ejemplificar el discurso intolerante del Jefe de Gobierno hacia cualquier tipo de disenso. Bajo el supuesto de que TODA protesta es violenta, se intenta justificar las restricciones a dicho derecho. Y es que claro, lo más peligroso para un gobierno autoritario es el disenso: la protesta es un golpe de legitimidad, visible, cuantificable y contagioso. Su ejercicio de simulación se arruina cuando miles de ciudadanos salen a la calle, o cuando un puñado de chavos interrumpe su discurso.

Y entonces todo el aparato estatal se despliega para limitar la protesta: tanto a nivel legal, como policial y mediático.

El Código Penal del Distrito Federal tipifica conductas relativas al derecho a disentir bajo supuestos de daños totalmente imaginarios. Es decir, piensan que se violenta algo, que se afecta algo, cuando en realidad no son más que criterios subjetivos y plegarias lanzadas al aire.

ARTÍCULO 287.- Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa.

Esta pena ha sido endurecida desde el primero de diciembre del año pasado, pero no puedo evitar preguntarme: ¿qué es ultrajar? Ni para el diccionario es claro, pues un ultraje es “ajar o injuriar; despreciar o tratar con desvío”. En otras palabras, me puedo ir a la cárcel por decir algo que las autoridades consideren ofensivo, un criterio completamente subjetivo con consecuencias penales. Este delito se agrava aún más por el siguiente delito.

ARTÍCULO 289. Al que cometa un delito en contra de un servidor o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena que corresponda por el delito cometido, se le impondrá de uno a tres años de prisión.

Si es delito “ofender” a una autoridad, y la misma autoridad está ejerciendo “lícitamente sus funciones”, la pena se aumenta. ¿Eso quiere decir que merezco ir a la cárcel por interrumpir el discurso de Miguel Ángel Mancera en el ejercicio de sus funciones como Jefe de Gobierno? ¿Se habrá “sentido” ofendido por mi pancarta? ¿Es ese sentimiento subjetivo un límite válido a mi derecho a la libertad de expresión?

El único límite es la violencia. Y cuando hablamos de violencia hacia el Estado y sus funcionarios, debe entenderse como un daño real, empírico y cuantificable. No un daño imaginario como lo que tiene en mente Miguel Ángel Mancera al decir que “el que dañe la Ciudad, sentirá el peso de la Ley”, y definitivamente no el daño hipotético que implica “insultar” los sentimientos de la autoridad. Las autoridades no son víctimas. Están aquí para proteger nuestros derechos humanos y garantizar nuestra seguridad.

Por si fuera poco, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el año pasado una reforma al Código Penal en el sentido que protestar es una agravante de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Para el derecho penal mexicano, ejercer la actividad de disenso político es considerado como más grave al cometer delitos. Vaya democracia.

A nivel policial y mediático, la maquinaria estatal también lanza sus estigmas. Sí existe la violencia durante las marchas, pero no son sólo los anarquistas los que se lanzan contra la policía, sino la propia policía la que comete actos arbitrarios y se excede en el uso de su fuerza contra los ciudadanos. La paradoja es que en lugar de garantizar derechos humanos, se violan los mismos, y para que ello parezca “legítimo” se opta por estigmatizar la protesta. Si las marchas son un caos es porque los policías capitalinos no tienen protocolos de actuación y no saben contener la violencia; Mancera en lugar de expedirlos, infla las penas en la más pura demagogia penal. El resultado es que se viola el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes pacíficos.

¿Por qué nadie habla de la violencia y arbitrariedad policial en las manifestaciones? ¿Por qué los medios no la retratan? Si el gobierno es el que dicta la línea editorial, entonces documentar también es un delito porque expone sus excesos. Tal fue el caso con los periodistas Gustavo Ruiz Lizárraga y Pavel Alejandro Primo, de la agencia Subversiones, a quienes se intentó imputar los delitos de ataques a la paz pública; contra el ejercicio legítimo de autoridad y portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir. Todo por estar grabando durante protestas.

El colmo del contubernio político y mediático, se dio en el marco de las protestas del 2 de octubre del año pasado en donde se documentaron 46 casos de agresión hacia periodistas de los que 32 fueron agresiones directas de policías. Además se difundieron varios videos de granaderos golpeando a jóvenes con sus cascos y escudos, y deteniendo a personas de manera arbitraria.

Fuente: la Jornada en línea.

El resultado de la documentación de este día, fue un acervo de más de 200 fotografías que documentaban precisamente el uso de la fuerza arbitraria de los policías y las violaciones a derechos humanos por parte de los mismos. Sin embargo, la prensa tradicional, una vez fue cómplice de la estigmatización de la protesta, en un ejercicio muy parecido al del jueves de la semana pasada.

 ¿Cómo puede ser que en una sociedad supuestamente democrática, seis de los periódicos más importantes del país tengan la misma foto de portada? ¿No tenían al menos 200 fotos más de dónde escoger?

La respuesta es, que al igual que mi protesta en la CDHDF, la línea la dicta el gobierno mientras la mala prensa no verifica ni cuestiona. Todo acto de protesta es anarquismo y vandalismo. El discurso que triunfa es la estigmatización, la criminalización y la intolerancia al disenso.

No existe contrapeso en el Distrito Federal si tenemos a una ombudsman servil a los intereses del Jefe de Gobierno, y a una prensa que actúa como vocera del mensaje gubernamental. Por lo pronto, tenemos que seguir protestando porque no es delito, y se necesita más que nunca.

Gisela Pérez de Acha

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