El próximo mes seis entidades celebrarán elecciones por gubernaturas con un pendiente a cuestas: la erradicación de la violencia política de género contra las mujeres. Actualmente cuatro de estos estados concentran 33 por ciento de los registros por este tipo de violencia, según muestran datos del INE. A ello se suma que partidos políticos siguen postulando a personas señaladas como agresoras a cargos estatales y municipales.
Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, cuatro de los seis estados que se preparan para la elección de gubernaturas en junio, concentran 76 sanciones contra políticos de distintos partidos, ciudadanos y comunicadores por violencia política contra las mujeres.
Entre las sanciones destacan los casos de dos políticos quienes, aún cuando autoridades electorales comprobaron que denostaron a mujeres, fueron nombrados como funcionarios en Quintana Roo. Además, en las cuatro entidades donde habrá elecciones y de las que se tiene registro los partidos Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde han intentado postular a exfuncionarios que ya fueron sancionados por violencia política de género, algo que en algunos casos ha sido frenado por los Tribunales electorales locales.
De igual forma destaca Oaxaca, donde cuatro personas han sido sancionadas en más de una ocasión por ejercer este tipo de agresiones contra mujeres que aspiran o ya ocupan cargos de representación popular, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE). El órgano electoral todavía no tiene datos de Aguascalientes, Durango –que el próximo mes también celebrarán elecciones–, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.
Los datos del Registro Nacional abarcan sanciones emitidas por tribunales electorales locales y el federal desde 2020 ya que fue hasta julio de ese año cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la creación de la base de datos para verificar que las y los aspirantes a un cargo de elección popular cumplan con el «modo honesto de vivir», un requisito para garantizar que quien aspire a la reelección inmediata cumpla con principios del sistema democrático como la no violencia, incluyendo la política por razones de género, para registrar su candidatura.
Quienes aspiran a una senaduría o diputación federal no deben tener condenas por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, según establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero los lineamientos del INE señalan que el registro será únicamente para efectos de publicidad, por lo que no implica necesariamente que se desvirtúe su modo honesto de vivir.
El INE define la violencia política contra las mujeres en razón de género como las acciones u omisiones basadas en el género –es decir, cuando se dirigen a una mujer sólo por serlo o las afecten de forma desproporcionada– realizadas con el fin de limitar o anular el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, como ejercer plenamente las atribuciones de sus cargos. Los partidos no sólo tienen la obligación de condenar este tipo de agresiones por los lineamientos que suscriben del INE, también por lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre la responsabilidad que tienen autoridades de los tres órdenes de Gobierno de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia.
OAXACA Y LOS REINCIDENTES
Oaxaca suma 64 sanciones por violencia política contra mujeres desde 2020, lo que la coloca como la entidad con más agresores, de acuerdo con el RNPS.
En la entidad, tres políticos fueron sancionados en dos ocasiones por cometer violencia política cuando se desempeñaban como presidentes municipales, mientras que una exfuncionaria acumula tres sentencias condenatorias y sumó una cuarta este mes por incumplirlas.
El que políticos reincidan en esta violencia y los partidos los mantengan en sus filas y le asignen cargos da cuenta de los pendientes en la materia.
Un caso que destaca es el de Yolanda Adelaida Santos Montaño, quien como Presidenta municipal de San Jacinto Amilpas por Morena recibió sanciones por retener los pagos a regidoras, no convocarlas a sesiones ni darles recursos materiales y frenar el ejercicio de sus funciones. Estas penas la colocan en el RNPS desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2026, y otras dos obligan a que su nombre permanezca de junio de 2021 a 2027.
La morenista no ha cumplido con las sanciones, que también incluyen una disculpa pública, por lo que el 4 mayo 2022 el TEPJF la volvió a sancionar, esta vez porque, al incumplir las medidas que le ordenaron en diversas resoluciones federales y locales por la violencia política de género que cometió, ha revictimizado a las mujeres que la denunciaron.
Aún con las denuncias que pesan sobre ella, el año pasado buscó la candidatura a la presidencia municipal de San Jacinto Amilpas, pero el Tribunal Electoral estatal se la negó precisamente por no responsabilizarse de las acusaciones de violencia política de género. Actualmente Santos Montaño es Coordinadora del Distrito XIII por Morena.
También está el caso de Jesús Santiago Santiago, del Partido Verde, quien ahora ejerce como Presidente municipal de Magdalena Apasco, pero desde mayo de 2021 fue sancionado en dos ocasiones por obstaculizar que una regidora electa ejerciera su cargo, por lo que permanecerá en el RNPS hasta noviembre de 2033.
El nombre de Leticia Bautista Sánchez también aparece dos veces en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, se la acusa de discriminar a una regidora al no pagarle dietas y tratarla de forma desigual en comparación con los hombres del Ayuntamiento. Por estas sanciones se mantendrá en el listado de enero de 2021 y hasta diciembre de 2025 y de noviembre de 2021 a octubre de 2028.
La exfuncionaria buscó en mayo del año pasado la candidatura por la coalición PRI-PAN-PRD para Presidenta municipal de Villa Tejupam de la Unión, pero las autoridades electorales locales se lo negaron.
Otro reincidente en cometer violencia política de género es Cástulo Bretón Mendoza, expresidente municipal Villa de Zaáchila del Partido Unidad Popular. Sobre él pesan dos sanciones por no comnvovar a sus pares a sesiones de cabildo e ignorarlas en la toma de deciones, por lo que desde octubre de 2021 y hasta marzo de 2025 permanecerá en el Registro Nacional.
Los últimos datos del INE muestran que 45 de las 64 personas sancionadas en Oaxaca por cometer violencia política de género contra las mujeres son hombres.
QROO, AGRESORES EN LOS CARGOS
En Quintana Roo siete hombres fueron incluidos en el RNPS luego de que diversas resoluciones federales y locales confirmaron que ejercieron violencia política, dos de ellos fueron nombrados recientemente para ocupar cargos de Gobierno en sus municipios.
Se trata de Marciano Toledo Sánchez, quien desde julio de 2021 aparece en el Registro del INE y permanecerá hasta agosto de 2022 porque durante sus campaña como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Solidaridad violentó a Laura Beristain Navarrete, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”, al usar expresiones que la humillaron en un video difundido en sus redes. Pese a este antecedente, en octubre de 2021 el emecista fue nombrado Décimo Tercer regidor en el Ayuntamiento del municipio que lidera el Partido Acción Nacional.
Mientras que el militante de Morena Adrián Sánchez Domínguez, exregidor del ayuntamiento de Othón P. Blanco acusado de agredir a una regidora en marzo 2021 al llamarla “ignorante” en Facebook, fue nombrado Secretario General del Ayuntamiento desde ese año, cargo en el que permanecerá hasta noviembre de 2022.
Estos funcionarios fueron nombrados aunque, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo, uno de los requisitos de elegibilidad para los aspirantes a la gubernatura, diputaciones e integrantes de ayuntamientos es no tener sanciones administrativas mediante sentencias firmes, lo que incluye la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Además de los nombramientos de Toledo Sánchez y Sánchez Domínguez, Morena incluyó en la lista de candidatos a diputados plurinominales de la entidad a Luis Gamero Barranco, sancionado en mayo de 2021 por demeritar el trabajo de Yensunni Martínez, la candidata de su partido a la Sindicatura de Othón P. Blanco al sugerir que «fue impuesta» y tratar de sustituirla aunque no tenía atribuciones para ello; sin embargo, el Instituto Electoral de Quintana Roo no lo admitió por la sanción previa que pesaba sobre él por violencia política de género.
En la entidad también han sido sancionados el exdirector de Protección Civil de lsla Mujeres, Merced Ortíz Maya –quien al menos hasta marzo de 2021 estaba afiliado al PRD, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia–, por distribuir volantes que ofrecían servicios sexuales con el número del celular personal de Atenea Gómez Ricalde, candidata del PAN a Diputada local por el distrito 1 por la coalición PAN-PRD-PES.
En 2019 él y Ángel Antonio Ortiz Franco, su sobrino, así como el ciudadano Cristian Alberto Ojeda Chuc fueron detenidos en calles de la entidad por la difusión de los volantes que atentaban contra la vida privada de la funcionaria. Los tres fueron incluidos en el RNPS hasta octubre de 2025.
De igual forma, en la entidad fue sancionado en febrero de 2021 el empresario Carlos Antonio Mimenza Novelo por minimizar el trabajo de ahora Presidenta del municipio de Solidaridad al señalar en publicaciones de Facebook que ella ha desempeñado cargos políticos gracias a sus relaciones sentimentales. A esta penalización que lo mantendrá en el registro de agresores hasta febrero de 2025 se suma que desde noviembre de 2020 enfrenta un proceso penal por extorsión en Quintana Roo.
AGRESORES EN HIDALGO Y TAMAULIPAS
En Hidalgo los nombres de tres personajes de la política y un periodista están en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Se trata de Diana Laura Marroquín Bayardo, militante del Partido del Trabajo, por hacer publicaciones en Facebook contra la candidata a síndica municipal y regidora de Tulancingo del PRI, basadas en estereotipos para difamar y descalificar su nombramiento con comentarios misóginos.
El PT buscaba postular a Marroquín Bayardo como candidata a Diputada Local por el Principio de Representación Proporcional, pero el Tribunal electoral descartó sus candidatura en marzo de 2021.
Por su parte el Presidente municipal de Zimapán del PAN de 2016 a 2020, Erick Marte Rivera Villanueva, está en el registro de agresores –y permanecerá hasta 2026– por la violencia política de género que ejerció contra la segunda regidora de Zimapán (también de PAN). El 9 de marzo de 2021 huyó de una audiencia en la que lo vincularían a proceso por este hecho y hasta el momento no está claro si ya fue amonestado.
De igual forma ha sido sancionado Iram Magdiel Tavera Del Castillo, excandidato independiente a la Presidencia de Mixquiahuala de Juárez en 2020, por publicaciones en redes donde violentó a una candidata a Diputada federal por Morena al hacer comentarios sobre su cuerpo.
La cuarta persona que incluye el RNPS es el periodista Magdaleno Luis Camacho Fuentes por difundir un audio con acusaciones de índole sexual contra Jessica Guerrero Fuentes, quien fue candidata a Presidenta municipal de Nopala de Villagrán. Por ello permanecerá en el registro hasta mayo de 2026.
De igual forma, en Tamaulipas la única persona contra quien se ha acredito violencia política por razón de género es un comunicador, Alejandro Mares Berrones, pues publicó notas periodísticas basadas en estereotipos de género que anulaban el trabajo de la Diputada local Ivett Bermea, candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros. Por ello permanecerá en el RNPS hasta agosto de 2025.
En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política se han contabilizado hasta ahora 230 casos y 205 personas han sido sancionadas, el 85 por ciento de los agresores son hombres. El INE ha reconocido que la violencia política en razón de género es «el mayor obstáculo» que enfrentan las mujeres al participar en la vida pública.
Los datos del órgano electoral muestran que las entidades con mayores registros son: Oaxaca con 64, Veracruz con 32, Tabasco con 18, Baja California con 15 y Sonora con 10.
