Gran parte de los debates en torno a la propuesta de reforma energética han sido sumamente especializados en conceptos, procesos y tecnicismos de difícil comprensión para la inmensa mayoría de los mexicanos. Salvo el tema del precio de la electricidad que se ejemplifica con lo que está pasando en España, que tiene un modelo parecido al que se adoptó en México en 2012 durante el gobierno de Peña Nieto, y que preocupa porque el mercado español lo controla la iniciativa privada a costa de los consumidores sin ningún tiento al corazón. Fuera de ese tema, lo demás sigue siendo de tanta incomprensión que incluso algunos diputados necesitan a expertos cabilderos explicándoles al oído en qué consiste la Reforma en debate que se pretende votar el próximo domingo de resurrección. Que si un 46por ciento del mercado para el sector privado no es monopolio porque un monopolio supone el 100 por ciento de un mercado, que si las llamadas energías limpias tampoco lo son del todo, pero además, ninguna energía alternativa produce aún el 100 por ciento de la energía requerida en ningún país y se necesita un respaldo de otras fuentes complementarias de suministro energético, o que si la soberanía energética es indispensable para no depender de los vaivenes del mercado internacional como le ocurre hoy a Europa frente a Rusia.

En el fondo, sin embargo, los argumentos contrapuestos respecto a la reforma energética lo que han hecho es evidenciar dos modelos políticos, en algunos puntos, opuestos del todo. Mientras unos insisten en hablar el lenguaje del dinero, la inversión, las ganancias y el mercado, otros hablan de la rectoría del estado en la capacidad de gestionar subsidios cuando la vulnerabilidad de los sectores lo requiera, y en que la inversión pública no deje fuera a nadie por carecer de los recursos para acceder a lo que se entiende ya como derecho humano, como es la energía eléctrica. Un detalle importante es que el modelo actual vigente producto del Pacto por México y que busca derogarse, no parece tener ya mucho margen para prometer, porque, aunque se instrumentó por más de una década sigue siendo fuente de desigualdad y exclusión para millones de mexicanos que al no ser económicamente competitivos, simplemente no han recibido el beneficio, por ejemplo, de contar con electricidad como algo cotidiano.

A todos esto se suma un punto que no se ha mencionado de manera explícita y es la asociación directa que existe entre inversión privada en toda suerte de proyectos dedicados a la explotación y comercialización de bienes de la naturaleza -que incluye la generación de electricidad- con el despojo territorial y a su vez, el desplazamiento con violencia de miles de mexicanos. Las zonas más ricas en minerales, agua, bosques, vegetación e incluso horas contables de sol y aire para producir energía alternativa, han sido fuente de codicia y casualmente, donde se verifica el mayor número de crímenes a defensores comunitarios de la naturaleza. Basta sobreponer cualquier mapa donde se ubican los mayores y mejores espacios de riqueza natural con las zonas de inversión directa y a la vez, las más depredadas y asediadas en el país. La paradoja es obvia, si hay tanta violencia supuestamente incontenible en ciertas zonas ¿porque a su vez son las de mayor interés para los grandes inversionistas nacionales y extranjeros? ¿Por qué hay población desplazada, amenazada, extorsionada e incluso ejecutada en esas zonas de gran riqueza? Es tan ilógico ver carreteras que se inauguran, nuevos puentes que conectan regiones, al mismo tiempo que los pobladores literalmente huyen y algunos de sus miembros han cedido sus propiedades a manos de notarios que traspasan de manera exprés a nombre de otros, las tierras de quienes se van despavoridos.

Solo un ejemplo para dejar en qué pensar, de acuerdo con los argumentos del PAN en contra de la actual propuesta de reforma energética, esa fracción señala que “El litio es lo menos importante de esta propuesta porque todo lo que está por debajo del suelo es parte de la nación y eso lo dice ya la Constitución”. Lo cual muestra el uso político de tecnicismos para evitar hacer relaciones complejas con lo que ocurre en tantas partes del país donde el despojo es uno más de los elementos por considerar al debatir la reforma energética, porque ni porque lo diga la Constitución el usufructo de la riqueza nacional está protegido si no se ponen límites al gran capital y a la usura extrema.

Leticia Calderón Chelius

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Dra. Leticia Calderón Chelius Es profesora Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO y maestra en Sociología de la UNAM. Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I).

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