Greenpeace
15/04/2019 - 12:05 am
¿Planeando juntos? AMLO entonces escucha
El Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador debe enfocarse en la búsqueda de alternativas de movilidad y en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables.
Por Aleira Lara
No podemos seguir ignorando el clamor del planeta y de la gente que sufre sistemáticamente los eventos climáticos extremos. Alrededor del mundo niñas, niños, jóvenes y comunidades indígenas están en el frente y han decidido alzar la voz para alertar que el futuro de la humanidad se encuentra en una encrucijada, y seguir por el mismo camino no es una opción.
La voz de los científicos también ha sido contundente. El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), hizo sonar las alarmas. Todos los combustibles fósiles tienen que ir en picada a escala global para mantener la temperatura global por debajo del umbral de 1.5°C, meta acordada en el Acuerdo de París, suscrito por México. Para ello es fundamental la reducción en la demanda de energía. El mundo necesita reducir a la mitad las emisiones globales para 2030. En la próxima década la quema de petróleo debe reducirse casi un 40 por ciento y el gas un 25 por ciento.
Mientras tanto, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), parece apostar por el anclaje del sector energético a combustibles fósiles, lo que alejará al país del cumplimiento de su compromiso con el Acuerdo de París de reducción de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 25 por ciento para 2030. Las emisiones antropogénicas de GEI son las principales responsables del problema, siendo la quema de combustibles fósiles el principal contribuidor a nivel global. México es el décimo segundo país con más emisiones a nivel mundial ya que aporta 1.4 por ciento de las emisiones globales. En el país, el transporte es el sector que más GEI emite con el 26.2 por ciento, seguido por la generación eléctrica con el 19 por ciento.
Frente a este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador debe enfocarse en la búsqueda de alternativas de movilidad y en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Es un error basar el fortalecimiento de la seguridad energética del país en el aumento en la producción de petróleo, en la inversión en el mercado de los petroquímicos, en refinerías, en fracking y en la reactivación de las plantas termoeléctricas (altamente dependientes de gas natural y de combustóleo). Esto genera un ciclo de procesos altamente contaminantes que siguen fomentando el consumo de energía sucia y agudizando el cambio climático.
Los desarrollos de infraestructura y económicos no pueden derivar de la destrucción de la naturaleza ni de la violación de los derechos humanos. El Plan Nacional de Desarrollo debe inexorablemente reflejar una política medioambiental y de combate al cambio climático de manera transversal a la política energética, agrícola y pesquera; y de salud; e indudablemente anteponer a la población y al medio ambiente a los intereses de las industrias en cuestión a través de una escucha amplia, atenta y respetuosa, con apego a la ley.
Urge un cambio en la forma en la que se piensa el “desarrollo” y promover uno sustentable para las ciudades, con sistemas de movilidad que no favorezcan a los autos y el negocio de la industria automotriz; para la agricultura ecológica que ponga en el centro la producción de alimentos sanos -sin transgénicos ni plaguicidas-, y no a los commodities agrícolas; un desarrollo que promueva la protección de la biodiversidad y no su explotación y exterminio. Al Gobierno actual le tocará declarar el rescate de la vaquita marina o su extinción, por ello tiene el gran reto de proponer una solución integral junto con la población local -y no en su contra-.
El tiempo ha llegado, es hora de que nuestro país deje de ser el paraíso de impunidad y devastación ambiental para las grandes industrias. Requerimos un Plan Nacional de Desarrollo que promueva la justicia social y ambiental.
El Presidente está en deuda con los pueblos indígenas, las comunidades, la ciudadanía en general, esa deuda se paga con acciones coherentes con el discurso, con una toma de decisiones responsable y anteponiendo el bien común a los intereses económicos.
*Aleira Lara es directora de camapañas de Greenpeace México
Más información en www.greenpeace.org.mx
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