Paul es un norteamericano de 61 años que está contando el tiempo para jubilarse. Todavía le quedan casi cuatro años pero ya piensa en dónde va a pasar sus días de retiro. Hace 34 años pasó su luna de miel –con su todavía esposa Karen– en Acapulco. Desde ese viaje quedó enamorado de México.
A esta pareja le encantaría pasar sus últimos años en algún punto de la costa mexicana. Tal vez en la península de Baja California, para poder estar cerca de su familia y de sus amigos que viven en California. El problema es que según nuestra Constitución, los extranjeros no pueden adquirir ninguna propiedad a menos de cincuenta kilómetros de las playas (y de cien kilómetros de las fronteras), por lo que el deseo de Paul de comprar una casa y retirarse en alguna ciudad o pueblo costero no es posible.
O al menos no lo es de manera fácil y clara. A pesar de la prohibición constitucional, lo cierto es que se hace. A los mexicanos nos encanta la simulación, por lo que simplemente se le da la vuelta a la Carta Magna mediante una serie de figuras jurídicas (como el fideicomiso). Para el americano común (o el canadiense, o cualquier extranjero) estas “maniobras” resultan por demás extrañas.
Como atinadamente apunta Jorge Castañeda, esto es una fuente de problemas –y por tanto limita la llegada de personas como Paul–, ya que genera inseguridad jurídica, impide la obtención de hipotecas o complica lo relacionado con las herencias o el pago de impuestos (y su deducción).
Esta disposición tiene un fundamento que data del siglo XIX: con dicha restricción se pretendía dificultar las invasiones de las potencias extranjeras y defender la soberanía nacional.
A la luz del siglo XXI –en un mundo en plena globalización y en donde las fronteras cada vez son más porosas– puede resultar una norma anacrónica. En todo caso es un punto que merece ser discutido. Así lo entiende el líder de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, quien hace unos días presentó una iniciativa para modificar esta norma, cuestionando uno de los últimos baluartes, todavía vigentes, de la vieja concepción de la soberanía nacional.
La lógica detrás de esta propuesta es que México –y en especial su costa– es un destino muy atractivo para los extranjeros. Ya sea para venir a vivir, a jubilarse o simplemente de vacaciones, permitir que estas personas tengan una propiedad (y se asienten en el país, ya sea temporal o permanentemente) sería una importante fuente de recursos económicos y de turistas, que ayudaría a crear empleos y, en ultimo término, a crecer y desarrollarnos.
El auge del turismo y de la llegada de vacacionistas a España, por citar un ejemplo exitoso, se explica en gran medida debido a que muchísimos ingleses, alemanes o franceses tienen casas en la costa mediterránea.
Creo que es un acierto que se ponga sobre la mesa este asunto, que se discuta y decidamos si todavía tiene razón de ser o simplemente es una herencia del pasado que limita el crecimiento económico del país.
En todo caso, bienvenida la discusión.
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