Ya en otros estados los gobernadores han enfrentado conflictos con los Fiscales de las entidades ya sea por su desempeño o por sus vínculos con Gobiernos pasados.
Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– La decisión de la Gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda de remover a la Fiscal, la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y la reticencia de la servidora pública de dejar el cargo en medio de la crisis que vive el estado, agregó un problema más a una entidad marcada por la violencia. A su vez, la misma definición de la Gobernadora respecto a la Fiscal revive el debate respecto a la conveniencia o no de la autonomía de los fiscales.
El día de hoy la Gobernadora confirmó a Anacleta López Vega, como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, dependencia desde la cual se giró un comunicado en el que se anunció un procedimiento administrativo y jurídico para remover a la Fiscal Valdovinos Salmerón, como ya sucedió con los secretarios general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por parte de policías estatales, el intento de criminalizar a los estudiantes y la fuga del autor material.
Sin embargo, desde ayer la Fiscal ha dicho que no se atendrá a la decisión de dejar su cargo en el cual fue puesta directamente en diciembre de 2021 por la Gobernadora Evelyn Salgado luego de que la terna que mandara al Congreso fuera rechazada. El antecesor de la Teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón en la Fiscalía General de Justicia de Guerrero Jorge Zuriel de los Santos Barrila, renunció al cargo en octubre de 2021 después de que se difundieron fotografías y un video donde se le ve reunido con un presunto líder criminal.
“En atención a la comunicación realizada este día por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la suscrita fiscal general del estado es respetuosa de lo dicho por la mandataria estatal, sin embargo, no debe pasar desapercibido que para mi remoción del cargo se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales que para tal efecto se han establecido”, expresó en un comunicado la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Ya en otros estados los gobernadores han enfrentado conflictos con los Fiscales de las entidades ya sea por su desempeño o por sus vínculos con Gobiernos pasados. Uno de los primeros casos que se han dado ocurrió en Veracruz cuando a días de la gestión del morenista Cuitláhuac García el Congreso aprobó modificaciones a la Constitución para remover al entonces fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad “Altiplano” de México por el delito de privación ilegal de la libertad.
En octubre pasado, el Gobierno de Morelos, que encabeza el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo solicitó al Congreso del estado la remoción del Fiscal Uriel Carmona Gándara al no haber aprobado los exámenes de control de confianza y por los diferentes procesos que tiene abiertos en su contra por retraso de la justicia, por favoritismo por encubrimiento, por feminicidio en su calidad de auxiliador y por tortura. Pese a ello, sigue en el cargo.
El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que los fiscales “longevos” o transexenales renuncien si no dan resultados. En esta situación figuran el Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, quien fue herencia del panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que es conocido por orquestar el llamado “michoacanazo” en el Gobierno de Felipe Calderón, y porque en su gestión en Tamaulipas se le acusó de falsear pruebas y de armar casos con motivos políticos.
Otro caso es el del Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien ya lleva al menos 13 años en el cargo mientras esa entidad es una de las más violentas del país, y de quien el Presidente López Obrador ha pedido su renuncia, algo que no ha ocurrido.
La propia Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón no ha estado exenta de polémica. El diario El País dio cuenta cómo a principios de diciembre pasado, un grupo de trabajadores que habían sido despedidos de la Fiscalía, entregaron un oficio en el Congreso local en el que solicitaban que Valdovinos Salmerón fuera juzgada por corrupción por echar a la calle injustificadamente a unos 800 empleados del Ministerio Público de todo el Estado y colocar a militares.
El periódico español sostiene que su actuación ha permanecido en la mira de las asociaciones civiles y de defensa de los derechos humanos, que la han llegado a acusar de tener un “acuerdo de impunidad” con el Cártel de Sinaloa.
Junto a esta problemática se encuentran los altos niveles de violencia, el caso del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta asesinado por un policía que se dio a la fuga y los casos de extorsión en la entidad.
