Álvaro Delgado Gómez
15/03/2022 - 12:05 am
Lobos con piel de borregos
Como hay una simbiosis de estos intereses en España y en México, los políticos, empresarios y negocios mediáticos le dieron una amplia resonancia a la narrativa liderada por quienes se asumen como víctimas del régimen.
A primera vista parece un acto solidario con un gremio que por décadas ha padecido en México acoso, agresiones y asesinatos ante la indiferencia y complicidad del Estado y de los propios medios, pero cuando se identifica a los autores de la resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia contra los periodistas, y el momento en que se emitió, entonces el lance ya no parece tan encomiable.
Y cuando los propios eurodiputados, específicamente los de España, acusan que la inseguridad en México alcanza a las empresas, sobre todo a “las inversiones extranjeras en el sector energético”, y la atribuyen de lleno a la “retórica populista” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, uno piensa que lo importante no son tanto los periodistas como los negocios.
Más aún: Cuando se examina la narrativa de la resolución –que no miente en las cifras de asesinatos, hay que subrayarlo–, cuando se analizan a detalle los discursos de los parlamentarios y cuando se revisan sus biografías, no hay manera de no concluir que detrás de la encendida defensa de los periodistas y la libertad de expresión hay sólo vulgares intereses económicos, políticos y mediáticos.
Como hay una simbiosis de estos intereses en España y en México, los políticos, empresarios y negocios mediáticos le dieron una amplia resonancia a la narrativa liderada por quienes se asumen como víctimas del régimen.
Ahora resulta que los referentes del periodismo mexicano son Latinus, propiedad del clan del priista Roberto Madrazo, y la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, financiado por magnates del Consejo Mexicano de Negocios y fundado por Claudio X. González, creador de la coalición PRI-PAN-PRD, y hasta Joaquín López-Dóriga, primo del Embajador de España en México.
Y no: La exigencia legítima al Presidente López Obrador y a todas las instituciones del Estado para que garanticen la integridad física y emocional de los periodistas no significa montarse en un proyecto político local, articulado con el objetivo del Parlamento Europeo de preservar los intereses de sus empresas.
Sólo un eurodiputado fue la voz discordante en el Parlamento Europeo: El español Miguel Urbán Crespo, del grupo de izquierda, planteó dos preguntas sobre la razón y la coyuntura en la que se emitió el pronunciamiento del 10 de marzo, avalado por una aplastante mayoría:
“¿Por qué justo ahora que se está negociando la modernización del Acuerdo Global? ¿Podría ser que la intención de los que promovieron esta resolución no sea tanto velar por los periodistas y el derecho a la información en México, sino presionar a López Obrador para que defienda los intereses de las multinacionales europeas ante un intento de renacionalización de sectores estratégicos como la energía?”.
La sabiduría popular dice que lo que no suena lógico, suena metálico: No es fortuito que uno de los principales impulsores de la crítica al Gobierno de López Obrador sobre los periodistas sea Francisco José Millán Mon. ¿Y quién es este señor?
No sólo es miembro del Partido Popular de España –“socio” del PAN–, sino cuñado de Mariano Rajoy, el exjefe del Gobierno español que profundizó las privatizaciones, en especial de Endesa, la empresa pública de energía cuya liquidación inició Felipe González, del PSOE, y consumó José María Aznar, del PP.
Rajoy, el cuñado del promotor de la descalificación a López Obrador, es el autor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la “Ley Mordaza”, porque coarta la libertad de expresión y manifestación, y castiga severamente por actos de ofensa a España y sus instituciones. Bonita democracia la española.
Tampoco es gratuito que otro promotor del pronunciamiento contra México haya sido Leopoldo López Gil, empresario y político venezolano que huyó a España para nacionalizarse, padre del opositor Leopoldo López e impulsor del reconocimiento del Parlamento Europeo de Juan Guaidó.
Aunque en apariencia enemigos del PP y del PSOE, ligados a la corrupción con las energéticas –como Calderón con Iberdrola–, la ultraderecha de Vox también se sumó al pronunciamiento mediante Hermann Leopoldo Tertsch, el mismo personaje que acompañó a Santiago Abascal, dirigente de ese partido, a México a la reunión con senadores y militantes del PAN.
Como Urbán Crespo planteó, no es la primera vez que algunas resoluciones de la Eurocámara son mal utilizadas como «arma arrojadiza”, y en esta ocasión ante la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente López Obrador, que afecta a empresas españolas, en especial a las energéticas como Iberdrola, Repsol, Abengoa, Acciona, Alten, X-Elio, Naturgy, Fisterra Energy con Ektria, Alter Enersun, Bas Corporation, FVR, Cox Energy, Siemens-Gamesa, Grupo Ortiz, Energoya, Ingeteam, Dhamma Energy, Eosol, Elawan Energy, Sampol y Elecnor.
Así que, sin dejar de exigir al jefe de Estado López Obrador acciones para prevenir la violencia contra periodistas ni validar su respuesta al Parlamento Europeo ni ignorar que México está sujeto al escrutinio internacional –incluida la libertad de expresión–, los que aplaudieron acríticamente la resolución están desinformados o son politiqueros y oportunistas.
En España se sabe que en México ha habido y hay periodismo corrupto, salvo excepciones, pero no les importa mientras estén a sus órdenes. No ven al periodismo honrado ni a la censura, porque priorizan los negocios. ¿A poco ya olvidaron que el Grupo Prisa contrató a Juan Ignacio Zavala sólo por ser cuñado de Calderón, y que en 2008 corrió a Carmen Aristegui de W Radio?
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