Según Jacqueline Peschard, en el arranque del lopezobradorismo hubo una oferta creíble acerca del combate a la corrupción. Pero los resultados de ese combate son dudosos. Coincido con esa conclusión y me permitiré verlo desde un prisma, nacional el primero, chihuahuense el segundo.

Hace unos días todo el país fue testigo de la pifia en que cayó David Colmenares Páramo, a saber, el más encumbrado funcionario de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), institución de factura zedillista que vino a dejar atrás a la Contaduría Mayor que significó, por muchísimo tiempo, el baluarte de la corrupción política.

La ASF surgió no porque el poder lo quisiera o estuviera en su agenda privilegiada. Al contrario, hubo una larga y consistente lucha en todo el país por alcanzar una institución que aparte de realizar una contabilidad gubernamental de primer nivel, aspiraba a una auditoría y fiscalización garante de la anhelada rendición de cuentas, con autonomía que fuera desterrando la visión del control político de esta tarea del Estado. El anhelo era separar al auditor del auditado, mínimo para generar confianza en el manejo del patrimonio de la sociedad depositado en el gobierno.

El combate por lograr este esquema de auditoría federal corrió en paralelo de otras luchas que se dieron en los estados con idéntico propósito, para limitar a los gobernadores que actúan como usufructuarios de todos los bienes públicos durante sus periodos sexenales. Aquí en Chihuahua, durante el gobierno de Patricio Martínez García, más de 20 mil ciudadanos hicieron llegar una iniciativa popular al Congreso para crear un Tribunal Estatal de Cuentas, con el resultado de que el sátrapa ordenó desecharla, golpear y amenazar a los proponentes.

Pero el problema supera con mucho al simple diseño de nuevas instituciones y aun a la creación de las mismas, como tuvimos oportunidad de advertirlo cuando Colmenares Páramo nos dio noticia de lo que sucede con relación al aeropuerto de Texcoco que fue frustrado por una polémica decisión de Andrés Manuel López Obrador. Bastaron una cuantas horas para que el bravío auditor se desdijera, exhibiendo una servidumbre total ante el presidencialismo arrogante. No es creíble que se rinda un informe, para un día después retractarse del mismo, cuando se trata datos largamente procesados, se supone, por un personal con altas calificaciones profesionales.

Pero no extraña. Ese auditor entró al cargo durante la etapa de Enrique Peña Nieto a fin de encubrir delitos y extorsionar a personas. Se recuerda cómo fue que uno de sus primeros actos en esa etapa fue pedir la renuncia a todo el equipo de expertos que sustituyó con un grupo de políticos corrompidos y personal de los partidos políticos, allanando los laboratorios y también los equipos de cómputo. Sobre esto ha corrido mucha tinta, en especial habría que ver lo que en diversos momentos ha expuesto Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien fuera directora por trece años de la Auditoría Forense, una importante sección de la ASF, porque precisamente a partir de ahí es que se inician las responsabilidades penales contra quienes incurren en conductas ilícitas o penales.

Se han privilegiado otro tipo de auditorías como la financiera, la de desempeño, las que combinan ambos aspectos, pero no la forense como la palanca más consistente para obtener resultados en la lucha anticorrupción, porque cuenta en su haber con las facultades y atribuciones para darle sentido tanto al castigo de esas conductas como al seguimiento al dinero público desviado, y particularmente su recuperación.

Eso explica que en relación al fallido aeropuerto de Texcoco se hayan hecho, al menos, cinco auditorías de desempeño, pero ninguna de naturaleza forense, lo que significa que hay en esto mucho ruido y muy pocas nueces.

Esto, junto con otros casos, como la llamada Estafa Maestra, la Estela de Luz, el Tren Maya, la construcción de la refinería de Dos Bocas, los programas sociales insignia de este gobierno y otros casos heredados del pasado, no han concluido en auditorías forenses, antesala obligada de un combate a fondo de la corrupción. Y el responsable directo es, precisamente, Colmenares Páramo, el que un día fue a decir cosas muy fuertes, para desdecirse al siguiente y mostrar una frivolidad enorme que pudiera llevar a pensar que quebrar el esquema de auditoría está en uno de los propósitos del actual gobierno.

Asombra, incluso, que ya se mencione a un sustituto de Colmenares, de todos los afectos del presidente. Si así fuera, y a paso redoblado, aparte de la destrucción que esto implica, estaríamos en posibilidades de afirmar que el combate a la corrupción va hacia un rotundo fracaso.

López Obrador acaba de sacar de la bolsa de su pantalón su pañuelo blanco para izarlo en señal de que la corrupción se ha terminado, dando como prueba que él, personalmente él, no es corrupto, y que eso basta.

En criterio de la especialista Jacqueline Peschard, tenemos en presencia un discurso autoreferencial, pero que está reñido con la idea básica de la rendición de cuentas. A ese propósito recomiendo que lean su texto en el libro Balance temprano, que coordinaron Ricardo Becerra y José Woldenberg, que contiene consistentes críticas desde una izquierda democrática, lo que subrayo para que no piensen que se trata de simples “conservadores”, “reaccionarios”, “fifís”, o “intelectuales orgánicos”.

Hay un dato relevante en ese estudio. En 2019 por adjudicación directa se erogaron 139 mil 835 millones de pesos, que son el 78.2% del total de contrataciones durante ese año, lo que constituye, como en el pasado, la práctica más extendida. Entonces, no hay porqué levantar banderas blancas.

Sobre el segundo aspecto, ha pasado un tercio del gobierno de López Obrador y el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09 fue iniciado hace casi siete años contra la corrupción de César Duarte y la Fiscalía de Gertz Manero no ha hecho nada. Desfalcar a todo un estado, pretender fundar un banco con dinero público y además ser socio principal, ¿no es delito que importe? A tal grado van las cosas que hasta se piensa que el tirano tendrá alfombra roja para llegar a su casa y una aliada en la candidata panista María Eugenia Campos Galván.

Mientras no se entienda que el problema de la corrupción es estructural, y así se le encare, saldrán sobrando los pañuelos blancos.

Jaime García Chávez

https://www.sinembargo.mx/author/jaime-garcia-chavez

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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