El texto subraya que se aplicó “un modos operandi casi uniforme” en la forma en que se detuvo de forma arbitraria y se torturó “para extraer información o confesiones”, así como en que se tardó mucho en presentar los sospechosos ante la Fiscalía, lo que provocó que estas personas estuvieran fuera de la protección de la ley.
México, 15 marzo (EFE).- Al menos 34 personas detenidas en las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado hoy.
El texto asegura que hay “fuertes evidencias” para afirmar que algunas de las personas detenidas en relación con la investigación de los estudiantes fueron “detenidas arbitrariamente y torturadas”.
En concreto, la investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas.
Asimismo, el texto denuncia que “a su vez, estas serias violaciones no fueron investigadas adecuadamente e incluso fueron encubiertas”.
El informe, titulado “Doble Injusticia-Violaciones a los Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, examinó información sobre 63 individuos de un total de 129 personas investigadas en conexión con la desaparición de los estudiantes mexicanos.
El texto subraya que se aplicó “un modos operandi casi uniforme” en la forma en que se detuvo de forma arbitraria y se torturó “para extraer información o confesiones”, así como en que se tardó mucho en presentar los sospechosos ante la Fiscalía, lo que provocó que estas personas estuvieran fuera de la protección de la ley.
El informe establece que los casos documentados de violaciones a los derechos humanos tuvieron lugar después del 5 de octubre de 2014, “cuando la Oficina del Procurador General de la República (PGR) asumió la investigación de los fiscales del estado de Guerrero, donde las desapariciones sucedieron”.
“Los arrestos fueron llevados a cabo por personal de la PGR de la Policía y de la Armada Mexicana”, subraya el informe.
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre policías corruptos arrestaron a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Pero padres y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abrieran nuevas líneas de investigación.
