Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– El crimen organizado ha demostrado tener capacidad de involucrarse en sectores políticos y productivos como la minería, ganadería, agricultura, hidrocarburos y otros negocios asentados en paraísos fiscales. Especialistas en el tema no dudan que ante un eventual “negocio del agua” en México, el narcotráfico participe, pues necesita de este recurso para la siembra o producción de drogas que muchas veces se realiza en zonas aisladas.
Organizaciones civiles y la oposición en la Cámara de Diputados han insistido que el dictamen aprobado de la Ley General de Aguas Nacionales tiene como objetivo privatizar el líquido y su red de distribución. Lo cual, aseguraron expertos, tendrá como consecuencia que se convierta en una mercancía que no estará al alcance de todos, sino sólo del “mejor postor”.
En entrevista para SinEmbargo, la química María de las Nieves Carbonell León, quien trabajó en la Auditoría de Seguridad Industrial y Ambiental de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicó que actualmente no existe un sistema de seguridad que impida que sean contaminados ríos, lagos o la red de distribución de agua, por tal motivo no le sorprendería que en el futuro criminales puedan incluso ordeñar agua, como se hace con la gasolina.
“El crimen organizado lo abarca todo. Es un sistema simbiótico, por un lado en los países en donde se da la apropiación de recursos por parte de particulares de una u otra manera se establece en un sistema de violencia. En África hay luchas entre etnias, en Medio Oriente la guerra entre grupos extremistas, en América Latina: México, Colombia y Venezuela está el narcotráfico tratando de apropiarse de los recursos”, explicó.
Carbonell León agregó que no es nada nuevo que el crimen intente entrar en el negocio del agua, y expresó que sus actividades cuentan con apoyo de autoridades.
En 2012, integrantes de la organización campesina El Barzón denunciaron que el narcotráfico ya controlaba la distribución del vital líquido en distintas zonas para vendérselo principalmente a las empresas mineras.
Análisis de colectivos destacan que la Nueva Ley General del Agua limita el derecho al agua a 50 litros por persona de manera prorrateada, es decir, con tandeos. Así lo establece el artículo 10 y 49 del dictamen.
Según distintos académicos que se oponen, la nueva ley restringe el derecho humano al agua y permite a particulares trasvases directos (Articulo 116), concesiones de megaproyectos hidráulicos (Artículos 129 y 132), la contaminación de ríos “siempre que no rebasen la capacidad de asimilación” (Artículo 142), el uso de la fuerza pública para ejecutar obras de Conagua (Articulo 263), el despojo de comunidades que se opongan a hidroeléctricas (Artículo 126, 127, 129) y obstaculiza el estudio científico del Agua (Artículo 262).
EL AGUA COMO MERCANCÍA
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) planteó que la cantidad promedio de agua disponible en México al año es de 476 kilómetros cúbicos (km3). Del total de agua disponible 84 por ciento escurre superficialmente y el resto se incorpora a los acuíferos (16 por ciento). La capacidad de almacenamiento de agua en México es de 150 km3; es decir, tan sólo 37 por ciento del escurrimiento promedio anual en el país, mientras que más de 60 por ciento del agua que escurre se descarga al océano sin aprovechamiento.
La Semarnat publicó en 2005 un mapa de disponibilidad del agua. Muchos de los estados que presentaron la categoría de Media, Baja, Muy Baja, son entidades en las que el narco tiene amplia presencia.
Para la doctora Úrsula Oswald Spring, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el crimen organizado lleva años afectando el ciclo del agua al talar árboles clandestinamente de los bosques donde nace el líquido.
“En Puebla y Michoacán hay infiltración del narco en la tala, ¿y qué ha pasado? Nada. Lo que tenemos son inundaciones por esta falta de cuidado. Millones de dólares salen de américa por la explotación de recursos por parte del narco. Es prioritario securitizar el agua no en términos militares, sino en términos de derechos humanos”, dijo Oswald.
El crimen organizado en México no sólo se ha limitado a operaciones de producción, transporte o distribución de narcóticos. Muchos cárteles han optado por participar en otros negocios como la minería, en el caso de Los Caballeros Templarios, o la venta de hidrocarburos, por parte de Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Alfredo Castillo Cervantes, ex Comisionado para la Seguridad en Michoacán, dijo el año pasado que las drogas dejaron de ser la principal fuente de ingresos de Los Caballeros Templarios; por su parte, el investigador estadounidense George Grayson, autor de All the executioners men (Todos los hombres del verdugo), aseguró que Los Zetas mantenían 25 actividades diferentes al narcotráfico.
No se sabe a cuánto ascienden estas actividades ilícitas por separado, pero juntas generan en el país 19 mil millones de dólares, según cálculos de la revista de negocios Expansión con datos de los gobiernos de México y de Estados Unidos
La DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) indicó en 2012 que en la economía mexicana existe un excedente de entre 9 mil 200 y 10 mil 200 millones de dólares, que al final no justifican una fuente legítima.
El doctor Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, argumentó que la nueva ley propone que el manejo del agua que actualmente está en manos del Estado pasará al sector privado y eso “es privatización”.
“Para cultivar cualquier cosa necesitas agua, interesante porque en ese estado las autoridades incluso pueden tener reconocimiento de sembradíos, pueden localizarlos vía satelital”, comentó Carrillo.
