Ciudad de México, 15 de marzo. (SinEmbargo).– El Gobierno del Distrito Federal (GDF) publicó ayer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, que sustituye a la anterior de 2008.
Se trata de un delito que en el Distrito Federal creció 140 por ciento durante los últimos cuatro años, según ha informado la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Entre los aspectos más destacados de esta nueva ley es que contempla un fondo de apoyo para las víctimas del delito, el cual será financiado por los decomisos y extinción de dominio de quienes encabecen las redes de trata.
Asimismo, propone un trabajo interinstitucional para la atención en distintas materias de quienes sean víctimas del delito.
Con la publicación de esta ley, que el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera Espinosa, tiene 90 días para hacer modificaciones, el Distrito Federal tiene su propia ley, que se suma a la Ley General de Trata expedida por el Congreso de la Unión el año pasado, pero cuyo antecedente se remonta a 2009.
“Es una adecuación de la ley del DF los lineamientos generales que marca la ley general en materia de trata de personas que en el fondo marca disposiciones contra la trata. Es un proceso de armonización de la ley general y la ley del Distrito Federal y que deben tener cada uno de los estados, algunos ya han avanzado”, explicó sobre la ley el ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Samuel González Ruiz.
La trata de personas es el segundo delito más lucrativo, después del de tráfico de armas, afirmó por su parte el ex titular de la Subprocuraduría General de la República, Jorge Lara Rivera.
“La trata es considerada después del narcotráfico uno de los delitos que más recursos deja a la delincuencia organizada, es un tema endémico con una alta cifra negra y por lo mismo que no se denuncia, no se conoce con claridad la correlación del fenómeno. Efectivamente es un problema muy grave de seguridad pública”, dijo.
RECONOCIMIENTO GENERAL
El ex funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Lara, explicó cómo se coordinará la Ley del Distrito Federal con la Ley general.
“Esta ley atiende todo lo que no concierne a la Ley General en aspectos en atención a víctimas y las estructuras del Gobierno del DF se ponen al servicio de la figura de víctima genérica de trata. En la Ley de extinción de dominio se especifica que el destino de los bienes de extinción de dominio será para un servicio, de un fondo para resarcir y atender a las víctimas de delitos, como en el caso del secuestro donde se pone lo mismo, que se decomise y se extingan bienes de las bandas de secuestradores. Es importante hacer énfasis en este sentido porque hay que ver que en el DF se ha tenido éxito de una manera señalada en extinguir dominio de hoteles o de instalaciones en los que se han realizado o se han cometido trata de personas”, planteó.
Pero además de expropiarle las propiedades a los delincuentes, como casas, terrenos, también es necesario hacerlo con sus cuentas bancarias, sus activos financieros y pide que un primer paso sería aplicarlo con la ex directora de la organización Asociación en Pro Apoyo a Servidores, Alejandra Gil, acusada de trata y detenida el 12 de febrero.
“Habría que ir tras los caudales y no sólo de las instalaciones, sino de las cuentas, por ejemplo de esta señora procesada, de sus cuentas bancarias y haberes patrimoniales para recuperar en los juicios la figura de reparación de daño, que va por otra cuerda. Hay que confiar y hacer votos con que la fiscalía de trata también sea cuidadosa y técnicamente atienda las posibilidades de reparar el daño a través de la provisión de información financiera y patrimonial de Gil y sus cómplices. Seguramente hay un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos y eso implica un trabajo de investigación”, planteó.
Destacó también en la ley capitalina contra la trata la comisión interinstitucional que dará atención a las víctimas entre las cuales un alto porcentaje son mujeres, niños, indígenas y migrantes.
“Regresando al tema es una ley que sí comprende de manera integral muchos aspectos que pueden ayudar a paliar las circunstancias de quienes han sido víctimas de trata y se preocupa de sus aspectos laborales, su tratamiento psicológico. No hay que olvidar que tenemos otra ley marco general que es la ley de las víctimas, entonces hay bastantes disposiciones encaminadas a cuidar a las figuras de la víctima. En este caso de trata hay distintas figuras tanto de orden preventivo como de restitución, de reparación social, cuidados jurídicos, médicos, entonces enhorabuena que se publique y confiemos que se aplique correctamente”, explicó.
Consideró que la Comisión interinstitucional pueda atender el fenómeno en su complejidad y de acuerdo con sus causas para ofrecer soluciones y generar políticas públicas adecuadas, equilibradas, integrales y objetivas en esta materia.
“Sin duda complementa este marco normativo y lo que hay que ver es que se desdoble en una participación ciudadana y comprensión del fenómeno de trata, que es distinto a la prostitución, aunque puedan darse confusiones y si se dan que no sean de manera indebida”, expuso.
Además propuso que se elabore un protocolo que distinga a las víctimas de trata y las que ejercen prostitución y evitar que las víctimas nieguen serlo por temor a represalias de sus explotadores que las amenazan con denunciar su condición migratoria, dañar a sus familias o impedirles ver a sus hijos.
“Esto se puede atender con un desarrollado por expertos, esa es una tarea tanto de la fiscalía como de la Comisión interinstitucional para que con elementos más sólidos que no hagan depender el ejercicio de la acción penal de que la probable víctima diga o no diga que es voluntaria, esa es la delgada línea que separa esto, con una circunstancia de explotación y que las presuntas víctimas digan que lo hacen es de manera voluntaria. Insisto, esto es una labor psicológica y criminalística”, dijo.
Lara comentó que el DF va a la vanguardia en cuanto tener su propia ley y aunque la ley general contempla su persecución y combate en todo el territorio nacional, hay aspectos no tocados, como los apoyos a las víctimas que corresponden a los estados, pero no todos han mostrado interés en avanzar en ese sentido.
“El problema es que los estados no han modernizado estructuras de prevención, combate y participación ciudadana y eso genera impunidad y vulnerabilidad de los grupos sociales abusados por este delito”, precisó.
“En el caso de trata sí, el DF sí va muy avanzado. Hay unos estados que van muy mal y otros van regular, hay que revisar cada caso en concreto”, dijo Ruiz.
LOS DATOS
La trata está definida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño al abuso de poder o de situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Cada año 20 mil niños mexicanos son víctimas de trata, especialmente en zonas turísticas y fronterizas
En México se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral. Las entidades con mayor riesgo de que se cometa este delito son: Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Tlaxcala y Quintana Roo.
En febrero de 2009 se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
A raíz de esta disposición 22 estados realizaron reformas a sus códigos penales
Solo dos estados cuentan con leyes específicas sobre el tema: Chiapas y Distrito Federal
*Datos según la página de internet de la organización “Contra la trata de personas en México”.
