La exigencia por la aparición con vida de la activista Obtilia Eugenio Manuel y su acompañante, Hilario Cornelio Castro, continúa con marchas, llamados en el Senado de la República y comunicados de organizaciones no gubernamentales. Mientras el Gobierno de Guerrero solicitó el apoyo de la administración federal para la búsqueda de la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM).
Por otra parte, OPIM dio a conocer que las amenazas a la activistas iniciaron desde el sábado hasta el pasado martes. Los señalamientos se dieron por cuatro mensajes de texto en los que se les exigía detener su labro al interior del Concejal de Ayutla. Mientras el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que Eugenio Manuel se podría ubicar cerca de la población de San Marcos.
Por Anarsis Pacheco/Jacob Morales/Lourdes Chávez/Zacarías Cervantes/
Chilpancingo/Guerrero, 15 de febrero, (ElSur/SinEmbargo).- Organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos exigieron la aparición con vida de la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) Obtilia Eugenio Manuel, y de su compañero Hilario Eugenio Castro, luego que el pasado martes desapareciera en una carretera de Guerrero. Señalaron que el Gobierno será el responsable en caso de que no garantice la seguridad e integridad de la activista.
El Espacio de Organizaciones para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC), integrado por 20 organizaciones nacionales e internacionales, exigió mediante un pronunciamiento ayer la presentación inmediata con vida de la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) Obtilia Eugenio Manuel, y de su compañero Hilario Eugenio Castro.
En tanto que integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles y Estudiantiles del Estado de Guerrero replicó la exigencia en una conferencia de prensa en Chilpancingo.
Espacio OSC refiere que es muy preocupante que aún con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) no se haya brindado la protección adecuada, “y que ahora nos enfrentemos a un hecho de desaparición”.
“Exigimos al presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación, al subsecretario de Derechos Humanos, a la Comisionada Nacional de Búsqueda y al gobernador del estado que realicen las acciones de búsqueda inmediata, mismas que impliquen entre otras cosas movilizar a fuerzas de seguridad a la zona para garantizar la presentación con vida de la señora Eugenio Manuel y el señor Cornelio Castro”, dice el escrito.
Es claro que en caso de escalar estos hechos a un estado de mayor gravedad el Estado mexicano, “estará enfrentándose a la responsabilidad internacional por no garantizar la protección de la señora Eugenio”.
Algunas de las 20 organizaciones que integran el Espacio OSC son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh), Artículo 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Casa de los Derechos de Periodistas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Asociadas por lo Justo (Jass), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
ASTUDILLO PIDE APOYO
El Gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que para la localización de la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y su acompañante, Hilario Cornelio Castro, es necesaria la ayuda del Gobierno federal.
“Es un asunto que ha tomado una velocidad, no nada más nacional sino internacional, entonces para nosotros es muy importante toda la ayuda, necesitamos toda la ayuda de la federación, de todas las instituciones que puedan colaborar para saber qué sucedió”.
En declaraciones a reporteros al concluir la entrega de nombramientos a maestros de nuevo ingreso, que se realizó en la Sala de la República de Casa Guerrero, afirmó que su Gobierno a través de todos los órganos institucionales que existen como la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía del Estado han cumplido su labor de investigación y búsqueda de los dos líderes de la OPIM que este jueves cumplieron su segundo día de desaparecidos.
“Para saber qué sucedió, dónde está, a dónde se fue. Todo esto estamos sobre el tema y soy el más interesado en que ella y su acompañante aparezcan a la brevedad”, subrayó el gobernador.
En la consulta realizada antes del mediodía, adelantó a los reporteros que el fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barilla haría un anuncio sobre una recompensa para quien proporcione información útil y verídica sobre el paradero de los dos integrantes de la OPIM.
Dos horas después se difundió una primera ficha que anunciaba una recompensa de 2 millones de pesos para quienes ofrezcan la información sobre el paradero de los dos los integrantes de la organización, pero en esta ficha la FGE cometió un error, ya que en lugar de difundir una fotografía de Hilario Cornelio, publicó una de Valentín Hernández Chapa, ex vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y activista por la libertad de los presos políticos que hay en cárceles de Guerrero.
Después de hacer la corrección, la dependencia difundió una nueva ficha en la que se dice que a quien proporcione información que lleve a la localización de las personas que se muestran en las imágenes obtendrán una recompensa de 2 millones de pesos, acompañado del número telefónico 01 800 832 76 92.
En la consulta al Gobernador se le recordó que el esposo de la también integrante del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, Cuauhtémoc Ramírez, informó sobre una denuncia presentada ante el Ministerio Público y las amenazas de muerte en contra de Obtilia Eugenio y que las autoridades no hicieron nada.
“Ellos tenían una, o tienen o más bien un grupo de policía que yo ayer que les pregunté al esposo, porque lo platique con él, por qué no estaba con ellos. Me llama mucho la atención porqué no estaba (la policía) con ellos”, agregó.
Dijo que durante la plática con Cuauhtémoc Ramírez, éste le dio detalles que inmediatamente proporcionó a la FGE, pero “obviamente hay cosas que uno tiene que ser cuidadoso, para tener prudencia en el caso”.
Se le preguntó el porqué de la ausencia de la policía del estado que se le asignó por las medidas cautelares a las que tenía derecho, y respondió que no puede hacer público los motivos: “prefiero yo guardarlos”.
También se le preguntó sobre los señalamientos hechos por el esposo en contra de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de lo que dijo que le preocuparía mucho dar a conocer las líneas de investigación porque cree que es información que se debe de guardar con prudencia.
“Yo tengo confianza y espero que la encontremos bien, con su acompañante”.
Se le preguntó si había comunicación con alguien que pidiera algún rescate para su liberación, pero dijo que hasta donde él está enterado nadie se ha comunicado.
NESTORA EXIGE RESULTADOS
La Senadora Nestora Salgado García y el padre Alejandro Solalinde demandaron la presentación con vida de la dirigente indígena Obtilia Eugenio Manuel y de su compañero Hilario Cornelio Castro, desaparecidos el martes.
En una conferencia en la Cámara de Senadores en la ciudad de México, el cura dijo que si el gobernador Héctor Astudillo “no es capaz de entregar con vida” a la luchadora social, debe de renunciar al cargo.
Y de su parte, la ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García lanzó un llamado “enérgico” al gobierno del estado para que dé resultados y presente a la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
La senadora lamentó que la desaparición de la dirigente ocurrió a pesar de que cuenta con medidas cautelares, como la muerte de la dirigente Rocío Mesino Mesino quien fue asesinada el 19 de octubre de 2013 en la comunidad de Mexcaltepec, Atoyac de Álvarez.
“Por eso hoy propongo que el Senado de la República condene enérgicamente la desaparición de la defensora indígena Obtilia y de su compañero Hilario, así como un exhorto a la Fiscalía General de Guerrero para que realice las investigaciones con debida diligencia, y agote todas las líneas de indagación que permitan de manera urgente y prioritaria localizar con vida a la defensora indígena y a su acompañante”.
Además, que mediante un punto de acuerdo solicitará al gobierno federal, a los estatales y municipales que desde su competencia, con el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, respeten, promuevan y garanticen los derechos humanos de los periodistas así como los defensores de derechos humanos, “implementando las medidas necesarias para prevenir agresiones de cualquier tipo y garantizar la protección y defensa de sus derechos humanos”.
La senadora resaltó la importancia de Eugenio Manuel como traductora en el caso de la violación que sufrieron por el Ejército, Valentina Rosendo e Inés Fernández, y recordó que “ella ya había tenido amenazas y por eso estaba en el mecanismo de protección, por eso ahora no podemos permitir que una compañera de esa talla y de esa lucha nos la desaparezcan así de fácil, y que el gobierno no esté dando ningún pronunciamiento”.
Por su parte, el padre Solalinde expresó que la desaparición forma parte de un “crimen de género porque todos los días hay mujeres asesinadas”.
Dijo que la dirigente ha enarbolado varias causas y ha desenmascarado agresiones contra los pueblos originarios, como la esterilización de las mujeres indígenas del estado. “Esto es una afrenta para los guerrerenses pero también para los mexicanos y mexicanas, pero sobre todo para las mujeres”.
“Cuánto tiempo más vamos a tener que estar soportando a autoridades que no defienden a las mujeres. Si Héctor Astudillo no fue capaz, no ha sido capaz de defenderla y entregarla con vida, que es su obligación porque ella está en el mecanismo de protección y él es el principal responsable del Estado mexicano para darle esa protección, si él no es capaz de haberla protegido y no la protege entonces debe de renunciar, no queremos ya esas autoridades ineptas que no cuidan la vida de las mujeres”.
En la conferencia otras senadoras de Morena se sumaron a la exigencia de justicia y la presentación con vida de la dirigente indígena, demandaron al gobernador, “queremos una respuesta” y no más desapariciones en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Además responsabilizaron al gobernador Héctor Astudillo debido a “su incapacidad e inacción”.
Mientras integrantes del gobierno municipal indígena preguntan en los sitios de taxis en el camino entre Ayutla y Chilpancingo, por el que pasaron en transporte público la dirigente y su compañero de la OPIM. Ayer estuvieron en Tecoanapa y Tierra Colorada
CONCEJAL DE AYUTLA INICIA BÚSQUEDA
En caravana, integrantes del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres iniciaron una campaña de búsqueda de la presidenta Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida el martes 12 de febrero junto con el activista Hilario Cornelio Castro.
Consultado a su llegada a la cabecera municipal de Tecoanapa, el coordinador del Concejo, Longino Julio Hernández, aclaró que la líder de la OPIM es una de los 38 coordinadores que conforman el Gobierno municipal electo mediante procesos normativos de los pueblos originarios, y una de las más puntuales en las reuniones que realizan casi todos los días, a las 8 de la mañana, antes de comenzar la atención a la población.
También precisó que el Concejo Municipal no va a culpar a nadie, la investigación oficial está en manos de la Fiscalía General del Estado, que deberá llegar a las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”.
Longino Julio recordó que Obtilia Eugenio registró asistencia en la reunión de el lunes, y el martes no se presentó. Estimaron que era una ausencia de poco tiempo, pero después de medio día comenzaron a preguntar a sus familiares por ella, y no se le localizó.
Para el miércoles, cuando decenas organizaciones civiles y sociales exigieron la presentación con vida de los activistas desaparecidos, indicó que el Concejo organizó una comisión para presentar una demanda por la desaparición de la integrante del Concejo en la Fiscalía General del Estado, cuando ya habían sido más de 24 horas de no conocer de su paradero.
Los concejales también decidieron recorrer la ruta por la que pasaron Obtilia e Hilario cuando desaparecieron, en una investigación independiente a la que realizan las autoridades.
De acuerdo con datos oficiales, cuando fueron desaparecidos Obtilia e Hilario viajaban en el transporte público de Ayutla a Chilpancingo,
Ayer integrantes del Concejo estuvieron en los sitios de taxis de los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero.
Con hojas tamaño carta con la fotografía de la luchadora social junto a números telefónicos para reportar cualquier dato de su paradero, la caravana, de unas 400 personas –según datos de los organizadores–, hablaron con choferes de la ruta Tecoanapa-Las Mesas, Las Mesas-Tierra Colorada y Tierra Colorada-Chilpancingo.
Pegaron volantes en postes, paredes de los sitios y espacios comunes.
Detallaron que el contingente se conforma por concejales, representantes de los 140 pueblos de Ayutla, comisarios y algunos policías, “civiles y sin armas”, y ciudadanos.
Son los primeros anuncios que se colocan en estas poblaciones. No hay carteles ni lonas de la FGE que ya anunció que ofrece una recompensa por información en internet que permita dar con el paradero de los luchadores sociales.
La también coordinadora del Concejo, Patricia Guadalupe Bazán Ramírez, que encabezó la comisión que llevó la denuncia la FGE, indicó que también habló con autoridades municipales de Juan R. Escudero, con cabecera en Tierra Colorada, y Chilpancingo, para pedir su colaboración en esta jornada. Añadió que el despliegue se está realizando porque no pueden permitir la desaparición de una compañera ni de defensores, “es un golpe directo para nosotros como gobierno, como pueblo, como ciudadanos, porque sabemos cómo está la situación en el estado, y no vamos a parar. Pedimos de manera enérgica la presentación con vida de nuestra compañera, no vamos a dejar de buscarla”.
Se les recordó que se acusó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y a la delincuencia organizada, de la desaparición de los activistas, y que el móvil sería el control de la obra pública a cargo del gobierno municipal.
El esposo de Obtilia, Cuauhtémoc Ramírez, reveló que la presidenta de la OPIM estaba revisando los expedientes de infraestructura social, a los que se destinan recursos millonarios. Ayutla ha sido uno de los municipios indígenas con más recursos para obras públicas.
Dado que la UPOEG colabora con el Concejo Municipal en la prevención del delito, el coordinador, Longino Julio, respondió que el asunto está en manos de las autoridades, “para que realice una investigación, caiga quien caiga, y se castigue a los responsables. No podemos culpar a nadie, sólo estamos en búsqueda, y el que sea culpable debe pagar las consecuencias”.
El tercer coordinador del Concejo, de la lengua me’phaa, Isidro Remigio Cantú, agregó que Obtilia, ha sido una compañera puntual en las actividades de gobierno, y van a seguir paso a paso la ruta por la que pasó antes de su desaparición, para preguntar en cada sitio de taxis quiénes la vieron pasar, con la intención de encontrarla con vida, “tenemos esa esperanza, y estar en coordinación con las autoridades estatales, esperamos que a la brevedad la encontremos”.
GARANTIZAR VIDA, LA PRIORIDAD
Si el Concejo Municipal Comunitario se coordina con la UPOEG en Ayutla, el gobierno de Juan R. Escudero recibe el apoyo del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y los dos movimientos armados contra la inseguridad se han enfrentado en varias situaciones, incluso con muertos durante varios años.
En consulta, la síndica de Juan R Escudero, Ruth Delgado Bahena aclaró que los movimientos armados de Juan R. Escudero y de Ayutla nunca se confrontaron. La confrontación fue con grupos de otras poblaciones, “por eso se entiende que la prioridad en este momento es encontrar a la compañera y no vimos diferencias ni políticas ni armadas ni nada, a quienes vengan, el Ayuntamiento garantiza la seguridad de ellos, tienen nuestro respaldo”.
En Tierra Colorada, Delgado Bahena acompañó la entrevista que integrantes del Concejo Municipal tuvieron con choferes del sitio de taxis Tierra Colorada-Chilpancingo, casi a las 5 de la tarde. Ahí se preparaban para alimentarse antes de continuar a El Ocotito donde hoy continuarán las acciones de búsqueda, y anunciaron que seguirán a Chilpancingo.
Por otro lado, habló de la operación que realizó la Policía Municipal de Juan R. Escudero, el FUSDEG, y en coordinación con la Policía Estatal, para salvaguardar el territorio desde que conocieron de la desaparición de la luchadora social y su acompañante.
“Me enteré de la desaparición de los activistas el martes 12 a las 8:30 de la noche, por medio de Ministerio Publico, y por organizaciones que comenzaron a girar información en redes sociales y de inmediato, se dio parte a la Policía Municipal, coordinan acciones con el movimiento comunitario, se realizó un pequeño operativo, porque la única fuente oficial dice que la compañera fue desparecida en el tramo de Tierra Colorada a Chilpancingo; sólo por eso damos la cara, porque no vamos a tolerar que el territorio sea usado para actividades ilícitas”.
AMENAZAS A OBTILIA POR ACTIVIDAD EN CONCEJO
La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) dio a conocer ayer las amenazas que recibió su presidenta, Obtilia Eugenio Manuel, en cuatro mensajes de texto en su teléfono celular, a partir del sábado y hasta un día antes del martes, cuando desapareció con el compañero con quien viajaba, Hilario Cornelio Castro.
El martes, la OPIM denunció que las amenazas a Obtilia se recrudecieron desde el sábado, y que éstas están relacionadas con la revisión que ella estaba haciendo como parte del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, de los expedientes de obras públicas en Ayutla en las que descubrió irregularidades y corrupción.
La organización señaló como responsable de las amenazas a la delincuencia organizada y a la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG).
Los textos con las amenazas, por la escritura, el manejo del español y el tono, parece que fueron escritos por gente indígena de la región, y en dos de los textos se hace referencia a los integrantes del Concejo Municipal, con amenazas para todos ellos, y Obtilia sería la primera en una lista.
Uno de ellos, textualmente dice: “Obtilia eugenio sabe de que problema te está metiendo, vales ve…que le pare te damos tres hora ala v…ya tenemos ubicada”. En el segundo le advierten: “Tu lo buscaste tus pinches perros se van cargar ala v…todos de los concejales tu esta primero lista ala v…todos”.
En el tercero le dice que ya están actuando en su contra: “Ni cuentas te diste hace un rato perra te encargamo del frente la bodega aurera pinche pendeja te vas cargar la chingada perra todos los concejales se van cargar ala v…todos”.
Un cuarto mensaje dice: “ya sabes que deben hacer normal ala v…tienen 5 días no pague tu porquería sino ala v…ha nadie más espera la indicación contesta pinches perra ya sabía de qué te metiste aguantala v…no metas ala familia”.
MARCHAN EN CHILPANCINGO POR OBTILIA
Acusan a Ramón Navarrete de ser un aliado del gobernador Héctor Astudillo en casos como éstos, y no de las víctimas. Denuncian la omisión de los gobiernos estatal y federal que no garantizaron la seguridad de la defensora, expresaron su repudio por su desaparición, y exigieron que se agilice su búsqueda y localización con vida. Acuerdan con la Fiscalía que el gobierno del estado ofrecerá hasta 2 millones de pesos a quien proporcione información para localizar a los desaparecidos
Integrantes de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos marcharon ayer para exigir la presentación con vida de la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y de su compañero Hilario Cornelio Castro.
La marcha terminó con una protesta afuera de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en donde reclamaron al presidente Ramón Navarrete Magdaleno la inacción del organismo, y lo acusaron de ser un aliado del gobernador Héctor Astudillo Flores en casos como estos, y no de las víctimas.
Antes ofrecieron una conferencia de prensa, y después de la movilización una comisión se trasladó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para conocer los avances de la búsqueda de la activista y su acompañante.
Los manifestantes responsabilizaron de la integridad física de Obtilia Eugenio y de Hilario Cornelio al gobernador Héctor Astudillo porque afirmaron que la activista y la dirigencia de la OPIM estuvieron solicitando al gobierno estatal la revisión de las medidas cautelares que tenía, a petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) desde noviembre pasado cuando Obtilia recibió las primeras amenazas, y nunca recibieron respuesta.
En la conferencia de prensa José Alfredo Pineda Gómez, integrante de la agrupación Coordinadora Universitaria informó que tienen información de que Obtilia como integrante del Concejo Municipal Comunitario revisó la asignación de obras de la administración municipal pasada (que encabezó la alcaldesa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ortensia Aldaco Quintana) y que encontró diversas irregularidades.
“Ella denunció las irregularidades y la corrupción en la ejecución de las obras y por eso comenzó a recibir las amenazas, hay indicios de que estas venían tanto de la delincuencia organizada como de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)”, denunció.
Asistieron a la conferencia de prensa la presidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, María Luisa Garfias, José Alfredo Pineda Gómez, la activista y dirigente indígena Martha Sánchez Néstor, la presidenta del Colectivo de Víctimas de Chilpancingo Guadalupe Rodríguez Narciso, la diputada local por Morena Norma Otilia Hernández Martínez, la hija del luchador social asesinado Ranferi Hernández Acevedo, Diana Hernández, la abogada del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, la líder de la Red de Empleadas del Hogar Petra Hermillo Martínez y la presidenta de la Asociación Estatal contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar.
Todos coincidieron en denunciar la omisión de los gobiernos estatal y federal por no garantizar la seguridad de la defensora, expresaron su repudio por su desaparición, exigieron que se agilice su búsqueda y localización, y su presentación con vida.
Después del mediodía los activistas encabezaron una marcha de más de 200 personas que partió del monumento a Las Banderas a las instalaciones de la Codehum, en donde protestaron por la inacción y omisión del organismo en los casos de desapariciones.
A la marcha se sumó después el ex preso y promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, así como la viuda del dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Sofía Mendoza Martínez.
En el trayecto corearon consignas como “Señor, señora, no sea indiferente se llevan a los activistas en la cara de la gente”, “ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables”.
La mayoría de los manifestantes portaban pancartas con otras consignas como: “Obtilia, aguanta, el pueblo se levanta” y “Obtilia, te queremos viva”.
Los manifestantes fueron recibidos afuera del edificio de la Codehum por Ramón Navarrete a quien le reprocharon la inacción y omisión del organismo, éste les informó de la operación de los cuerpos de seguridad para localizar a los desaparecidos, pero fue insistentemente increpado: “Queremos que busquen en las casas de seguridad, ustedes saben donde están, no se hagan tontos”, le gritó una de las manifestantes. “Vaya a exigir a la Fiscalía que haga su trabajo, ya deje de andar solamente atrás del gobernador, desquite su salario”, le exigió otra mujer.
Sofía Mendoza le dijo que ella fue beneficiaria de medidas cautelares pero que nunca funcionaron, “las patrullas no servían, los policías no tenían para gasolina y así en vez de protegernos a nosotros nosotros teníamos que protegerlos a ellos”, en cambio, reprochó que “el gobernador sí anda bien protegido y trae las mejores patrullas”.
La presidenta del Colectivo Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso le reclamó que no se coloque del lado de las víctimas, “y que siempre esté del lado del gobernador y no fue puesto para eso en este lugar, fue puesto para que vigile que se cumplan los derechos humanos”.
Le dijo que si bien no puede participar en las investigaciones puede activar al poder y a las autoridades que se encargan de la investigación para que vayan a buscarlos a todos los lugares, “por favor, le pedimos que se ponga a trabajar”.
El presidente de la Codehum esbozó una sonrisa burlona, lo que irritó más a la representante de víctimas de desaparecidos, quien explotó: “le exigimos que no se ría, que no se burle más de nosotros porque estamos hasta la madre, ya se llevaron a nuestros hijos, ya se están llevando a las defensoras, cuándo nos llevarán a nosotros y usted no hace nada, esa es nuestra indignación, nuestro coraje, nuestra rabia”, le gritó a un Ramón Navarrete, que, pese a que la defensora conmovió a los manifestantes él no mostró ni una pizca de conmoción en el rostro. Permaneció impasible.
Después de la protesta una comisión se trasladó a la FGE en donde se reunió con el fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila. También estuvo Navarrete Magdaleno.
“Se dialogó en torno a la búsqueda de Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro y les dio a conocer las acciones coordinadas desde el pasado martes a temprana hora con autoridades del gobierno del estado para localizar a la activista y su acompañante, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría General de Gobierno”, se informó por la tarde en un breve comunicado.
Además les dio a conocer el acuerdo por medio del cual el gobierno del estado ofrece hasta 2 millones de pesos a quien proporcione información para localizar a los desaparecidos.
Estuvieron en la reunión la diputada local de Morena Norma Otilia Hernández Martínez, Saida Reyes Iruegas, diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, Teodomira Rosales Sierra del Centro Morelos, María Luisa Marín y Arturo Campos Herrera.
UPOEG EXIGE PRUEBAS POR SEÑALAMIENTOS
El abogado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez Quintero respondió que es respetuoso de la acusación que lanzó el esposo de la integrante del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel, Cuauhtémoc Ramírez, de que la delincuencia organizada y esta organización armada están detrás de la desaparición de la activista debido al control de la obra pública en el municipio que ella revisaba.
Añadió que la persona que acusa debe hacerlo con pruebas.
El abogado que también acompaña al Concejo Ciudadano señaló que la familia está en su derecho, y en este momento, “hay una autoridad encargada de la investigación”.
Fue consultado en la caravana que organizó el Concejo Municipal para preguntar en los sitios de transporte público si vieron a la activista en algún punto de la ruta Ayutla-Chilpancingo.
El traslado en transporte colectivo requiere de varios trasbordos para llegar a la capital, primero de Ayutla a Tecoanapa, luego a Las Mesas de ahí a Tierra Colorada y desde ahí a Chilpancingo. También hay otras rutas de las comunidades del valle del Ocotito a Chilpancingo.
Vázquez Quintero subrayó que el interés es “encontrar a la hermana, una luchadora que compagina con luchas sociales, por eso decidimos organizar la investigación y la autoridad estatal hace lo propio, y que la investigación (judicial) arroje como se dé, caiga quien caiga”.
Añadió que la persona que acusa debe hacerlo con pruebas, no obstante aseguró que la estructura del Sistema Comunitario, incluso sus familiares, así como los integrantes del Concejo Municipal ya expresaron su disposición para someterse a la investigación judicial, para que se dé con el paradero de la también integrante del órgano de gobierno comunitario, “para que se dé con el paradero de la compañera y que se castigue a quien resulte responsable, que no es ajeno a lo que pasa en Guerrero y el país”.
Vázquez Quintero fue el representante legal de las autoridades comunitarias de Ayutla que promovieron la consulta para la realización de elecciones mediante procesos normativos en el municipio, y acompaña al Concejo Municipal Comunitario, y así como la UPOEG colabora en temas de seguridad con el gobierno municipal comunitario.
PARAMILITARES, LOS RESPONSABLES, DICEN
En la mañana integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles y Estudiantiles del Estado de Guerrero exigieron la presentación con vida de la dirigente Obtilia Eugenio, y de su compañero Hilario Cornelio desaparecidos desde el martes.
En conferencia de prensa los integrantes de las organizaciones informaron que protestarán en los próximos días, pero que primero buscarán un acercamiento con la familia y con otras organizaciones del estado, y denunciaron que es la UPOEG la que tiene retenida a la dirigente.
El líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame condenó la desaparición de los dirigentes, “este acto ratifica el alto grado de inseguridad que se vive en Guerrero y en el país, y que hoy exigimos de manera categórica que los presenten con vida, a la brevedad posible, y el exhorto es a los tres niveles de gobierno”.
Agregó que en un proceso del nuevo Gobierno a nivel nacional deben de cambiar de manera radical, y no es posible que sigan las violaciones a los derechos humanos de los dirigentes de organizaciones sociales, además de la lista de los encarcelados de manera injusta, los asesinatos de otros más, como Arturo Hernández Cardona en Iguala, Rocío Mesino en Atoyac y Ranferi Hernández en Chilapa, casos que siguen en la impunidad.
Demandó al Estado mexicano “un alto y hoy con la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador se pueden generar esas condiciones, y se abre una posibilidad en el caso de los 43 normalistas, y en el caso de los asesinatos arteros que se llevaron en Iguala”.
De la Coordinadora Universitaria, José Alfredo Pineda dijo que hay pasividad de los gobiernos del estado y federal por la falta de aplicación de las medidas cautelares para preservar la integridad física de la dirigente Eugenio Manuel y de Cornelio Castro, quienes se han destacado por denunciar los atropellos a derechos humanos de los pueblos me’phaa.
Añadió que la integrante del Concejo de Autoridades de Ayutla era la concejal de la vigilancia de las obras públicas del municipio, y denunció una serie de irregularidades cometidas por los funcionarios de la administración saliente que encabezó Hortensia Aldaco Quintana, postulada por el PRI-PVEM, “lo que le valieron amenazas a su integridad física”.
El académico dijo que la activista notificó al gobierno del estado de las amenazas y entregó los números telefónicos de donde provenían.
Indicó que la última llamada que hizo la dirigente fue el martes, una vez en Tierra Colorada, a las 7 de la mañana y después se perdió la comunicación.
Demandó una investigación contra la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “porque nos han dado informes de que la tienen detenida a la compañera, y es urgente la intervención de las autoridades para salvaguardar la vida de la compañera Obtilia y el compañero Hilario”.
Consideró una burla que el Ejército y la Policía del Estado pregunten en los mercados de Ayutla y Tierra Colorada si algún comerciante la ha visto, “no están cumpliendo con su función, es una simulación y responsabilizamos al gobernador de Guerrero por encubrir a los grupos paramilitares que tienen retenida a nuestra compañera”.
TELÉFONO SE UBICA EN SAN MARCOS
El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la búsqueda de la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel dio como resultado que podría estar cerca de San Marcos, “de acuerdo a la tecnología de sus teléfonos”, pero no proporcionó mayores detalles ante la secrecía de la investigación.
El Ombudsman dio a conocer el dato durante una reunión con activistas de distintas organizaciones con las que se reunió ayer después de una marcha en la que exigieron la presentación con vida de Obtilia.
Cuando los dirigentes de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos le exigieron su intervención para que las autoridades agilicen las investigaciones para la localización y presentación con vida de Eugenio Manuel y su acompañante Hilario Cornelio Castro, informó de las acciones del gobierno estatal para localizarlos.
“Se están desplegando los cuerpos de investigación por todo el estado y esperamos que tengamos resultados palpables en breve”.
Aseguró que la Comisión está realizando acciones por separado y en conjunto con las autoridades estatales, “para constatar como comisión de derechos humanos que se está haciendo algo por la búsqueda de Obtilia y su compañero”.
Informó que la Codehum realiza un trabajo de búsqueda por separado por conducto de todas sus delegaciones regionales.
Informó que mediante esas instancias están haciendo llegar carteles con las fotografías de Obtilia y su compañero, “para que en cualquier espacio del estado pueda alguien tener la referencia y el rostro de ellos y puedan aportar datos que en algún momento puedan ser importantes para su localización”.
Aseguró que la búsqueda se está haciendo en cualquier institución de salud, de reclusión, “y en todos los lugares donde sea posible que tengamos algún registro de sus nombres como parte del protocolo que se tiene que implementar”.
Informó que el miércoles el primer visitador de la Comisión sobrevoló la zona en donde hay sospechas de que pueda encontrarse algún dato o indicio, enlazando esfuerzos con el estado y la federación.
Informó que los recorridos son “intensos” en la Costa Chica y que el mismo miércoles se realizó una acción conjunta en San Marcos, “en donde nos dan referencias, de acuerdo a la tecnología de sus teléfonos que pueden ser ubicados, de acuerdo al sistema que para ello autoriza el estado”.
Sin embargo no dio mayores detalles, “hay datos que no podemos compartir para ubicar la geo referencia del dispositivo móvil, pero todo se tiene que ir cubriendo, es una investigación tecnológica, complicada pero necesaria”, dijo el presidente de la Codehum.
