Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –hoy Secretaría del Bienestar– estuvo bajo la tutela de cuatro funcionarios: Rosario Robles Berlanga (2012-2015); José Antonio Meade Kuribreña (2015-2016); Luis Enrique Miranda Nava (2016-2018) y Eviel Pérez Magaña (2018). Esa dependencia manejaba el programa de estancias infantiles, en el que, de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha encontrado corrupción y por eso decidió cambiar su estructura.
Esta mañana, el Jefe del Ejecutivo federal destacó que en ese programa se hallaron muchas irregularidades, incluidas unidades sin permisos y un padrón inflado.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que tiene un millón 500 mil casos de prueba de gente a la que supuestamente le daban apoyos para el programa de Estancias Infantiles y de otros más pero nunca les llegaba el dinero de parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Por ello, añadió, presentará esos documentos a la opinión pública y a la Fiscalía General de la República (FGR), aunque el Primer Mandatario no dio fecha.
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto; la Sedesol –que hoy lleva por nombre Secretaría del Bienestar– estuvo bajo la tutela de cuatro funcionarios: Rosario Robles Berlanga (2012-2015); José Antonio Meade Kuribreña (2015-2016); Luis Enrique Miranda Nava (2016-2018) y Eviel Pérez Magaña (2018).
Hace casi un año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que tres programas de esa dependencia federal no lograron ser más que políticas “asistencialistas” y algunas de sus acciones terminaron por ser hasta “incongruentes”, entre ellas estaba el programa de Estancias Infantiles.
“Se van a entregar todos los datos de corrupción que había en la Sedesol; y no sólo se les va a entregar a ustedes, se les van a entregar a la Fiscalía General [Fiscalía General de la República (FGR)]”, aseguró esta mañana el Jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa.
López Obrador adelantó que se darán a conocer los documentos de los padrones de la gente a la que supuestamente le entregaban dinero pero no les llegaba. “Un millón 500 mil casos de pruebas documentadas. En su momento les vamos a presentar esto”, añadió.
Este viernes, el Jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre el tema del recorte a las Estancias Infantiles en el país y recalcó que en ese programa, que se creó en el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto y que estaba a cargo de la Sedesol, se encontraron muchas irregularidades, incluso desde unidades sin los permisos necesarios y aviadores.
“De cada tres, dos irregulares”, aseguró. Precisó que se encontraron irregularidades desde falta de permisos para funcionar, y se está hablando de la seguridad de los niños. Pero dijo que también se está haciendo un censo para revisar el padrón de los menores y adelantó que sí había “aviadores”. También destacó que lo probará en su momento.
López Obrador anunció que según el programa se beneficia a 3 millones de niños, pero según él censo que se ha hecho ese no es el padrón real. Dijo además que los partidos defendieron el programa “a sabiendas de que estaba mal”.
Desde el pasado 13 de febrero, AMLO había prometido presentar las pruebas de la corrupción que se encontraron en el programa de Estancias Infantiles y dijo que los recursos públicos que se entregaban para ese y otros programas sociales “llegaban con moche”.
La Sedesol fue la dependencia que más cambios tuvo durante el sexenio de Peña Nieto y que se alejó más de los objetivos a los que en 2012 se comprometió el ex Presidente priista, incluso ante Notario Público. De los 266 compromisos que ofreció en campaña, el último –el numerado con el 266– fue titulado “Economía familiar” y se refiere a los programas de combate a la pobreza.
LOS DESFALCOS A SEDESOL CON ROBLES
El año pasado, antes de que finalizara el Gobierno de Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación detectó que de mil 900 millones de pesos del erario público asignados por la Sedesol y la Sedatu a empresas durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, más de 700 millones fueron transferidos en efectivo a diez domicilios.
De acuerdo con el diario Reforma, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de transportes blindados de las empresas Tameme, Cometra y Panamericano.
Mientras, en febrero de 2018, la ASF detectó también desvíos de hasta mil 300 millones de pesos en la Sedesol y la Sedatu durante la gestión de Robles Berlanga.
Rosario Robles fue una de las funcionarias de Peña Nieto que más escándalos acumuló por desvíos durante sus seis años en el Gobierno priista. Incluso, la primera llegó un año después de comenzada la administración, cuando el ex Presidente le expresó todo su apoyo en público.
“No te preocupes, Rosario”, le dijo el Presidente Enrique Peña Nieto durante el lanzamiento de la Cruzada en Zinacantán, Chiapas, frente a Inacio Lula da Silva, en 2013, cuando la entonces Secretaria de Desarrollo Social había recibido la primera acusación del sexenio: la utilización de los programas sociales para acarrearle votos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cinco años después las imputaciones fueron más graves. Pero Rosario Robles aún no ha explicado qué ocurrió con los 700 millones de pesos provenientes de convenios con universidades públicas que bajos esquemas de subcontratación no comprobaron los recursos recibidos, tanto en la Sedesol como en la Sedatu. A Rosario Robles Berlanga, la ASF le señala un complejo esquema fraudulento en el que incurrió de manera sistemática en las dos Secretarías.
Hace casi un año, SinEmbargo informó que la ASF determinó que tres programas de la Sedesol no lograron ser más que políticas “asistencialistas” y con algunas de sus acciones terminan por ser hasta “incongruentes”.
En las revisiones de la Cuenta Pública 2016 de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y en los programas de Comedores Comunitarios y de Estancias Infantiles, la ASF concluyó que carecían de una población objetivo definida, que no garantizan una alimentación nutritiva, que existen riesgos porque algunas estancias no presentaron programas internos de Protección Civil y que falta por comprobar cerca de 70 millones de pesos.
