Para el actual Gobierno está muy clara la centralidad de la estrategia de comunicación en su proyecto político. Las conferencias matutinas o “mañaneras” han sido la herramienta que permite al Presidente posicionar agenda y controlarla. Sabe del papel protagónico del Presidente en la vida pública y lo potencia a través de su palabra. En las mañanas informa (o desinforma), moraliza, juzga, pelea, estigmatiza. A ello le suceden durante el transcurso del día tres, cinco, siete notas periodísticas en los medios de comunicación convencionales y digitales teniendo como único actor al Presidente.

López Obrador opera con destreza lo que el sociólogo Sergio Zermeño denominó “fascinación por el vértice”. La profunda raigambre presidencialista en nuestra cultura política “la acción política de las élites, ya sea en el Gobierno o en la oposición, tiende a organizarse en torno al lugar donde todo parece posible (el vértice) y ese afán compartido reproduce y alimenta la matriz social, cultural y políticamente formada en el autoritarismo”.[1] Es decir, la estrategia de todos los actores tienen como foco principal ese poder encarnado en la figura presidencial, refrendando el carácter autoritario de nuestra cultura política.

Esa fascinación por el vértice se ha resignificado después de sucesivas decepciones con los anteriores ocupantes del Poder Ejecutivo. Desde Fox a Peña Nieto, la figura presidencial no perdió centralidad pero su calidad moral se vio mermada. Hoy AMLO regresa ese papel central. Y las “mañaneras”, por supuesto, son su arma política más eficaz.

Con ello quiero traer a colación dos temas centrales que se mueven en la agenda nacional y que forman parte medular de la estrategia de comunicación política del Gobierno: la posible desaparición del INAI y las suspensión de transmisiones de la “mañanera” durante los periodos de campañas electorales. Sin lugar a dudas, ambos temas se explican con ese afán de reafirmar la fascinación por el vértice.

Primero, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), alias “instituto de la transparencia”. López Obrador lo ha mencionado -denostándolo- en múltiples ocasiones durante sus conferencias matutinas. A inicios de año fue más allá y anunció que propondría su desaparición junto a otros organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Acusó al INAI de ser simulador, una creación más del periodo neoliberal, y que no garantiza la transparencia.

Sin duda el INAI tiene importantes deudas con la sociedad, puntos de mejora y algunos de sus integrantes han sido comparsas del gobernante en turno. También ha fallado en acercarse a la ciudadanía y mostrarse necesario para garantizar el derecho a la información.

Pero el discurso presidencial no busca remontar los vicios que ha arrastrado el INAI para fortalecerlo y mejorarlo. Por el contrario, señala de forma falaz que la transparencia es responsabilidad única del organismo y no de los sujetos obligados, incluidos el Poder Ejecutivo que encabeza. Además, no dice cómo se han disparado las negativas de información de la Oficina de la Presidencia bajo argucias legales como la “declaración de inexistencia” de la información o su “falta de competencia” para proveerla. Tampoco explica que el organismo autónomo es resultado de luchas ciudadanas por sacar de la completa opacidad al régimen autoritario del PRI y que es precisamente por ello que se debe garantizar su independencia de otros poderes del estado. Mucho menos profundiza sobre la evidente contradicción que representa alegar el carácter oneroso del organismo para después decir que toda la estructura burocrática pasaría a la Secretaría de Estado que asumiría sus funciones.

Lo que subyace en la lógica de recentralizar el poder en la figura del Presidente es quitar un contrapeso ciudadano que garantice el derecho a la información de la sociedad. Muestra de ello es la propuesta de arrogarle a la Secretaría de la Función Pública las funciones del INAI. Es decir, el ente vigilado se vigilaría a sí mismo, a las otras dependencias del Ejecutivo y… a su jefe.

Incomoda que los mecanismos de acceso a la información detonados para contrastar sus dichos, han expuesto que el Presidente no siempre dice la verdad en las “mañaneras” (4 de cada 10 frases no son verificables), pero además han puesto en entredicho la probidad de sus funcionarios y la transparencia de las acciones de Gobierno. La realidad que se muestra en documentos oficiales contradice la realidad construida en sus discursos y ahí el derecho a la información, vigilado por un ente autónomo, estorba.

Aquí la conexión con el segundo tema. El Instituto Nacional Electoral, en voz de su consejero presidente, anunció que se tendrían que suspender únicamente las transmisiones íntegras de las conferencias matutinas a partir de abril. Con el inicio de campañas electorales se persigue que las conferencias matutinas de Presidencia dejen de transmitirse completas en medios públicos y privados, sin que ello signifique suspenderlas por completo.

Para el caso de las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo (2020) no hubo mayor problema. El propio AMLO aceptó la decisión en aquel momento ( 28 de mayo 2019). Incluso el Tribunal Electoral señaló que la medida era razonable en virtud de que las conferencias exponían programas de Gobierno, constituyendo así propaganda gubernamental. Pero no es lo mismo dos entidades federativas que todo el país. En este escenario la estrategia del control de la información perdería su herramienta más preciada en el momento más importante para mantener el poder: las elecciones intermedias.

Eso explica por qué extrapolan la decisión del INE al nivel de “censura”, lo cual es absurdo dado que las “mañaneras” podrán llevarse a cabo. Como ya hemos dicho en este espacio, expropiar términos como “censura” para el caso de Jefes de Estado que cuentan con todos los medios para transmitir su mensaje es simplemente un despropósito. Quieren equiparar a gobernantes con ciudadanos que sí tienen acotados canales y formas de comunicación en el espacio público.

A la luz de lo anterior encontramos que la estrategia gubernamental le ha dado una relevancia sin precedentes a la disputa narrativa. No es que antes no importara, el problema es que ahora la centralidad del discurso del Presidente como motor de todo el Gobierno es fundamental para construir una percepción de cambio. Para ello, la realidad de la acción cotidiana de Gobierno documentada puede dar al traste con aquella que pretende construirse día a día a golpe de discursos. Ahí estorba el INAI. Por eso también la razón de la pelea -discursiva y legal- que se vislumbra por las preciadas “mañaneras”. Ahí el INE “hace mosca”.

[1]      Cfr. Zermeño, Sergio, La desmodernidad mexicana y las alternativas a la violencia y la exclusión en nuestros días, México, Océano, 2005, pp. 221-246.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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