Por Ignacio Carvajal, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo/Blog Expediente).– A pesar de que sabía que la niña de cinco años Karime Reyes de la Cruz había sido asesinada desde una semana antes de reconocerlo de manera oficial, el entonces Procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, siguió dando esperanzas a la familia de la menor sobre la posibilidad de encontrarla.
Aún cuando existen evidencias de que en septiembre pasado cinco personas -todos de ellos jóvenes- fueron secuestrados y golpeados por elementos del Mando Único estatal, y a la fecha cuatro de ellos no aparecen, el ahora Fiscal General de Veracruz permaneció estoico.
Otro caso fue el asesinato del pastor Claudio Martínez, mismo que despertó la indignación de Coatzacoalcos, investigaciones que siguen empantanadas luego de que se quedó sin culpables, pues los que la justicia veracruzana mantenía presos, salieron libres al demostrarse que confesaron bajo tortura.
En el sur de Veracruz existen docenas de fosas clandestinas en donde se ha sembrado la muerte y se han encontrado restos sin identificar. A pesar de estos hechos consumados, Luis Ángel Bravo Martínez fue ascendido de Procurador de Justicia a Fiscal General… para estar en el cargo hasta el año 2024.
Gracias a reformas en la Constitución local, desde el viernes pasado, Bravo es jefe del organismo autónomo y tendrá trabajo seguro en los siguientes nueve años en la cuestionada impartición de justicia veracruzana, pues así ha resultado por lo menos en los meses que ha permanecido en la dependencia gubernamental que encabeza tras la salida de Amadeo Flores.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva del fuero común aumentó en casi todos los rubros de los años 2008 a diciembre de 2014 en el Estado de Veracruz, bajo el mandato del Gobernador Javier Duarte.
En el total de robos aumentó de los 13 mil 725 que hubo en 2009 a los 17,270 que se denunciaron durante 2014, dando un gran total de 156 mil 283 en dicho periodo. En cuanto a homicidios, ha habido 10,370 durante el sexenio de Duarte, mientras que el delito de secuestro se incrementó de los 0 reportados en 2009 a los 138 denunciados en 2014, dando un total de 425 en lo que va de la presente administración.
En el rubro de violaciones, ha habido 6 mil 051 en todo el gobierno del Mandatario priista y un total de 25,488 amenazas. Tan solo las cifras de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, según la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), desde el año 2010 han tomado registro de al menos 104 casos de mujeres desaparecidas en la entidad, delitos que se encuentran sin resolver hasta la fecha. De ellos, 35 por ciento corresponde a niñas de 11 a 15 de años; 15.5 por ciento adolescentes de 16 y 17 años; 27 por ciento son jóvenes de 18 a 24 años; 7 por ciento son mujeres de 25 a 29 años.
En total, suman 104 mujeres desaparecidas en Veracruz durante gobierno de Duarte. La extorsiones aumentaron en el presente sexenio, y de acuerdo con las cifras oficiales, se reportaron mil 465.
SIN DOLOR
El 5 de septiembre de 2014, Coatzacoalcos lloró la confirmación oficial de la muerte de la niña Karime Cruz Reyes, de 5 años de edad, quien fue encontrada muerta junto a su tía, Mónica Reyes Baruch, quien también estaba plagiada, pero que presuntamente formó parte del plan para secuestrar a su sobrina.
La menor fue encontrada en una fosa clandestina dentro de una casa improvisada de la colonia Luis Echeverría, un domicilio boletinado en medios de comunicación, desde una semana antes, mismo del que hasta mostraron fotos y de los elementos de la Ministerial custodiando.
Al filtrarse la información a los diarios, desde la Subprocuraduría de Justicia del Sur, con sede en Xalapa, y ante las presiones de los padres, que sólo pedían saber la verdad, se afirmó que la búsqueda de las dos secuestradas seguía en pie.
De nada sirvieron las lágrimas y reclamos de los progenitores -que reprochaban las publicaciones en papel y en rlas edes sociales- para ablandar el corazón del Fiscal veracruzano. Lo más importante era preservar la imagen de Veracruz ante la reunión plenaria de Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), efectuada en Veracruz y Boca del Río a finales de agosto, y la cual contó con la visita del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de la plana mayor del tricolor.
El desenlace fue fatal, por lo que los padres, Nora Reyes y Alejandro Cruz, aún con el inmenso dolor que los invadía, decidieron crear una fundación que lleva el nombre de la menor, desde la cual brindan apoyo a quienes han perdido un hijo, tal como a ellos les sucedió.
“Yo no le guardo rencor a nadie, ya el recuerdo de nuestra hija, nos hace salir adelante, estamos buscando la ayuda de Dios y estamos perdonando”, dijo Alejandro Cruz a Blog Expediente al ser cuestionado -en una de sus últimas apariciones en público- sobre el manejo del caso de su pequeña por parte de las autoridades.
“Vemos que no hay ayuda para los padres que han perdido aun hijo, que es algo muy duro y no se encuentra la manera de superar ese dolor, las terapias son muy caras y en el gobierno hay poco respaldo, por eso nosotros vamos a poner un granito de arena”, agregó Nora Reyes en ese mismo encuentro, al explicar el papel de su fundación.
CASO OLVIDADO
Todavía no se recuperaba la sociedad veracruzana del asesinato de la bebé Karime Cruz, cuando se presentó en Nanchital -feudo del Sindicato Petrolero de la Sección 11- el asesinato de la adolescente Gloria Vianey Santiago Ventura, de 16 años de edad, quien resultó golpeada y asesinada en un predio de ese municipio. Su agresores intentaron desaparecer el cuerpo prendiéndole fuego.
Los padres sospechan del novio de la joven -de quien esperaba un hijo- sin embargo el joven, también menor de edad, no ha sido llamado a cuentas por la Fiscalía estatal, lo que les despierta sospechas de que cuenta con protección oficial.
La madre de la víctima, Gloria Ventura, denunció a que no obstante que la Subprocuradora Samyra del Carmen Khouri le prometió una audiencia para informarle de los avances de la investigación, esto solo quedó en el ofrecimiento.
Desde que tomó posesión en el cargo, el 14 de noviembre pasado, de manos del propio Luis Ángel Bravo Contreras, del Carmen Khouri se mantiene en la oficina a piedra y lodo. La funcionario no recibe a reporteros ni rinde cuentas sobre el avance de las investigaciones. Tampoco da audiencias y a los actos públicos a los que es invitada, no va y prefiere mandar representantes.
IGNORADOS
Esther Alcántara está convencida de que su hijo fue secuestrado por policías. No le quedan dudas porque hubo personas que le fueron a dejar información debajo de la puerta de su casa, en donde se incriminaba a elementos del Mando Único en el secuestro de 5 jóvenes el pasado 2 de septiembre, en un tramo carretero entre Jáltipan y Cosoleacaque.
Abordo de un automóvil, Natanahel Fernández Alcántara iba en compañía de sus amigos José Armando Jiménez de la Cruz, Erik Leobardo Solís López, Miguel Ángel Ángeles Manzano y Heber Arturo Castillo. Los jóvenes andaban de fiesta y habrían sido detenidos por un retén de la policía, para ser trasladados a algún sitio en donde resultaron golpeados y torturados.
Una foto que llegó a su poder -de un supuesto oficial de la SSP arrepentido de seguir órdenes para cometer abusos y atropellos- se mostró su hijo golpeado en distintas partes del cuerpo. En la escena igual se miraba a los otros desaparecidos.
Pese a los señalamientos de la madre, no se abrió investigación contra la policía. De hecho, su chico, días después, fue encontrado sin vida en una fosa clandestina en el municipio de Tatahuicapan, junto a dos personas más.
“Deja de andar buscando, perra, entierra a tu hijo y deja de ladrar”, le dijo a Esther Alcántara una voz desde el anonimato para que parara de manifestarse en las calles en busca de justicia.
Los otros cuatro jóvenes permanecen sin aparecer y las autoridades no hacen nada por encontrarlos.
ABUSOS DE AUTORIDAD
En noviembre de 2014, en el estacionamiento de un plaza comercial, José Ignacio Férez Kuri fue asesinado por presuntos ladrones de auto. El 14 de noviembre, cinco personas resultaron detenidas y señaladas por el crimen.
Aunque algunos cuentan con antecedentes penales, se presentaron manifestaciones de sus familiares alegando que eran chivos expiatorios. También existía evidencia de golpes, malos tratos y abusos de autoridad al momento de sus aprehensiones.
La defensa de los detenidos ya presentó los amparos correspondientes ante las violaciones a los derechos humanos con la espera de lograr sean liberados, tal y como pasó con los cuatro empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes pasaron menos de un año en encierro por el caso del asesinato del pastor Claudio Martínez.
Los empleados de la CFE salieron libres porque se comprobaron los abusos cometidos contra ellos. Uno de ellos, inclusive quedó lastimado de un ojo ante la golpiza a la cual lo sometieron, pues aun con el cambio de nombre, los agentes ministeriales no dejan de demostrar su brutalidad policiaca, lejanos a los procesos científicos que tanto presume el cordobés Luis Ángel Bravo Contreras, ascendido de procurador de Justicia a Fiscal General.
