México, 23 Sep (Notimex).- La Ley General del Equilibrio Ecológico no es suficientemente rigurosa para exigir que los grandes consorcios garanticen la protección del medio ambiente o de las comunidades afectadas por sus obras, afirmó la diputada María Eugenia Ocampo.
Ante este escenario, expuso que existen muchas violaciones al marco jurídico en la materia, por lo que es necesario fortalecer el marco legal para que la autoridad tome en cuenta las necesidades e intereses de las comunidades locales y de la población en general.
Por ello, propuso reformas a esta legislación de tal modo que esta se fortalezca con el detalle de los casos en que una solicitud de autorización de Evaluación del Impacto Ambiental deba ser negada.
La representante de Nueva Alianza detalló que su iniciativa propone nuevas causales para la negativa de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); tales como el hecho de que exista riesgo evidente y demostrable para la seguridad y la salud de la población del territorio en donde se solicite realizar la obra o actividad de que se trate.
Se negará cuando no exista consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas de los territorios en donde se solicite la autorización en materia de impacto ambiental.
Asimismo, advirtió que de ninguna manera es viable seguir con una política medio ambiental al servicio del dinero sin pensar en las consecuencias a futuro; ya que, dijo, “el resultado, lo sabemos bien, siempre será más costoso”.
Comentó que su propuesta busca modificar el Artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Asimismo invitó al pleno de la Cámara de Diputados a incluir nuevos y más severos controles para proteger los recursos naturales.
