Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– La Inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, ganó el recurso de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal para concluir los 122 departamentos que construye en la calle Rubén Darío número 225 de Polanco.
Aramburuzabala denunció a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, por extorsión. El diario Reforma publicó el 21 de agosto que la esposa del conductor estelar de Televisa exigió a través de su abogado 5 millones de dólares para no parar la obra.
Por ello, la inmobiliaria de Aramburuzabala presentó una denuncia ante la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015,en contra de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, e incluyó a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.
El diario capitalino difundió en ese entonces un video que forma parte de la denuncia y que fue grabado el pasado 16 de junio en las instalaciones de la inmobilaria, en el que se observa al abogado Becerra solicitar el dinero a nombre de Adriana Pérez Romo.
Aramburuzabala, considerada por Forbes como la mujer más rica de México, dijo en una posterior entrevista con el mismo medio que Joaquín López-Dóriga la amenazó con destruirla luego de que la empresaria denunciara a la esposa del periodista.
“Que el señor López-Dóriga no se equivoque, yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente, con denuncias penales [...] Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo”, dijo Aramburuzabala a Reforma.
La misma información refiere que en junio del presente año, el Gobierno del DF clausuró la obra y promovió un juicio de lesividad para revocar los permisos que había otorgado, como uso de suelo o el dictamen de impacto urbano. La empresaria reclamó que el juicio de lesividad estaba vinculado a la presión de Pérez Romo.
Sin embargo, el Tribunal dijo que la clausura era ilegal y otorgó la razón a Aramburuzabala. Ante tal decisión, esta semana el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) deberá levantar los sellos de clausura en el desarrollo inmobiliario.
