Por Héctor Ortiz Ramírez
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo/ZETA).– El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) desmintió declaraciones hechas por la empresa Berrymex, en relación con las condiciones laborales en sus campos de cultivo en San Quintín, Baja California.
En el programa de Radio Bilingüe “Línea Abierta”, Héctor Lujan, Gerente General de Berrymex, declaró en nombre de la FIOB que en San Quintín no hay abusos, trabajo forzado ni infantil, los jornaleros cuentan con vivienda digna, servicios de salud, prestaciones de ley y se les paga por horas extra.
Trabajadores agrícolas señalaron haberse presentado en los campos de Berrymex en abril pasado invitados por la misma empresa, sin embargo no avalan las declaraciones de Lujan, por observar carencias en los temas de vivienda y servicios de salud.
El Frente Indígena manifestó que los salarios reportados por la empresa pueden resultar engañosos, ya que no se especificó el monto correspondiente a cada clase de trabajador sino que se presentaron ingresos promedio, además de sólo tomarse en cuenta las entradas en temporada alta. Se desconoce lo percibido por los trabajadores del campo durante el resto del año.
El FIOB ratificó su apoyo a la lucha de los jornaleros de San Quintín y del resto del país hacia la consecución de condiciones más justas de trabajo y exigieron el cabal cumplimiento de los acuerdos entre trabajadores, empresarios y el Gobierno Estatal y Federal, firmados en de junio.
¿Y LOS SALARIOS?
Los campesinos se mantienen firmes: “No aceptaremos ni un peso menos a los 200 diarios”, dijo en mayo Lucila Hernandéz, vocera del movimiento que paralizó a una de las regiones agrícolas más fructíferas del país.
Desde el 17 marzo los trabajadores –en su mayoría migrantes del sur del país- se manifestaron contra los miserables pagos y abusos de todo tipo, desde violaciones sexuales a trabajo infantil, horas extras sin pagar y sin seguro social.
Marco Estudillo Bernal, vocero del Consejo Agrícola de Baja California, que aglutina a los ranchos más importantes de la zona, adelantó que los agroindustriales no están de acuerdo con ese monto. “No hay variación en nuestra propuesta de aumentar sólo el 15 por ciento”, insistió.
La exigencia original de los huelguistas era llevar hasta 300 pesos el salario por día además de las prestaciones sociales, pero ante la resistencia de los empresarios bajaron a 200. “No alcanza ni para la comida, pero no queremos ser radicales”, comenta Hernández.
Lucila y su familia fueron atacados una madrugada con piedras que desconocidos lanzaron a su casa, aparentemente para intimidarlos, cuenta en entrevista telefónica.
“No tenemos más enemigos que los rancheros y por eso desde ahora los acusamos por cualquier cosa que nos pueda pasar”.
El sueldo es el único tema que resta para resolver el conflicto. Juventino Martínez, otro de los voceros del movimiento se encuentra optimista. Dice que muchas empresas ya están aplicando el pago de 200 y que el principal opositor es el rancho “Los Pinos”, el más grande de todos. “Ya queremos seguir trabajando”.
Entre los acuerdos logrados en mayo figuran: una campaña de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); no retener o condicionar el salario; mejora de vivienda, alimentación y seguridad; respeto a derechos laborales tales como días libres y embarazo; no permitir trabajo infantil; fideicomiso para el desarrollo de la zona; padrón para programas sociales;
nuevo sindicato y autonomía sindical, y no represalias.
ENCUENTRO ENTRE AUTORIDADES Y JORNALEROS
El 13 de mayo fue una noche larga en Ensenada, precedida de un fin de semana conflictivo como pocas veces se había visto en San Quintín. Los reporteros recibieron casi al amanecer una copia tamaño carta con los temas acordados. La jornada terminó en zafarrancho en los exteriores de la Administración Portuaria Integral (API), pero ahora no entre jornaleros y policías, sino entre jornaleros y periodistas.
A pesar de la intensa jornada de negociación que se extendió hasta las cinco de la mañana del jueves 14 de mayo, las partes no pudieron concretar un incremento salarial de 200 pesos diarios, y pospusieron la negociación para el 4 de junio, tres días antes de las elecciones intermedias en Baja California para elegir candidatos federales.
La fecha del encuentro entre jornaleros y gobierno originalmente estaba pactada para el viernes 8 de mayo, pero el Subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava dejó plantados a los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, lo que desembocó en actos vandálicos como la quema de dos patrullas, la presencia del tanque “El Tiburón”, el incendio de las instalaciones de la Delegación Vicente Guerrero, el bloqueo de vialidades a la colonia “La Misiones” y el enfrentamiento físico entre policías y civiles, que incluyó balas de goma.
Reagendada para el miércoles 13 de mayo, a las tres de la tarde llegaron a Ensenada cinco camiones cargados con simpatizantes de la Alianza de Jornaleros. Entre éstos y reporteros sumaban unas 300 personas que se mantuvieron a la espera de los resultados del encuentro.
Después arribaron el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, el dirigente de Confederación de Trabajadores de México, Eligio Valencia Roque y la delegada federal del Trabajo, Minerva Torres.
Atardeció y el frío de diez grados centígrados apretaba y el ambiente se tornó tenso entre manifestantes, guardias de seguridad privada y representantes de los medios quienes insistían en ingresar a la sala de juntas como lo prometieron en un inicio las autoridades del Gobierno del Estado, incluso con un conato de violencia.
A diferencia de las reuniones anteriores celebradas en el sur del municipio, los líderes se presentaron esta vez con otro rostro y actitud distante con los reporteros. Durante los recesos se les pudo ver sonrientes y amigables en los pasillos del edificio público, mientras que con la prensa demostraron una actitud evasiva.
“¡Periodistas!… van a pensar que somos nosotros los que tenemos el escándalo, no echen a perder lo que hemos estamos esperando por 20 años. Más respeto por favor”, gritaban a lo lejos los simpatizantes de los líderes llevados hasta allí por un convoy de cinco autobuses y escoltados por patrullas federales.
Afuera del edificio, en la madrugada del 14 de mayo, los presentes hicieron sus casas de campaña en las banquetas, jardineras y la entrada al edificio, donde tendieron chamarras, chalecos y hasta con cartones se cubrieron de las bajas temperaturas y la brisa marina.
“Lo que tiene que hacer uno por unos cuantos pesitos más, pero ojalá y Dios nos den lo que pedimos porque no alcanza para nada”, mencionó Luisa, una mujer de Tapachula, Chiapas, quien viajó sola para apoyar al grupo.
