Los tres años de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no han significado el crecimiento y la bonanza que prometió, y tampoco el cese de la violencia que heredó de Felipe Calderón Hinojosa. El mandatario priista convirtió su mandato en una continuación de la estrategia fallida de Calderón y con ello se ha incrementado la violencia, dicen los especialistas, con un énfasis en otras derivaciones que ligan a las autoridades federales, estatales y municipales: la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, las extorsiones y el avance y la diversificación de los grupos del crimen organizado en distintas entidades.
Expertos y activistas en derechos humanos dicen que Peña Nieto no sólo no resolvió el problema que heredó, sino lo agravó. “Hoy México es un desastre”, coinciden Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, Coahuila, o el poeta Javier Sicilia Zardain, entre otros
Ser mexicano en un país así, señalan, es llevar las de perder: "Es estar condenado a un destino fatal", sobre todo si no se es parte de ese pequeño “grupo” para el que gobierna, afirman...
Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- “Uno vive trabajando en el campo, pensando que haciendo tu trabajo te van a matar. Así es la vida en Ostula. Porque el que ya vive con una amenaza no sabe ni en qué momento lo van atacar: en el camino, en la calle o en el campo”, dice Nicolás Flores Legardo, presidente del Comisariado de Santa María de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán.
Para Nicolás, un hombre de piel curtida y estragada por el sol, ser mexicano es ser pobre, trabajar la tierra sin apoyo gubernamental, ver a su comunidad con hambre y luchar en contra de los criminales de las bandas del crimen organizado que golpean su región. También contra los caciques y políticos de su pueblo.
Ser mexicano es vivir bajo amenaza de muerte, porque no es un campesino cualquiera: él levanta la voz, exige justicia, se enfrenta en contra de los militares que asesinaron al niño Hidelberto Reyes García el pasado 19 de julio y en contra a los extorsionadores que atacan a las familias de la comunidad.
En Ostula en los últimos tres años no hubo paz. La violencia se recrudeció y el acoso a la comunidad y la matanza de los líderes se incrementó gracias a que es un región rica en minerales, maderas preciosas y playas: el gobierno, las compañías y los criminales lo quieren todo, y en el camino está la población.
Pero Nicolás recuerda aún cuando los emisarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron a Ostula a pedirle el voto a la población para el hoy Presidente de la República Enrique Peña Nieto.
“Con Calderón [Felipe Calderón Hinojosa] nos fue mal, con este peor. Mandó sus colaboradores a pedir el voto y uno por ganarse la confianza, por querer salir adelante, ¿con qué nos paga Peña Nieto? Nos está matando. En lugar de que nos mandara dinero para trabajar las tierras, para que nuestras familias salieran adelante en el municipio, nos manda al Ejército para que nos mate”, dice.
–¿Para usted qué significa ser mexicano en estos tres últimos años?, se le pregunta.
–Ser mexicano en esta tierra tiene un valor significativo, lástima que los gobiernos le dan otro valor que no es para los mexicanos. Le dan el valor para su gente millonaria, el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Según el Presidente ha mandado apoyos, ese "Sin Hambre", eso es mentira, la gente cada día tiene más hambre, contesta.
“AQUÍ NADIE SE SALVA: NI POETAS NI PERIODISTAS NI CAMPESINOS”
El 19 de julio pasado miembros del Ejército mexicano dispararon contra civiles en Ostula y dejaron como saldo un niño muerto y 18 heridos.
De acuerdo con el abogado de la comunidad Raymundo Ortiz los militares dispararon desde su vehículo en movimiento. Antes de asesinar al niño Hidelberto, robaron a los miembros de la policía comunitaria unos radios y a través de ellos amenazaban: “Ahí van Los Templarios, ahora sí chingaron a su madre”, dice.
Ostula fue el último caso de abuso conocido de los militares en contra de civiles durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Antes sucedieron Tlatlaya y Ayotzinapa. El primero cometido en contra de supuestos delincuentes ejecutados ya rendidos y el segundo, en contra de 43 estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), donde los padres y abogados insisten en que el 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, Guerrero, participó en la desaparición forzada de los normalistas.
Para los expertos y activistas en derechos humanos la administración de Peña Nieto es la continuidad de la que emprendió el ex Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, pero ahora reforzada y más intensa.
Javier Sicilia Zardain, poeta, escritor y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), explica que durante sus tres años, Peña Nieto acumuló una lista inmensa de desaparecidos, asesinados, extorsionados que heredó de la administración de Calderón y a la cual, no sólo no resolvió, sino agregó.
“Es el gran fracaso del Estado o el éxito del Estado como una forma criminal de gobierno. Los muertos del sexenio pasado se vuelven una deuda de Estado que se ha acumulado. 150 mil muertos y 30 mil desaparecidos de Calderón, más los 53 mil que van ahorita en estos tres años y 11 desaparecidos diarios. El tema es terrible”, dice.
Los avances que presume Peña Nieto y su gabinete son sólo decorativos, agrega. Hay una Ley de Víctimas “que nos sirve para nada” y una ausencia de justicia para los desaparecidos.
Sicilia Zardain dice: “Aquí nadie se salva: ni poetas ni periodistas ni escritores ni campesinos ni obreros. Todos somos parte del insumo criminal”.
El escritor detalla que no se tomó en serio la tragedia humanitaria. En México el crimen organizado hace lo sea y queda impune. El Estado hace lo suyo y también queda impune.
En los tres años de Gobierno de Enrique Peña Nieto además, se reformó la Constitución Mexicana para despojar a la nación de sus recursos, advierte.
Por eso en pueblos como Ostula son atractivos: “Es parte de la lógica criminal. El crimen amparado por los gobiernos generan zonas de terror, desplazados, desaparecidos y los territorios quedan vírgenes para que las reformas estructurales entren. El crimen organizado y la lógica depredadora del Estado, están generando tanto la criminalidad legal, como la ilegal”, dice.
El activista Julián LeBaron, quien vivió en carne propia la desaparición y asesinato de sus familiares en el norte del país, indica que los cambios a su gabinete que realizó recientemente Peña Nieto, son sólo de “contenido” y no de “proceso”.
Ser mexicano, explica, es pagar una fortuna en impuestos por seguridad y por las instituciones, a cambio de nada.
No existe un sistema de rendición de cuentas, explica, y los burócratas cobran sus cheques cada quincena, sin realizar su trabajo.
“La violencia en México es devastadora. He conocido a miles de víctimas y nunca he conocido un sólo caso en el que las víctimas tengan la convicción de que el sistema de justicia va más allá. En México nadie está haciendo el trabajo por el que fue contratado por la población. El sistema está hecho para que no tengan que rendirle cuentas a nadie”, asegura.
El país para LeBaron es un “absoluto desastre” y los ciudadanos están obligados a seguir contribuyendo para ese desastre a través de sus impuestos.
“El mexicano trabaja para las instituciones: 30 por ciento de ISR [Impuesto Sobre la Renta], más 16 por ciento de IVA [Impuesto al Valor Agregado], más la inflación. Agrégale casetas de cobro, tenencias, seguro social. La realidad es que estamos totalmente esclavizados a personas que supuestamente están ahí para servirnos.
DERECHOS HUMANOS: EL GRAN FRACASO
El pasado 2 de julio el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dio a conocer a través de un informe que en la ejecución extrajudicial de 12 personas rendidas en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014, la orden al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez fue de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
La información salió a la luz luego de que el Centro Prodh tuviera acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando dirigidas al Teniente de Infantería.
Tlatlaya es sin duda uno de los ejemplos claros de a crisis en derechos humanos que se vive en el país y que se agravó durante los últimos tres años.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo ese día que México está sumido en una “profunda crisis de derechos humanos” y casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, deben generar investigaciones serias por parte del Gobierno federal alrededor de la participación del Ejército mexicano en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura. Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, expuso.
Para Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro Prodh, el país vive una crisis de derechos humanos desde hace varios sexenios y los tres años de gobierno de Peña Nieto representan una continuidad, en donde se agravaron las violaciones como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
“El hecho de que no se haya variado la política de seguridad del sexenio de Calderón y después con Peña Nieto que siga siendo una política de seguridad protagonizada por el Ejército, ha sido un factor que ha repercutido en esta permanente crisis de violaciones a derechos humanos y el hecho de que no se hayan tomado medidas extraordinarias para reconocer y atender esta crisis, desde nuestra expectativa demuestra que hayan detonado casos tan emblemáticos como el caos de Tlatlaya y Ayotzinapa”, explica.
Ambos casos están marcados por investigaciones deficientes, en donde no se atiende la impunidad de manera contundente y envía el mensaje de que los mexicanos seguirán inmersos en la crisis de derechos humanos durante el resto del sexenio, dice.
De hecho, no se avisora un cambio de timón en el gobierno de Peña Nieto, indica Santiago Aguirre, pues durante los tres primeros años se profundizó el esquema de despojo con las reformas estructurales y en especial la Reforma Energética para el caso de los pueblos indígenas.
Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, Coahuila, dice que lo único que los mexicanos pueden esperar en el resto del sexenio de Peña Nieto, es que él y su gabinete, que gobiernan para “un grupúsculo”, se vayan. Renuncien.
“Si se trata de calificar estos tres años de Peña Nieto: son un fracaso. Sus colaboradores deberían reconocer que han fracasado y renunciar, si es que tienen ética política. Han triunfado para sacar del juego a los mexicanos, en eso sí han triunfado”, afirma el padre Vera.
Vera López afirma que el país está en manos de mercaderes y sirvientes del poder económico no sólo nacional, sino trasnacional.
“Vivimos una tragedia tras otra. Las últimas tragedias de este año fueron lo de la ‘Casa Blanca’. Otra de las grandes estrellitas que se aventó fue la de tenernos en blanco, ignorantes del tema Ayotzinapa y de cualquier otro tema de justicia que queramos ver. Una estrellota que se colgó fue la fuga de ‘El Chapo’. Vivimos con un gobierno criminal. Son una camarilla de inmorales, ineptos y cínicos. Diariamente amanecemos con una tragedia”, dice.
–¿Qué podemos esperar para resto del sexenio?, se le pregunta.
–Que se vayan. Que renuncien, contesta.
EXTRANJERO EN LA PROPIA PATRIA
El caso que cimbró a la administración de Peña Nieto a sus dos años recién cumplidos, fue, de acuerdo con expertos, la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero.
Dos meses antes fue Tlatlaya, un crimen de Estado que llamó la atención de la comunidad internacional hacia el México próspero y pujante que Peña Nieto vendía al mundo.
La revista Time lo había nombrado el salvador de México a través de una portada cuyo título “Saving México” causó indignación en varios sectores de la sociedad mexicana. En especial los más golpeados y adoloridos por la violencia creciente.
Pero ocurrió lo de Iguala, Guerrero, y la desaparición de los estudiantes entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre y el mundo del salvador de México empezó a caerse de un tirón.
En tan sólo dos meses el caso de los 43 desaparecidos cobró la renuncia de un Gobernador, llevó a la Ciudad de México a protagonizar las movilizaciones más grandes de la última década, sacó a las calles a jóvenes, niños, hombres y mujeres por igual; a las sociedad organizada y a quien por cuenta propia decidió marchar y derrumbó la imagen que la nueva administración proyectó a nivel internacional durante 2013 y durante el primer semestre de 2014 al extranjero con las reformas estructurales.
La desaparición de los normalistas evidenció a todos esos desaparecidos y asesinados que se cuentan por miles, dijeron analistas dos meses después de Iguala y la administración de Peña Nieto entró en una crisis de legitimidad, afirmaron.
Antes de cumplirse un mes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Ángel Aguirre Rivero, ya no era Gobernador de Guerrero y al cumplirse dos meses, los padres ya no se conformaban y querían la renuncia del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Clamor que hasta le fecha sigue vivo, en un caso que el Gobierno federal aún no resuelve aunque exista una “verdad histórica”, que para muchos expertos no es creíble. La averiguación sigue abierta y los abogados y expertos internacionales trabajan para llegar a una verdad que pueda convencer a los padres de los jóvenes y a los mexicanos.
De acuerdo con las conclusiones del informe La Justicia Fallida en el Estado de Guerrero de la organización Open Society Foundations, la desaparición de los normalistas y el manejo de la investigación pudo sorprender al mundo, pero en Guerrero nadie se sorprendió.
Las decenas de fosas clandestinas atiborradas de cadáveres en estado de putrefacción, algunos de ellos quemados y cercenados, hablan, dicen el informe, de un modus operandi que existe en esa entidad desde hace tiempo y que el gobierno nunca atendió.
“Si fosas clandestinas han sido ignoradas en el pasado, al igual que el ataque en contra de los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en diciembre de 2011, e innumerables casos de homicidios, desaparición y tortura —que inclusive se remontan a la Guerra Sucia— no ha sido investigados y esclarecidos, ¿por qué los perpetradores habrían de esperar que el abuso, desaparición y homicidio de unos cuantos mexicanos más provenientes de comunidades rurales y pobres, habrían de provocar una respuesta de las autoridades?”, cuestiona el documento ante la inesperada atención mundial que atrajo el caso de Iguala a México.
Sin embargo y a pesar del impacto del caso Ayotzinapa, ni ese ni Tlatlaya llevaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto a reconocer la profundidad de la crisis que vive el país, dice Santiago Aguirre del Centro Prodh.
Uno de los activistas más reconocidos en la defensa de los derechos humanos y la lucha por justicia en Guerrero, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, asegura que el mexicano se siente “extranjero en su propia tierra”.
No sólo en Guerrero, sino en todo el país. De ahí el surgimiento durante el primer año de Gobierno de Peña Nieto de los grupos de autodefensas de Michoacán y de la toma de las armas de varias policías comunitarias en la entidad, dice.
“Con esta experiencia tan pavorosa se tiene que vivir en México y ser mexicano, es sentirse como un extranjero en su propia tierra. Sobre todo los sectores excluidos, la periferia, somos seres que estamos destinados a la muerte, para el sufrimiento, el dolor. Ser mexicano es estar condenado a un destino fatal”, afirma.
Abel se refiere a los más de 50 millones de mexicanos pobres, que viven en comunidades indígenas y que sufren no sólo de pobreza, hambre y marginación, sino de la violencia que se vive en sus comunidades, generada por la colusión del crimen organizado con las autoridades locales.
“En Costa Chica [una región de Guerrero] se usa el dicho de ‘viviré si Dios quiere’. Ese dicho se ha tornado ya como el destino del mexicano. Tener que esperar los momentos cruentos y el ser desaparecido, ejecutado, secuestrado. Estar a la deriva”, agrega.
Y la situación no se prevé que vaya a cambiar, dice Javier Sicilia, quien desde Cuernavaca, Morelos, comparte el sentir de Abel Barrera. En México y los mexicanos vivirán un “desastre” más profundo si la sociedad civil no logra organizarse, dice.
“Si esto sigue así, el dolor, el infierno será más cruento”, afirma.
