Bogotá, 1 sep (EFE).- La presencia de grupos armados al margen de la ley pone en riesgo las elecciones de alcaldes y regionales del próximo 25 de octubre en 268 municipios colombianos, informó hoy la Defensoría del Pueblo.
Esta suma equivale al 24.3 por ciento de los mil 101 municipios que tiene Colombia, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
La entidad ha registrado en lo que va de año seis homicidios de candidatos o familiares y otros seis más de funcionarios públicos en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Boyacá, Chocó y Quindío, en diferentes regiones de la geografía nacional.
La Defensoría señaló en un comunicado que la mayor amenaza para la próxima jornada electoral la constituyen las bandas criminales surgidas a partir de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, con una incidencia verificada en 156 municipios.
También suponen una fuente de riesgo, aunque en menor medida, las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 128 localidades y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que amenaza el proceso electoral en 79.
En algunos municipios actúan de manera simultánea varios de estos grupos armados al margen de la ley, agregó la información.
Según la Defensoría, el alto el fuego unilateral iniciado por las FARC el pasado 20 de julio, que fue prolongado por un tiempo indeterminado un mes después, ha reducido las acciones bélicas de esta guerrilla que se producían con mayor asiduidad en el desarrollo del proceso electoral.
A diferencia de lo ocurrido en las elecciones para alcaldes de 2007 y 2011, cuando el factor de riesgo más importante estaba relacionado con atentados y ataques armados, en el actual proceso la mayor amenaza son las intimidaciones a los candidatos, las presiones a los votantes y las restricciones de movilidad.
En este sentido, las amenazas de muerte contra candidatos y servidores públicos es la variable más repetida dentro de los 106 hechos de violencia que se han registrado hasta la fecha en 87 municipios de 27 de los 32 departamentos del país.
Igualmente, la Defensoría denunció presiones e intimidaciones a la población por cuenta de la guerrilla, así como limitaciones de movilidad para ciertos candidatos, un hecho que ha sucedido en El Doncello, municipio en el departamento del Caquetá (sur) y en Yopal, capital de Casanare (este).
Con relación a las acciones armadas registradas en las elecciones de 2011, la entidad evidenció una reducción del 24 % en el número de municipios amenazados y en riesgo pasando de los 356 a los 268 actuales.
