Ciudad de México, 23 de agosto (Sin Embargo).- Era el mes de mayo de 2010 en Puebla, el estado estaba en plena efervescencia por las campañas electorales para elegir al próximo Gobernador, aquel que sustituiría al priista Mario Marín Torres, el llamado “Gober Precioso”.
Durante ese verano electoral, uno de los candidatos, Rafael Moreno Valle, generó un halo de esperanza para muchos ciudadanos, ya que representaba la esperanza de terminar con décadas de hegemonía priista, marcadas por la corrupción, el control político y la represión de los movimientos sociales.
No obstante, a un año de terminar su sexenio, Moreno Valle deja un sentimiento de desilusión más que de logros entre los ciudadanos poblanos, afirmaron a SinEmbargo, diputados de oposición y representantes de organizaciones civiles.
Coincidieron en que lejos de renovar el gobierno estatal, el político que llegó de la mano de una gran coalición electoral desmanteló la política social, utilizó la criminalización de activistas como recurso para acallar a las voces disidentes, promovió la opacidad de las finanzas públicas y generó una cultura de enriquecimiento para amigos y empresas foráneas.
Además de un discurso político fresco y esperanzador, Moreno Valle tenía otros ases para jugarse la gubernatura. Contaba con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), que en aquel entonces significaba tener la venía del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Asimismo, fue postulado por una coalición electoral que conjuntaba a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y Nueva Alianza (Panal), denominada “Compromiso por Puebla”.
Al paso del tiempo, el estado de Puebla se ha quedado lejos de las promesas de campaña de Moreno Valle como candidato.
Su gobierno se ha distinguido por la represión constante a activistas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de los poblanos.
“La criminalización es una marca del gobierno respecto a la forma de controlar toda disidencia que pueda existir en el Estado”, afirmó la Diputada federal Roxanna Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De hecho la legisladora federal tuvo que interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), responsabilizando al Gobernador por cualquier atentado contra su seguridad e integridad personal, por defender los derechos los poblanos.
Se calcula que aproximadamente 440 activistas poblanos han sido encarcelados por defender derechos humanos o por oponerse a las obras de infraestructura promovidas por Moreno Valle, sin tomar en cuenta la opinión de los pobladores.
“Él ha tenido la oportunidad de replantear su gobierno, sin embargo la soberbia y la falta de sensibilidad política no le ha permitido cambiar el rumbo del estado”, afirmó la legisladora federal.
Pero más allá de la represión social, Puebla tampoco ha generado condiciones para sacar a la entidad de los primeros lugares en pobreza a nivel nacional, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y solo ha construido “elefantes blancos”.
Lejos de modernizar el aeropuerto Hermanos Serdán y el de Tehuacán, implementar la Ciudad Verde del Balsequillo o crear una zona turística sustentable en Necaxa, necesidades reales de la gente, ha optado por la construcción de la Estrella de Puebla, la rueda de la fortuna más grande del país, el Parque Paseo del Teleférico y el Museo Internacional del Barroco, todas caras y poco funcionales.
OPACIDAD Y ESPIONAJE
Tampoco se avanzó en la promesa de elevar la posición de Puebla en el índice Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana.
Al ser el primer gobierno de alternancia en la entidad, la administración de Moreno Valle generó muchas expectativas con respeto a la opacidad y la corrupción generada en las administraciones priistas.
La organización internacional Artículo 19 evidenció la opacidad del gobierno morenovallista y su nulo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Los entrevistados por Sin Embargo señalaron que la opacidad posiblemente tiene que ver con las transferencias que hace el Gobierno de Puebla a varios proyectos, entre ellos el financiamiento a campañas electorales en otros estados del país.
Lejos de fomentar la transparencia, el Gobierno de Puebla es uno de los que ha gastado millones de dólares en la compra de servicios de espionaje.
Para los activistas y defensores de derechos humanos poblanos, la noticia confirma lo que es un secreto a voces: que el Gobernador Moreno Valle cuenta con el equipo y la infraestructura para espiar a propios y extraños.
“Nosotros como activistas poblanos ya teníamos conocimiento de que el Gobernador Moreno Valle había adquirido un sistema de espionaje de origen israelí, para espiar a todo aquel que se le antojara espiar al Gobernador”, dijo Misraim Hernández Fernández, defensor de derechos humanos e integrante del colectivo Contingente Puebla.
PROMESAS INCUMPLIDAS
El slogan de Moreno Valle durante su campaña electoral fue “Cumplo mis compromisos, o me voy”.
Con la firma de una serie de compromisos ante notario público y con la promesa de renunciar al tercer año si no los cumplía, Moreno Valle se ganó la confianza y generó la esperanza de los poblanos, y con ello inclinó la balanza a su favor.
Ya como Gobernador, y al acercarse el tercer año de gobierno de Rafael Moreno Valle, en enero de 2014, misteriosamente desapareció el compromiso por escrito firmado por el entonces candidato y avalado por el Notario Público René Mesa, según documentó el periodista Jesús Manuel Hernández.
Entre otras de las promesas desaparecidas, se encuentra la de presentar una iniciativa ante el Congreso local para crear una ley que permitiera a los diputados removerlo del gobierno y colocar a alguien que pudiera cumplir con el mandato mejor que él.
Como esa, la mayoría de las promesas de campaña de Rafael Moreno Valle se diluyeron en el tiempo.
“Moreno Valle llegó al gobierno gracias a una gran coalición de partidos políticos, una plataforma política electoral cuestionada porque ha desparecido y no se han cumplido muchos de sus compromisos ante notario público”, explicó la perredista Roxana Luna.
UN GOBIERNO DE PUEBLA SIN POBLANOS
Durante su campaña electoral, Rafael Moreno Valle cuestionó al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier López Zavala, por no ser poblano y por no entender las necesidades de la entidad, a pesar de que el delfín del entonces Gobernador Mario Marín tenía actividad política en el estado desde 1995 y se había desempeñado como secretario de Desarrollo Social.
“Y hoy, la mayoría de los funcionarios de la administración de Moreno Valle son foráneos”, ironizó la Diputada Roxanna Luna.
Los nombres no son pocos y algunos son conocidos dentro de los círculos políticos.
Facundo Rosas, segundo al mando en la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuyo titular era Genaro García Luna, presentó su renuncia a Moreno Valle, tras ser implicado en el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al renunciar, Rosas dejó sin respuestas los cuestionamientos sobre su presunta responsabilidad en la muerte de un menor en San Bernardino Chalchihuapan, tras ordenar el operativo de contención a los manifestantes con balas de goma.
Jesús Rodríguez Almeida, fue nombrado secretario de Seguridad Pública tras dejar una estela de cuestionamientos en el Gobierno del Distrito Federal de Miguel Ángel Mancera Espinosa, por la supuesta represión a activistas y manifestantes, así como por dudosos protocolos de seguridad en manifestaciones.
Otro caso es el del Diputado federal panista Maximiliano Cortázar Lara, jefe de comunicación en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y operador político de Calderón en la Cámara de Diputados, que solicitó licencia para incorporarse como director de Comunicación Social en el gobierno de Puebla.
“El gobierno de Moreno Valle prometió un cambio y hoy nos encontramos a Facundo Rosas, involucrado con la venta de combustible. Y hoy con el nombramiento de Rodríguez Almeida, que hay que recordar que salió de la Ciudad de México con varios señalamientos de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo la perredista Roxanna Luna.
Asimismo, la generación de negocios de infraestructura sólo ha beneficiado a empresas particulares de amigos del Gobernador, y compañías trasnacionales, “desplazando totalmente a los poblanos que venía trabajando con otras administraciones, que generaban empleos, y que hoy han sido desplazados por una política totalmente externa” dijo la Diputada Roxanna Luna.
