Uno de los hombres más buscados por la justicia mexicana en este momento, el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández, fue detenido por las autoridades en Texas con 67 mil dólares en efectivo y una escopeta, pero lo dejó ir porque tenía una visa adecuada.
A Villarreal lo buscan las autoridades federales mexicanas por ilícitos relacionados con la contratación ilegal de deuda que incluyó falsificación de documentos, pero ha librado la cárcel. Se le considera uno de los hombres más cercanos al ex presidente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
De acuerdo con testimonios y denuncias del Partido Acción Nacional, habría sido prestanombres de la familia Moreira, que hoy gobierna, ahora en manos de Rubén Moreira, esa entidad.
El noticieron KLTV de Texas informa que el pasado 1 de febrero un alguacil del Condado Smith detuvieron a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila junto con su esposa María Teresita Botello.
El alguacil del condado, Bobby Garmon, dijo que detuvo a la pareja en la autopista 31 oeste, en una parada de tráfico por no llevar la placa delantera.
Garmon revela que le pidió permiso al ex secretario revisar su vehículo y en la búsqueda encontró más de 67 mil dólares. Villarreal y Botello fueron llevados a la cárcel del Condado de Smith por cargos de lavado de dinero.
El 6 de febrero el Departamento del Estado ordenó su liberación luego de pagar una fianza de 20 mil dólares, pues llevaban una visa adecuada, a pesar de saber que las autoridades mexicanas los buscaban.
El representate republicano del 1er distrito de Texas, Louie Gohmert declara que dicha acción pone en evidencia las fallas del sistema de inmigración de Estados Unidos.
Gohmert declaró: «El Departamento de Estado dijo que la pareja entró en el país con una visa válida, así que tenemos que dejar que se queden hasta que la visa expire. Deberían haber sido deportados. Cuando se tiene a un delincuente de un país extranjero, los detienes y los mantienes hasta que los arreglos con el otro país queden satisfechos y así puedan ser transferidos a ese país, por medio de una orden judicial. La última cosa que hacer es liberarlos de nuevo en el país «.
El Republicano también mencionó que los miembros de aplicación de la ley de Texas con quien habló se sorprendieron y quedaron conmocionados por la petición del Departamento de Estado.
Gohmert declaró que la visa con la que ingresó el ex tesorero es del tipo EB-5, la cual permite al extranjero invertir 500 mil dólares o más para la creación de un negocio.
Las autoridades también informan que había dos niños dentro del vehículo y otro hombre con el nombre de Oswaldo Coronado.
(Con información de KLTV y KYTX)
Este mismo día la Procuraduría General de la República informó en un comunicado que un juez de Distrito dio orden de aprehensión a siete ex funcionarios públicos que participaron presuntamente en el desvío irregular de fondos del Gobierno del Estado de Coahuila, durante la administración de Humberto Moreira, entre ellos Javier Villarreal.
Los siete funcionarios avalaron los documentos falsificados por funcionarios en la Administración Moreira para obtener créditos por 3 mil 100 millones de pesos de los bancos Santander y del Bajío.
COMUNICADO ÍNTEGRO
La Procuraduría General de la República informa que en relación a la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación en septiembre de 2011, por créditos obtenidos presuntamente de manera irregular por ex funcionarios del Gobierno del Estado de Coahuila, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales dentro de la averiguación previa UEIDFF/FINM17/330/2011, obtuvo de un Juez de Distrito órdenes de aprehensión en contra de los ex servidores públicos siguientes:
1. Miguel Ramón Rodríguez Flores (Ex Titular de la Tesorería General del Estado de Coahuila).
2. Héctor Javier Villarreal Hernández (Ex Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila -SATEC-).
3. Sergio Ricardo Fuentes Flores (Ex Administrador General de Políticas Públicas del SATEC).
4. Juan Manuel Froto García (Ex Director General del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa del Estado de Coahuila).
5. Enrique Ledezma Sánchez (Ex Subadministrador de Políticas Públicas del SATEC).
6. Jaime René Jiménez Flores (Ex Director de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
7. Jorge López Alarcón (Ex Jefe de Departamento por Honorarios, adscrito a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Dichas órdenes se otorgaron por el delito previsto en el artículo 112, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, en grado de tentativa, considerado como grave.
El ejercicio de la acción penal en contra de los ex servidores públicos, se resolvió por su probable responsabilidad en la hipótesis relativa a: «las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de crédito, datos falsos sobre el monto de los activos de una entidad, si como consecuencia de ello resulta quebranto patrimonial para la institución».
Se han cumplimentado las correspondientes a Jaime René Jiménez Flores y a Jorge López Alarcón al ser señalados como cómplices, quienes se encuentran internados en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, a disposición del Juez de Distrito.
Los otros 5 probables responsables se encuentran prófugos de la acción de la justicia.
Cabe señalar que ex funcionarios del Gobierno del Estado de Coahuila presuntamente cometieron el delito al obtener un crédito de un mil millones de pesos ($1,000�000,000.00), al presentar en el banco del Bajío documentación falsa, consistente en un decreto donde supuestamente el H. Congreso del Estado de Coahuila autorizaba al Gobierno a endeudarse y que se afectaran en garantía de pago los ingresos de las participaciones federales.
El 16 de diciembre de 2010, se firmó el contrato de crédito simple y el 14 de febrero de 2011, ex servidores públicos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en complicidad con los ex funcionarios de Coahuila, usaron un sello falso y alteraron el contrato respectivo, asentando que el crédito había sido inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la SHCP, lo que originó que la institución bancaria liberara los recursos el 18 y 24 de febrero de 2011; con lo cual se puso en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal consistente en el patrimonio de la institución de crédito y en consecuencia su estabilidad.
Es importante puntualizar que las investigaciones continúan para dar cabal cumplimiento a la procuración de justicia, reiterando nuestro compromiso de actuar con estricto apego a la Ley.
