Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez de Sonora órdenes de aprehensión en contra de 22 trabajadoras de la Guardería ABC por el incendio en el que murieron 49 niños y más de 100 resultaron lesionados, ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, y al mismo tiempo reservó los expedientes del ex Gobernador de la entidad José Eduardo Robinson Bours Castelo y del ex Procurador Abel Murrieta Gutiérrez.
De acuerdo con información dada a conocer por Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del grupo de padres de los niños afectados que integran la agrupación "Manos Unidas por la Justicia", estas acciones se dan a partir del recurso interpuesto por la asociación.
Sin embargo, consideró que esta resolución es una “cortina de humo” por parte de la PGR para seguir encubriendo al ex Gobernador de ese estado José Eduardo Robinson Bours Castelo y los funcionarios de primer nivel de los gobiernos federal y estatal que estuvieron implicados en las irregularidades que permitieron que ocurriera la tragedia, pues los expedientes de todos ellos fueron reservados.
El representante calificó este acto como una injusticia, pues dijo, se pretende castigar a maestras, intendentes y a la directora de la estancia infantil, por lo que adelantó que continuarán en la exigencia de que declaren y sean procesados los funcionarios de alto nivel, así como los dueños de la Guardería ABC.
Estas órdenes en contra de los empleados de la estancia infantil, dio a conocer Alvarado Serrano, se emitieron desde el pasado 5 de agosto y dos días después fue notificado.
Entre los funcionarios que pretenden sean llevados a la justicia son el ex Secretario de Hacienda de Sonora, Ernesto Vargas Gaytán, los socios de la guardería Sandra Lucia Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez; así como el mencionado ex Gobernador Eduardo Bours Castelo.
En enero del año pasado, Delia Irene Botello, ex coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, quien realizó la última visita de supervisión a la Guardería abandonó el Cereso 1 de la capital de Sonora.
Irene Botello era la única funcionaria que estaba detenida por la tragedia. Desde entonces, los padres de las víctimas no ha cejado en su lucha por encontrar justicia.
Previamente, en el año 2012, Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado en Sonora del IMSS, obtuvo su libertad bajo fianza. En 2011, el ex coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) en la administración de Bours Castelo, Willebaldo Alatriste Candiani, libró la cárcel con el pago también de una garantía de 2.5 millones de pesos.
Candiani se amparó de la misma forma que un año antes otros ex servidores públicos, así como los dueños de la guardería lo hicieron: Gildardo Urquídes Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, María Fernanda Camou Guillot, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y Antonio Salido.
