Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló en diciembre del 2014 que las empresas multinacionales destinan hasta una tercera parte de sus utilidades en sobornos a funcionarios, sobre todo, para obtener contratos en el extranjero.
Casos como la filial en México de la española OHL y Grupo México en España lo ejemplifican.
Contrario a lo que pudiera pensarse, dice el análisis, el 43 por ciento de los sobornos es pagado a funcionarios públicos en países desarrollados, no sólo en países en desarrollo.
El análisis de los 427 casos encontró que seis de cada 10, el 57 por ciento, soborna para ganar licitaciones del sector público.
Dos tercios de los casos se concentraron en los sectores de la construcción, el transporte y el almacenamiento, la información y la comunicación.
"El hecho de que sólo dos de cada 427 casos dieron lugar a la inhabilitación demuestra que los países tienen que hacer más para garantizar que quienes son sancionados por haber sobornado a funcionarios públicos extranjeros sean suspendidos de la participación en la contratación nacional de contratación pública", concluyó en el informe.
OHL es una constructora española con una fuerte filial en México, que ha sido acusada de incurrir en prácticas ilegales para adquirir obra pública, y no sólo en este país sino en otras partes del mundo. Actualmente tiene contratos por miles de millones en los estados de la República y con el Gobierno central.
Por ejemplo, el 25 de febrero de 2003, durante la administración de Arturo Montiel Rojas, la Secretaría de Comunicaciones estatal otorgó a Concesionaria Mexiquense, de OHL, una concesión con plazo hasta 2033 para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del conjunto de autopistas que integran el Sistema Carretero del Oriente del Edomex, mejor conocido como Circuito Exterior Mexiquense.
Hasta el momento, la filial de la constructora no ha sido inhabilitada para obtener licitaciones luego de ser señalada de corrupción y sobornos tanto con el gobierno del Estado de México como con el federal: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad están embarradas.
En mayo comenzó la bomba. OHL –evidenció la primera serie de grabaciones– podría inflar los precios de un tramo de una autopista del Estado México, el Viaducto Bicentenario, a cambio de dar vacaciones en un hotel de su propiedad al entonces Secretario de Comunicaciones del gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México.
Pablo Walletin, el entonces director de Relaciones Públicas OHL México, acuerda con Gerardo Fernández, director jurídico OHL México, un supuesto pago a magistrados mexicanos, reveló a finales de mayo otro audio.
Hace unas horas, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que mientras OHL u otras empresas no estén inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), podrán participan en todas las licitaciones que realice la dependencia.
“Así es la legalidad y nosotros tenemos que respetarla; no estoy haciendo defensa sobre empresa alguna, sencillamente estoy diciendo que no soy yo la autoridad para decir quién puede o no participar” en licitaciones, afirmó el funcionario señalado por unos audios de beneficiarse con vacaciones a cambio de apoyar a la constructora para obtener licitaciones públicas.
En cuanto a la compañía del magnate y casi fantasma Germán Larrea, que también carga miles de sonorenses afectados por un derrame de tóxicos y cuatro muertos peruanos, una magistrada española decidió pausar la concesión, en asociación con Minorbis, para obtener la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar en Sevilla, España.
La autoridad española investiga prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.
En junio se supo que Grupo Magtel recibió de Grupo México alrededor de un millón de euros para que interviniera a su favor en el concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, informó El Mundo con base en la documentación del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla.
NECESARIO CONFISCAR PRODUCTOS DEL SOBORNO: OCDE
La OCDE enfatizó que es necesario no sólo imponer sanciones monetarias por el delito de soborno extranjero, también confiscar los instrumentos y productos del soborno (o bienes de valor equivalente).
Patrick Moulette, jefe de la división anti-corrupción de la OCDE, dijo a la agencia Reuters que la mayoría de las ocasiones los sobornos se hacen con el conocimiento de la dirección y eso, declaró, es sorprendente porque en la mayoría de los casos las sanciones por este acto se aplican a los empleados. "Tenemos que quitarnos la idea de que si se quiere hacer negocio en otro país tiene que haber sobornos", subrayó.
El soborno en el extranjero es ofrecer, prometer o conceder cualquier ventaja indebida financiera o de otro tipo, directamente o a través de intermediarios, a un funcionario público para obtener o mantener negocios, o para obtener una ventaja indebida en cualquier otro negocio.
Se trata de un delito complejo. No es de extrañar, por lo tanto, que la mayoría de los casos de soborno extranjero se llevan a cabo a través de un agente o intermediario, agrega el organismo.
