Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).— Pobladores de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en Lerma, Estado de México, que se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca (concesionada a una filial de Grupo Higa), acusaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no atendió su petición de medidas cautelares en los términos en que las habían solicitado, pese a “la gravedad y vulnerabilidad que vive actualmente nuestra comunidad”. Asimismo manifestaron su temor ante posibles agresiones, hostigamientos o intimidaciones a partir de que se venzan las medidas cautelares dictadas por el organismo de forma inmediata, que fueron emitidas por un plazo de 30 días.
El 15 de julio pasado, la CNDH sólo solicitó al Gobierno estatal que la policía estatal garantizara la integridad de los habitantes de San Francisco Xochicuautla.
Si bien inconformes con la medida emitida por la CNDH, los representantes de la comunidad dijeron que ésta al menos sirvió para detener las acciones de hostigamiento y agresiones que, acusaron, habían sufrido en semanas recientes, antes de que se publicara el decreto de expropiación de casi 39 hectáreas de sus terrenos comunales para la realización de la autopista.
No obstante, señalaron, ellos habían solicitado personalmente al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, que dictara medidas a fin de que se detuviera la obra y se retirara la maquinaria, así como el personal de la empresa, del Gobierno mexiquense y elementos de la policía estatal que, acusaron, han acompañado en todo momento a la empresa para realizar el proyecto carretero.
Mas su petición no fue atendida en sus términos por la CNDH, como se lee en el oficio V4/51612 del expediente CNDH/4/2015/1300/Q, emitido el 15 de julio por la Cuarta Visitaduría de la Comisión, en el que se solicitaron las medidas cautelares a la Secretaría General del Gobierno del Estado de México.
El documento, consultado por SinEmbargo, plantea que se emite una medida cautelar única para que “los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en esa entidad federativa o cualquier otra corporación de seguridad, se abstengan de causar actos que puedan afectar la integridad física o pongan en riesgo la vida de las personas indígenas y la de los defensores de derechos humanos que los representan”.
La medida era aplicable por un plazo de 30 días a partir de su aceptación.
Ante ello los representantes de la comunidad exigieron, en conferencia de prensa, que la CNDH “analice exhaustivamente la documentación y las pruebas presentadas para posteriormente emitir la recomendación necesaria para cancelar definitivamente y con carácter urgente el proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan”.
MEDIDA INSUFICIENTE
Desde 2007, cuando se concesionó la realización de la autopista a una filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, los pobladores de San Francisco Xochicuatla –localidad que será afectada por el trazo de la carretera– han rechazado la obra, por el daño ambiental que causaría, además de las afectaciones a su cultura, ya que la autopista pasaría por sitios que consideran sagrados.
En una entrevista previa con SinEmbargo, el vocero de la comunidad, José Luis Fernández Flores, explicó que desde que se enteraron del proyecto comenzaron a realizar asambleas con la población.
Pero a la par, el Gobierno estatal convirtió a la comunidad en una comunidad agraria, demeritando así su cualidad de comunidad indígena e imponiendo como autoridad a una asamblea de comuneros. Con ello, reconoció sólo a los comuneros como los dueños del territorio.
Sin embargo, dijo Fernández Flores, esa asamblea no representa a la comunidad en general, sino sólo a un 5 por ciento de ésta, mientras que un 70 por ciento de los pobladores se oponen al proyecto.
El grupo de comuneros comenzó a realizar también sus propias asambleas, calificadas por Fernández Flores como procesos “a modo”, pues se trata de un grupo favorable a la construcción de la autopista.
La conformación de la asamblea de comuneros marcó el inicio de actos de hostigamiento y represión, dijo el vocero de la comunidad, pues a sus reuniones asistían granaderos, quienes sitiaban las entradas a Xochicuautla, las calles principales y la entrada de acceso a la asamblea, además de que había personal del gobierno del estado y de la empresa, así como un Ministerio Público.
Fernández Flores dijo que la presencia policial fue considerado como un acto de intimidación a la población que se opone a la obra.
Los pobladores también han acusado actos de hostigamiento y de provocación, como la entrada de maquinaria de la empresa concesionaria a pesar de que hay una resolución judicial que anuló la resolución de la asamblea en la que los comuneros dieron su aval para la obra.
Otra forma de presión contra los opositores a la obra ha sido la criminalización. El 14 de mayo de 2013 fueron detenidas 14 personas que increparon la entrada de maquinaria a sus terrenos comunales. El 3 de noviembre de 2014, otros ocho opositores fueron detenidos.
Todos ellos ya fueron liberados y los procesos penales de ocho se mantienen abiertos, de acuerdo con Fernández Flores.
Poco antes de las segundas detenciones, en octubre de 2014, comenzó el derribo de árboles, de acuerdo con Fernández Flores. Estimó que de las 38 hectáreas de bosque que había, se han derribado unas 20 hectáreas. Agregó que también han sido destruidas cosechas.
El 7 de julio la policía nuevamente ingresó a la zona, para resguardar maquinaria pesada de la empresa constructora. Hubo enfrentamientos entre la población y los policías, y al final fueron derribadas cinco viviendas.
Fue a partir de este último hecho que los pobladores de Xochicuautla solicitaron a la CNDH la emisión de medidas cautelares. Sin embargo, la CNDH había conocido el caso desde el 9 de febrero, cuando pobladores de esa localidad presentaron cuatro quejas, lo que incluso motivó a la Comisión a enviar a dos visitadores adjuntos a la comunidad. La misma CNDH acreditó entonces la presencia de policías estatales en la comunidad, de acuerdo con el documento de la emisión de la medida cautelar.
En dicho documento, la CNDH también reconoce el riesgo de los pobladores de San Francisco Xochicuautla y sus defensores.
“… de la información con que se cuenta, se identificó que están en riesgo los derechos humanos a la vida e integridad física de los habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y de los defensores civiles de derechos humanos que los representan”, señala el oficio.
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el artículo 116 de su Reglamento Interno, para la emisión de las medidas cautelares no es necesario que las violaciones se acrediten previamente cuando éstas se consideran graves. El artículo 118 del Reglamento Interno señala que las medidas cautelares se solicitarán por un plazo de 30 días, “el cual podrá ser prorrogado por el tiempo que resulte necesario”.
Los representantes de la comunidad consideraron que, en apego a esta posibilidad, la CNDH debería no sólo emitir medidas cautelares en los términos solicitados, sino prolongarlas hasta que emitiera una recomendación al respecto.
Por ahora, les preocupa también el vencimiento de la medida precautoria dictada, pues temen que una vez cumplido el plazo de ésta se reanuden los actos de hostigamiento en contra de los pobladores. Por ello, anunció el vocero de la comunidad, mañana acudirán a la CNDH a conocer el avance de su queja.
SÍ A LA SUSPENSIÓN, NO A LA CONSULTA
En un principio los opositores a la obra reclamaron que no se hubiera realizado una consulta previa a la comunidad, a través de sus autoridades reconocidas; pero ahora,a dijo Fernández Flores, esa posibilidad ya no es viable. Lo que buscan ahora es que la obra se suspenda por completo.
Dos argumentos sustentan esa exigencia. Uno es la “ilegalidad” en la que, acusó, opera la empresa constructora, ya que existe un amparo del Tribunal Unitario Agrario que anuló la legalidad de una asamblea de 2011 en la que la comunidad supuestamente había avalado el proyecto.
No obstante, señaló Fernández Flores, eso no detuvo los trabajos por parte de la empresa constructora.
El otro argumento es que la consulta a la comunidad debió realizarse de forma previa al inicio de la obra, lo cual a estas alturas resultaría imposible dado que los trabajos de la autopista comenzaron desde 2007. Además, dijo, tampoco se garantizaría el principio de libertad de la consulta, debido a las acciones de intimidación y hostigamiento que ha ejercido la policía contra pobladores.
Fernández Flores refirió que desde 2007 buscaron acercamientos con el gobierno estatal y sólo tuvieron uno en 2009, pero no resultó fructífero. Con la actual administración, encabezada por el priista Eruviel Ávila Villegas, no han buscado un acercamiento, como tampoco lo han recibido.
“En estos momentos no tiene caso platicar, porque el proyecto no nos interesa, por la devastación ambiental, por las violaciones que se han generado, por muchas cosas. Nosotros el día que platiquemos con el gobierno es para que nos digan
‘Ese proyecto está cancelado’”, sentenció el vocero de la comunidad.
Fernández Flores agregó que por ahora mantienen otros dos amparos en proceso, sobre los cuales acusó “parcialidad” de los tribunales federales que los llevan, dada la dilación que han demostrado en procesarlos.
Además, señaló, en diciembre pasado presentaron ante la Procuraduría General de la República denuncias por el presunto despojo de tierras, la “tala indiscriminada” y diferentes violaciones contra la comunidad. hasta ahora no han tenido respuesta alguna de la instancia federal.
