Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– Los militares en México están creando y actuando bajo su propio manual del uso de la fuerza. Así lo demuestran la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición y homicidio de siete personas en Calera, Zacatecas, y la muerte de un menor en Aquila, Michoacán, señala un análisis de la organización InSight Crime.
La organización, dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe menciona que el caso Tlatlaya "ilustra cómo México ha ido más allá de la simple militarización de la guerra contra el narcotráfico".
"Recientemente, varios miembros de las fuerzas armadas (incluyendo un teniente coronel) fueron detenidos en Zacatecas [...] acusados de la ejecución extrajudicial de siete personas [...] Mientras tanto, en el estado en conflicto de Michoacán, varias personas han acusado en los militares de asesinar a un menor de edad", precisa la organización.
En el análisis titulado "Militares de México siguen sus propias reglas en la 'guerra contra las drogas'", el cual elabora Jesus Perez Caballero, InSight Crime refiere que la actuación de las fuerzas armadas en "varios incidentes registrados" plantea preguntas sobre cómo reaccionan en enfrentamientos con la población civil.
"Lo que México está viendo es a soldados crear y actuar sobre su propio manual para el uso adecuado de la fuerza", advierte.
Recuerda que los militares han sido desplegados en todo el país ante las deficiencias de la Policía Federal (PF) y que ha habido algunas llamadas desde dentro de las fuerzas armadas, principalmente del General Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "para que el gobierno haga un mejor trabajo supervisando tareas 'civiles' de los militares".
"Pero a su vez, la milicia también se ha presentado como un actor que sigue sus propias reglas. Reglas que son demasiado difíciles de supervisar para cualquiera fuera del Ejército, dadas las políticas opacas de México en lo que respecta al uso de la violencia", dice el reporte.
Indica que en Ostula "la presunta reacción desproporcionada de los militares puede tener algo que ver con el conflicto persistente entre los grupos de autodefensa y los Caballeros Templarios". Mientras que en Zacatecas y Tlatlaya, "se trata más de una cuestión en la que hay que determinar si hay algo sistemático detrás de las acciones de los militares".
"En términos judiciales, sería difícil reunir suficiente evidencia para demostrar que un crimen de derechos humanos tuvo lugar. Sin embargo, si se suman, todos estos incidentes son suficientes para plantear serias dudas sobre si estos episodios de fuerza excesiva, aparentemente sin relación alguna, tienen tienen algún tipo de conexión", dice la organización.
Insight Crime menciona que más allá de la cuestión judicial de probar si existe una práctica sistemática de abusos, el problema radica en saber cuál es el papel de los militares en la democracia de México. "Por lo general, este debate pone de relieve que los militares son algo así como la última opción para la población civil, dada la incompetencia de la Policía Federal".
"Sin embargo, podríamos tener un punto de vista diferente. La milicia en México se ha convertido en la poderosa institución autónoma que es hoy en día debido a la falta de controles que los propios militares ejercen sobre su propia agenda de seguridad", dice.
Y agrega:
"Sin duda que los mandos militares no son los que tomaron la decisión política de militarizar la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también es claro que el Ejército se ha convertido en la institución que marca la pauta en lo que respecta a la política de drogas en México. Esto ha dado lugar a resultados inesperados - como la creación de ciertos incentivos que terminan debilitando el Estado. Hay algunos otros ejemplos obvios de esto, incluyendo el debate sobre la limitación de los casos de derechos humanos a los tribunales militares".
El análisis destaca que un desafío que el país debe afrontar son las altas tasas de impunidad, con las cuales México podría ser incapaz de procesar casos como Tlatlaya con la velocidad y el escrutinio que las víctimas merecen.
"Sin instituciones como la polémica comisión anti-punidad de las Naciones Unidas en Guatemala, y sin unidades que investiguen a fondo los casos más problemáticos de la violencia, las instituciones de México no están equipadas para tratar los casos que involucran violencia sistemática", dice el reporte.
Indica que sólo una investigación más amplia podría revelar si existe realmente evidencia de los abusos cometidos en una escala más grande en México.
"Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que dentro de este conflicto [la guerra contra las drogas], las fuerzas de seguridad actuarán como si se estuvieron llevando a cabo una campaña de contrainsurgencia. Y mientras tanto, los poderes civiles - independientemente de su posición dentro del gobierno - siguen siendo incapaces de crear nuevos paradigmas para evitar la repetición de la violencia", dice InSight Crime.
