Ciudad de México, (SinEmbargo).– Ni le aseguró bienes ni detuvo a sus cómplices. En los 17 meses que lo tuvo detenido, el Ministerio Público de la Federación dictó cinco autos de formal prisión que tenía pendientes contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y sólo uno adicional contra alguien relacionado al presunto capo: Carlos Manuel Hoo Ramírez, “El Cóndor”, el hombre que lo acompañaba al momento de la reaprehensión en Mazatlán, el 22 de febrero de 2014.
Pero fuera de él, y desde marzo del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha consignado ante el Poder Judicial de la Federación a más personas directamente relacionadas con quien, dice la versión oficial, encabeza una de las organizaciones del narcotráfico más grandes y violentas no sólo de México, sino de todo el mundo.
De acuerdo con información de la Judicatura Federal, que publica la actividad de los juzgados, la última actuación derivada de las averiguaciones previas que pesan contra Guzmán Loera fue reportada el 7 de marzo de 2014, luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión a Hoo Ramírez, y sólo por su probable responsabilidad en la portación y posesión de las armas de fuego y los cartuchos con los que lo encontraron.
A Guzmán Loera, por su parte, los Juzgados Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México le dictaron, en los días posteriores a la reaprehensión, cuatro autos de formal prisión por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y uno más por delitos contra la salud. Los cargos, indica la información de la Judicatura, fueron fincados en las averiguaciones previas iniciadas con los números 50/2009, 206/2010, 65/2011, 65/2011 y 364/2012.
Ninguna de las acusaciones, se observa en los reportes de la actividad judicial, es por otros delitos que podría desprenderse de las actividades atribuidas al Cártel de Sinaloa, como el lavado de dinero o los homicidios. En ninguno de los reportes, además, se observa que el Ministerio Público Federal haya obtenido sentencias condenatorias por sus acusaciones.
Guzmán Loera, conocido como “El Chapo” y presuntamente jefe del Cártel de Sinaloa, se escapó el pasado sábado 11 de julio del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, prisión de máxima seguridad antes conocida como Almoloya. Había llegado ahí desde el sábado 22 de febrero de 2014, cuando fue reaprehendido por elementos de la Secretaría de la Marina que, con ayuda del Gobierno norteamericano, lo ubicaron en un edificio de suites en Mazatlán, Sinaloa. Trece años antes, en 2001, se había fugado ya de la cárcel también de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, para, en los años siguientes, convertirse en uno de los presuntos criminales más buscados del mundo.
La necesidad de que de la reaprehensión de “El Chapo” se convirtiera en el inicio de una investigación alrededor de la red que lo protegió durante dos sexenios, y sobre todo alrededor de sus recursos patrimoniales, fue planteada desde el año pasado por el investigador y académico Edgardo Buscaglia, uno de los principales expertos en materia de combate a la delincuencia organizada en el hemisferio.
“La captura de Guzmán es motivo no de celebración pero sí por lo menos de congratulación. Se atrapó a un capo, pero queremos que esa detención sea consecuente, impacte en los delitos económicos. En la medida en la que no lo haga, la detención será inútil para la sociedad. Será útil políticamente para la administración, pero no para la sociedad si no se abren esas líneas de investigación”, dijo Buscaglia a SinEmbargo en marzo de 2014.
“Si veo que lo mantienen acá sólo con una investigación en una carcelita y no se le desmantelan los activos patrimoniales que alimentan a los delitos de secuestros, extorsión, drogas y armas, voy a ser el primero en condenarlo”, agregó Buscaglia en la misma entrevista.
Otra instancia que sugirió una mayor investigación sobre la red empresarial probablemente vinculada con el cártel de Sinaloa fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que cinco días después del arresto en Mazatlán, emitió una alerta contra personas y negocios que, considera ese Gobierno, lavan en México dinero para la organización de “El Chapo”.
“Las autoridades mexicanas lograron una victoria mayúscula con la captura de ‘El Chapo’ Guzmán”, publicó un boletín del Departamento del Tesoro. “Basado en este éxito, la Oficina de Control de Activos Extranjeros continuará enfocándose en las finanzas y operaciones del cártel de Sinaloa y sus otros líderes, incluyendo [Juan José] Esparragoza Moreno”, agregó el texto, del 27 de febrero.
Ese día, el Tesoro publicó una lista con siete nombres de personas y de diez empresas presuntamente vinculadas con las actividades criminales del cártel de Sinaloa y con dos de sus jefes en particular, Guzmán Loera y Esparragoza Moreno, prófugo.
Entre las empresas enlistadas se encontraban seis instaladas en Colombia y otras cuatro en la zona Metropolitana de Guadalajara: Agrícola y Ganadera Cuemir y cooperativa Aveztruz Cuemir, en Tlajomulco de Zúñiga; y las casas de empeño Prenda Todo y Presta Fácil, ambas en la capital jalisciense.
Fuentes de la PGR confirmaron en diciembre a SinEmbargo que el Gobierno mexicano no había iniciado investigación alguna derivada de la alerta del Gobierno norteamericano y, en un recorrido por algunos de los negocios, este medio confirmó que, al menos las casas de cambio, continuaban operando. Una de ellas, solamente, cambió el nombre de “Prenda todo” por el de “Fortaleza”.
Consultado con respecto, Buscaglia consideró que la corrupción podía ser el único motivo por el que el Gobierno federal no hubiera ampliado su investigación.
“Sólo se puede concluir que el actual Gobierno federal mexicano forma parte activa y no sólo omisa de un pacto político de impunidad que va del ámbito federal al municipal”, dijo Buscaglia.
