La verdad siempre sale a la luz, dice el refrán. Es una frase equivocada y cursi. Es odiosa. Y, sin embargo, resuena en mi cabeza tras leer el reportaje de Tim Golden publicado hace unos días por el New York Times y ProPublica. El reportaje se titula “The Cienfuegos affair: Inside the case that upended the drug war in Mexico” y es de acceso público.[1]

El artículo de Golden es muchas cosas, pero, sobre todo, es el trabajo periodístico que mejor ha documentado la trama Cienfuegos. En la mejor tradición del periodismo de investigación, el texto está basado en decenas de entrevistas con funcionarios públicos y documentos hasta ahora desclasificados. Es un trabajo excepcional.

Presenta, insisto, no solo una perspectiva amplia del significado del caso Cienfuegos para la relación México-Estados Unidos, sino también una serie de hallazgos hasta ahora desconocidos sobre la investigación, detención y posterior liberación del ex secretario de defensa. ¿Cuáles son estos nuevos descubrimientos? Aquí una primera lectura.

El primero tiene que ver con el origen del affaire Cienfuegos que se remonta a 2009 y a un nombre: Timothy Beck, agente especial de la DEA en Las Vegas, Nevada. Por aquel entonces, Beck y su equipo intentaban desarticular una red de producción, comercio y distribución de metanfetamina ligada a los hermanos Beltrán Leyva basada en Nayarit, pero con tentáculos en Las Vegas. La indagación de Beck continuó aun después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva y de que su dominio en aquel estado fuera heredado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el famoso H-2, el narcotraficante con el cual Cienfuegos habría entrado en comunicación poco después.

El segundo hallazgo de Golden gravita en torno a la forma en que los fiscales del Distrito Este de Nueva York “compraron” la investigación de Beck como un macro caso de corrupción institucionalizada en México. Durante mucho tiempo las pistas de Beck sobre el H-2 y sus vínculos con autoridades de Nayarit fueron ninguneadas por el fiscal estatal de Nevada, así como por la unidad antinarcóticos del Departamento de Justicia. En 2015, sin embargo, un fiscal adjunto del Distrito Este llamado Michael Robotti autorizó la intercepción por parte de la DEA de la red de teléfonos BlackBerry de H-2. Como ya es de conocimiento público a partir del informe que la Cancillería de México publicó en 2020, los investigadores de la DEA interceptaron, entre 2015 y 2017, 58 comunicaciones distintas entre el H-2 y su subalterno Daniel Silva Gárate (H-9). Tales mensajes supuestamente demostraban la protección de sus actividades criminales por Cienfuegos a cambio de dinero.[2]

Un tercer hallazgo del artículo tiene que ver con la participación del ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, como fuente de información del caso. Según pudo constatar Golden a partir de un resumen de más de cien horas de interrogatorios a las que fue sometido el ahora preso en Estados Unidos por cargos de corrupción, Veytia habría confirmado la relación entre el H-2 y Cienfuegos y sugerido que el general secretario ordenó el asesinato del narcotraficante en febrero de 2017.

Fuera de las declaraciones de Veytia —personaje con todos los incentivos para implicar a otros funcionarios de mayor jerarquía para reducir su pena carcelaria en Estados Unidos— no hay en el artículo nuevas pistas que refuercen la tesis de la culpabilidad de Cienfuegos. En más de un sentido, la investigación de Golden confirma la poquísima evidencia con la cual éste fue detenido en Estados Unidos. Nada nuevo en ese frente.

El artículo del New York Times y ProPublica es rico en entender los entresijos de una investigación de este calado. Así, por ejemplo, muestra cómo los fiscales de Nueva York convencieron al antiguo fiscal general William P. Barr de llevar el caso de Cienfuegos ante un Gran Jurado en 2019 y cómo el exembajador Christian Landau desaconsejó activamente la detención de Cienfuegos. En una de las partes mejor documentadas del texto se expone cómo la negativa de López Obrador a continuar la cooperación de la DEA con la Marina terminó por convencer al jefe de la DEA en México de integrar una lista de 35 servidores públicos potenciales a ser investigados judicialmente en Estados Unidos. En la lista estaba Cienfuegos.

La investigación de Golden también muestra que tanto el Departamento de Estado como el Pentágono ignoraban que Cienfuegos iba a ser detenido la tarde del 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles. En más de un sentido, el artículo es un retrato de la fragmentación de la política exterior de Estados Unidos.

Por último, la publicación del Times narra con detalle el enojo del canciller Ebrard con el Embajador Landau una vez que se confirmó la detención de Cienfuegos. Furioso (o pretendidamente furioso) Ebrard dejó entrever que la presencia de la DEA en México estaba en riesgo y que cualquier base de confianza en la relación bilateral estaba destruida. La reacción de Ebrard y del resto del gobierno federal sorprendió a los estadounidenses quienes, acaso inocentemente, calculaban que la respuesta gubernamental no sería muy distinta a la que se tuvo tras la detención de Genaro García Luna en diciembre de 2019: de complacencia. No fue así.

La reacción mexicana obligó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a recular. William Barr entendió —quizás con acierto— que el proceso judicial de Cienfuegos en Nueva York se detenía con alfileres y que arriesgar los esfuerzos de cooperación antinarcóticos en el caso era un suicidio diplomático. Acaso demasiado tarde comprendió que las mejores pruebas que tenían los fiscales de Nueva York sobre la culpabilidad del ex general secretario se reducían a las declaraciones de un funcionario acusado de corrupción (Veytia) y a una serie de mensajes entre dos personas muertas. Barr no dobló la apuesta.

Así comenzó la negociación para traer de vuelta al general Cienfuegos a México; tema de mi columna de la siguiente semana.

[1] Disponible en: https://www.nytimes.com/2022/12/08/magazine/mexico-general-cienfuegos.html

[2] Mi interpretación sobre la investigación de la DEA puede leerse aquí: Carlos A. Pérez Ricart, “El expediente Cienfuegos”, Programa para el Estudio de la Violencia del CIDE, 27 de enero de 2021. Disponible en: https://www.cide.edu/pev/2021/01/27/el-expediente-cienfuegos/

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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