El estallido social en Chile, en el marco de la crisis más importante desde el retorno a la democracia en 1990, ha hecho de la reforma del sistema de pensiones una de sus máximas reivindicaciones, que ya llevaba años siendo motivo de debate.
Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- Carmen Aránguiz tiene 71 años y está buscando trabajo. Aunque se jubiló en 2010, su pensión es tan baja que sigue alternando labores esporádicas para aumentar sus ingresos. Como ella, miles de pensionados chilenos viven una vejez lejos de la soñada, fruto de un sistema previsional muy criticado.
El mes pasado, la pensión promedia pagada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las empresas privadas que gestionan las pensiones de los chilenos, fue de 221 dólares para las mujeres y de 384 dólares para los hombres.
“Tengo que abonar cada mes el agua, la luz, el gas, la alimentación, el combustible… Y lo que cobro no alcanza para todo esto”, dijo a Efe Aránguiz, que percibe unos 258 dólares mensuales.
Tras más de 20 años cotizando como asistente y docente de un centro educativo de Peñalolén, municipio periférico de Santiago, esta activa anciana ya lleva casi una década alternando trabajos de cuidado de niños en sus supuestos “años dorados”.
Con las protestas que han copado las calles de la capital chilena desde el pasado 18 de octubre, Aránguiz perdió parte de sus ingresos y ahora espera que en marzo, con el inicio de un nuevo curso en el país, le vuelva a sonar el teléfono.
El estallido social en Chile, en el marco de la crisis más importante desde el retorno a la democracia en 1990, ha hecho de la reforma del sistema de pensiones una de sus máximas reivindicaciones, que ya llevaba años siendo motivo de debate.
UN MODELO CUESTIONADO
Cualquier trabajador en Chile está obligado a aportar un 10 por ciento mensual de su sueldo a un fondo de pensiones personal, de ahorro individual, del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por una de las siete AFP.
Dichas empresas privadas invierten en el mercado de capitales para rentabilizar sus fondos, con los que obtienen unos beneficios millonarios: entre enero y septiembre de este año, sus utilidades sumaron 511 millones de dólares.
La participación del Estado en este modelo es a través del llamado Pilar Solidario, un aporte complementario para las personas que no han podido acceder a una pensión y las que reciben jubilaciones más bajas.
Aun así, ocho de cada 10 nuevos pensionados en Chile ni siquiera logra autofinanciarse una pensión superior a la línea de la pobreza, según un informe de la Fundación Sol.
El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, aseguró a Efe que “el foco sobre las empresas administradoras de pensiones ha estado equivocado, tiene que estar en mejorar las pensiones”.
Según Larraín, para aumentar las retribuciones “hay que elevar las tasas de ahorro, subir la edad de jubilación y el número de trabajadores que cotizan”.
Ante el debate sobre una posible distribución de los beneficios de las AFP entre los cotizantes, subrayó que “no solucionaría el problema” porque “solo subirían unos 12 dólares mensuales por persona”.
“Seamos claros y responsables: el eslógan que debiera motivarnos es ‘Mejores pensiones’ y no ‘No+AFP'”, aseveró el directivo, que apuntó que “el Ejecutivo no quiso hacer cambios cuando era oportuno” y que “todavía queda mucho margen de maniobra”.
El pasado 4 de diciembre, el Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que supondrá un aumento gradual de los aportes estatales a las pensiones más bajas en hasta un 50 por ciento, que beneficiará a cerca de un millón 600 mil jubilados.
Para el economista de la Fundación Sol Marco Kremerman, la reforma es “absolutamente insuficiente” ya que “solo es un parche que da un respiro a los pensionados no contributivos”.
El experto afirmó que el sistema de cuentas individuales “ha fracasado” porque “no ha garantizado unas pensiones dignas para los chilenos”, por lo que abogó por un sistema de reparto total, de seguridad social, y no de cuentas individuales.
EL ESPEJISMO DE LOS “AÑOS DORADOS”
Cecilia Parraguirre, que está a punto de cumplir 68 años, trabaja 45 horas a la semana en la central telefónica de un hospital del centro de Santiago.
Cuando se retiró hace siete años, se sorprendió con la cifra de su pensión: 170 mil pesos (220 dólares) frente a los 550 mil pesos (714 dólares) que ganaba como vendedora de seguros, es decir, una tasa de reemplazo del 31 por ciento.
“Tenía la ilusión de que al tener una buena cantidad de dinero acumulada, mi jubilación sería decente”, declaró a Efe Parraguirre.
Sin embargo, su retiro dorado fue un espejismo, ya que se tuvo que endeudar por motivos de salud y tampoco pudo hacer frente al costo de los estudios universitarios de sus dos hijas.
“La salud no me va a permitir seguir trabajando. No sé qué voy a hacer entonces… ¿comer menos?”, se lamentó Parraguirre.
Igual que ella, Aránguiz también se imaginaba vivir sus últimos años de forma muy distinta: “Nunca pensé que estaría trabajando. Me imaginaba rodeada de mis nietas y amistades, haciendo de voluntaria en algún sitio en el que pudiera ayudar”.
“Siempre he dicho que voy a trabajar hasta que no pueda más, luego a lo mejor tendré que recurrir a la familia, pero quiero ser fuerte y digna hasta el final”, concluyó.
