Hace un año se abrió toda una discusión sobre la realidad de las trabajadoras del hogar en México: primero vino una película que repercutió de manera importante y luego, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoció a ese gremio (casi en su totalidad conformado por mujeres) como sujetos de seguridad social. Ahora, el Gobierno aplaude el resultado, mientras que las trabajadoras auguran crisis.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– A un año de la puesta en marcha del Plan Piloto para afiliar a trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solo 0.4 por ciento del total están ya dentro del sistema. De acuerdo con los datos oficiales, sólo 11 mil 947 trabajadoras se afiliaron, de un total de 2.4 millones que hay en territorio nacional.
Aunque el pasado jueves, en Palacio Nacional, tanto el Presidente como miembros de su Gabinete señalaron que la cifra era un éxito, de acuerdo con especialistas la afiliación a la seguridad social se ha reflejado en despidos o en la reducción de sueldos, por lo que el objetivo de mejorar las condiciones de ese gremio, en su mayoría conformado por mujeres, no se está logrando.
El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) indica que 4 de cada 5 –esto es, un 81 por ciento– de las trabajadoras encuestadas en un estudio se emplean en el trabajo doméstico por necesidades económicas y por factores asociados a la marginación y la pobreza.
El 99.2 por ciento de las trabajadoras del hogar en México carece de un contrato laboral que las respalde, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según esa información, un 98.3 por ciento no puede acceder a instituciones de salud; el 41.3 por ciento de estas trabajadoras percibe al mes entre uno y dos salarios mínimos, cantidad que en México se fijaba en 88.36 pesos diarios en 2018 y el 71.3 ciento de las personas trabajadoras del hogar no obtiene acceso a ninguna prestación.
Mientras que el 82.3 por ciento de los empleadores cuenta con trabajos formales y de calidad.
Esa es la lista de datos que describe a las trabajadoras del hogar en México, aunque hay otros elementos que recrudecen la realidad de estas mujeres con tan solo cambiar de entidad.
Con la puesta en marcha del fallo de la SCJN, representantes de las trabajadoras dijeron a SinEmbargo que el temor era que el logro se quedara en papel. A un año de distancia, observan prisa y poca evaluación de los efectos.
CONSECUENCIAS DEL PLAN PILOTO
Ana Farías Calderón, Directora de Parvada, Estrategias Comunitarias A.C., comentó en entrevista el hecho de que solo 11 mil 947 trabajadoras estén afiliadas es una cifra muy baja.
En Jalisco, lugar en el que se ubica Parvada y su punto de estudio, dijo que prácticamente ninguna ha tenido acceso al seguro social y lo que sí están registrando son despido por parte de empleadores por temor a que su trabajadora pida la afiliación o por el “trabajo” que representa hacerlo.
“En una falla del IMSS, que no ha socializado suficientemente lo del programa entre las empleadoras, entonces muchas temen desde la etapa piloto y prefieren deslindarse de la responsabilidad y despedir a las trabajadoras. Hay algunas trabajadoras que no lo piden pero las empleadoras se enteran de que eso es la realidad y lo hacen de forma preventiva”, explicó.
Agregó casos en los que las trabajadoras les preguntan a sus empleadoras y les dicen de esa posibilidad y entonces la respuesta es que no se les puede otorgar eso o que lo harán pero que lo descontarán del sueldo, lo que es un golpe significativo a un salario que ya de por sí es bajo.
“En el piloto al menos, la carga es para la trabajadora y si tiene múltiples empleadoras es ella la que tiene que recabar los montos. Si tienes tres empleadoras y dos dan y otra no, debe poner el restante o se queda sin seguro. En ese sentido esa parte si es problemática y cuando no cuentan con el apoyo de la empleadora, son ellas las que tienen que hacer los pagos al banco y es un problema porque si viven en la periferia, ir a los bancos no les queda cerca. Entonces dadas las condiciones en las que viven se les dificulta hacer los pagos”, señaló Farías Calderón.
Eso se convierte, añadió, en una carga más, es como si le costara a la trabajadora que se le dé esta prestación, “en otro tipo de trabajo es el patrón el que paga las cuotas mes a mes y en este caso no es así, al menos para el piloto. Entonces es raro que sea la empleada quien asuma este costo, al menos logístico de planeación”.
Para la economista Eva Arceo-Gómez, la política es necesaria y justa, sobre todo cuando se trata de personas que trabajan en condiciones “casi humillantes dentro de casas”, sin ninguna protección social, en ocasiones mal pagado y con jornadas de hasta 18 horas al día, sin embargo señaló que el programa piloto podrá ayudar si hay espacio para la evaluación.
“Muchas personas por ejemplo piensan en que por inscribirlas les tienen que bajar el sueldo. Y si se ve como una erogación, es una suma fuerte. Pudieron crear un modelo con más esquemas a partir de cómo reacciona la gente, porque en este tiempo lo que vimos fueron despidos por no poder pagar lo de sus trabajadoras y evitar multas. Todo esto, las consecuencias no previstas por la política pública, es justo que se revisen ahorita, antes de que canten con bombo y platillo que esto ha funcionado muy bien”, comentó.
Sobre la cantidad de trabajadoras afiliadas no se dijo sorprendida, ya que no es un asunto único del sector del trabajo doméstico, sino de muchos tipos de empleo en los que no hay derechos básicos, “es un problema estructural del país, atajarlo en este sector era muy necesario pero no respondes a la problemática del país: no se facilita que los empleadores logren ver los beneficios de esto y de por qué se les deben dar derechos a los trabajadores […] No pensaría que es un triunfo, será obligatorio el otro año y quiero ver cómo lo harán valer si no pueden hacer valer la Ley Federal del Trabajo”.
Ana Farías coincidió en que el diseño del programa piloto de afiliación luce “hecho al vapor” e instó al IMSS a ser más sensible, “dado que el cuidado es un derecho que no se garantiza por lo general en este país, y se ve en el recorte a estancias infantiles, en la cuota tripartita tendría que haber un subsidio para del Estado”.
La directora de Parvada finalizó con la suma de otro agravante, que al mismo tiempo es un avance: “esta semana se votará el salario mínimo profesional de las trabajadoras, que está en 248 pesos con 66 centavos, que es más de lo que gana el 80 por ciento de las trabajadoras en Jalisco. Si se aumenta ese salario, más las cuotas obrero-patronales del IMSS, puede haber una crisis.
A las trabajadoras las sentimos un poco temerosas y algo dispuestas a ceder este derecho de afiliación con tal de que no les bajen el sueldo. El Estado tendría que ser más activo en la cuota obrero-patronal, porque si no puede ser un desastre potencial”.
PERSISTEN PROBLEMÁTICAS
Desde la frontera y como trabajadora activa, Diana Carmona, de Tijuana, Baja California, criticó fuertemente el programa piloto y consideró que hay avances pero que en definitiva no son suficientes, que las más de 11 mil afiliadas al IMSS no son un avance significativo y que los problemas que aquejan a las trabajadoras del hogar persisten
“No se atiende el problema de raíz, solo se regula. Al regalarnos nos controlarán y eso es lo que están tratando de hacer, al querer aparentar que únicamente con el seguro social serán resuelta la deuda que se tiene con las trabajadoras del hogar, que es el segundo oficio más antiguo y más discriminado. El problema es el clasismo, es la vulnerabilidad a la que estamos expuestas día a día, en todos los espacios, a ser violentadas por el simple hecho de ser mujeres y ser trabajadora del hogar en un país feminicida”, comentó en entrevista con SinEmbargo.
Dijo que continúan las amenazas, el acoso, abuso sexual, violación y feminicidio en los centros de trabajo, así como la discriminación por parte de los empleadores. Y si persisten es porque no se sancionan.
“Necesitamos sanciones tajantes ante el abuso, acoso, violación y feminicidio en los espacios de trabajo, que por ser privados impide saber las condiciones reales de las mujeres que trabajan de planta (vivir y trabajar en el mismo lugar). Ahí sabemos de casos de extrema violencia”.
Sobre el programa piloto señaló que al menos en Tijuana, la información de que las trabajadoras del hogar tienen derechos resulta incómoda, en redes la borran, en radio se burlan y usan palabras respectivas.
“Al menos en esta frontera el programa piloto no ha funcionado […] No es accesible a todas, no consideran guarderías, la jubilación. Otras no lo dicen por temor a ser despedidas y porque siempre habrá una mujer más vulnerable que aceptará un trabajo mal pagado por hambre. Veo que no se le está dando la difusión necesaria y no se están dando los derechos necesarios para poder decir que somos iguales”, señaló.
